La Economía Popular, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026: “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, sigue siendo más un discurso que una política concreta. Aunque no es un concepto nuevo, su ejecución ha sido lenta y su impacto marginal, a pesar de su potencial para combatir la informalidad laboral que aqueja al país.
Históricamente, la economía popular ha sido una respuesta de los sectores excluidos frente a la concentración de riqueza del capitalismo salvaje y las fallidas promesas de modelos socialistas o comunistas, que en la práctica no se reflejan en las relaciones de producción. La falta de empleo se ha agravado con el avance imparable de la automatización y la robótica, que han desplazado tanto a trabajadores calificados como no calificados.
El cambio era previsible, pero llegó antes de que la mayoría de trabajadores pudiera adaptarse. Hoy, el impacto es evidente: desempleo, hambre y pobreza. La modernización tecnológica reduce la necesidad de mano de obra humana, y quienes aún conservan sus empleos deben adquirir habilidades cada vez más técnicas, mientras otros son relegados a trabajos mal remunerados o simplemente excluidos del sistema productivo. La rentabilidad de las empresas aumenta, pero a costa del bienestar de miles de familias.
Según el DANE, al cierre de marzo de 2025 la tasa de informalidad laboral en Colombia fue del 57,7%. De los 23,7 millones de trabajadores del país, 13,6 millones son informales. Es decir, 6 de cada 10 empleos están por fuera de la legalidad laboral. Ciudades como Sincelejo (68,9%), Riohacha (64,8%), Valledupar (64,4%), y Popayán (62,5%), encabezan la lista de mayor informalidad. En contraste, Manizales y Pereira reportan cifras por debajo del 40%.
Estudios independientes, como el realizado por la Alianza 4U (EAFIT, CESA, Uninorte e ICESI), evidencian discrepancias con las cifras oficiales. Por ejemplo, en Medellín, la informalidad alcanzaría un 45,5%, según el análisis basado en trayectorias laborales informales de más de 20 años. (Ver estudio)
Varios gobiernos han intentado avanzar en esta materia: Ernesto Samper, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y ahora Gustavo Petro. Sin embargo, los esfuerzos han sido insuficientes. Parte del problema recae en instituciones como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, su Dirección de MiPymes, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Economía Popular, el DNP, el Fondo Nacional de Garantías (FNG) y la Unidad para las Víctimas, entidades muchas veces acusadas de burocratismo, ineficiencia y falta de articulación.
La clave está en políticas públicas locales concretas. Un ejemplo es la Alcaldía de Yahir Acuña Cardales en Sincelejo, que ha comenzado a implementar programas de formación, análisis psicosocial, inclusión económica y apoyo institucional para integrar a los trabajadores informales a la economía productiva.
El SENA, las universidades públicas y privadas, deben redoblar esfuerzos para impulsar el autoempleo, la economía circular, la asociatividad, la reindustrialización y los micronegocios. Estas unidades económicas familiares o de pequeña escala son la base de una economía popular fuerte y sostenible.
El tiempo corre. El actual mandato presidencial se acerca a su recta final, y la Economía Popular, lejos de consolidarse como política transformadora, sigue sin una implementación real que impacte los territorios más vulnerables.
Es hora de pasar del discurso a la acción. Los sectores populares del país no pueden seguir esperando lo que el Estado les ha negado por décadas.
