En una nueva acción en defensa de la biodiversidad marina, la Armada de Colombia interceptó una embarcación de bandera ecuatoriana que se encontraba realizando pesca ilegal y transportando combustible de contrabando en aguas cercanas a la Isla Malpelo, uno de los ecosistemas más frágiles del Pacífico colombiano.
Gracias al patrullaje constante de la Institución Naval, se logró ubicar a 72 millas náuticas del santuario natural una motonave sospechosa, identificada como Matías II, que había zarpado desde Puerto Esmeralda (Ecuador). Al interior de la embarcación viajaban tres hombres que, al momento de la inspección, tenían en su poder 389 kilogramos de pez dorado, un tiburón tollo de 10 kilos y varias especies vivas de alto valor ecológico.
En una acción inmediata y bajo protocolos de protección ambiental, los uniformados lograron liberar con vida a cinco rayas y tres tortugas marinas, atrapadas durante la faena ilegal de pesca en un área de especial protección ambiental declarada por Colombia.
Además de la fauna extraída sin permiso, la motonave transportaba 216 galones de gasolina distribuidos en 12 canecas plásticas, combustible que presuntamente sería utilizado para prolongar la estadía en zona de pesca o incluso para actividades de tráfico ilícito.
Los tres ciudadanos ecuatorianos fueron trasladados a la Estación de Guardacostas de Buenaventura, donde fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales por presunta violación al artículo 328C del Código Penal colombiano, que sanciona la extracción ilegal de recursos naturales.
El cargamento decomisado fue entregado a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), que certificó la falta de permisos y garantizará la disposición adecuada de la mercancía incautada.
Este nuevo caso evidencia cómo las actividades ilícitas en el mar no solo violan la legislación colombiana, sino que amenazan gravemente la conservación de especies marinas, muchas de ellas en riesgo de extinción.
Expertos señalan que la pesca ilegal, además de generar desequilibrios ecológicos, puede comprometer la salud pública, ya que los productos extraídos no cumplen con los mínimos sanitarios exigidos para su transporte y consumo.
