El Juzgado 58 Administrativo de Bogotá ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) restablecer de manera inmediata e integral las medidas de protección que habían sido retiradas al precandidato presidencial Abelardo De La Espriella, al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad personal.
La decisión se produce tras la acción de tutela presentada por la defensa del jurista quien denunció la reducción injustificada de su esquema de protección a comienzos de septiembre, hecho que la UNP había negado públicamente. Sin embargo, el fallo judicial confirmó que sí se produjo un debilitamiento de las medidas y calificó esta decisión como una “inminente vulneración de derechos fundamentales”.
En su decisión, el juzgado reconoció que la condición de precandidato presidencial expone a De La Espriella a riesgos extraordinarios, por lo que ordenó a la UNP reincorporar cuatro hombres de protección y un chaleco blindado, conforme a lo establecido en la Resolución 515 del 1 de febrero de 2022.
“El contexto político actual exige la máxima prevención frente a eventuales atentados contra la vida de quienes participan en el debate democrático”, señala el fallo, subrayando que la reducción del esquema fue una medida contraria a los estándares de protección del Estado colombiano.
La tutela fue respaldada por pruebas contundentes que acreditan el nivel de amenaza al que está expuesto el líder de “Defensores de la Patria”, entre ellas:
- Comunicaciones oficiales que advierten sobre ofrecimientos de hasta 8 millones de dólares por atentar contra su vida.
- Amenazas directas dirigidas a su esposa y núcleo familiar.
- El riesgo inherente a su inscripción formal como precandidato presidencial ante la Registraduría Nacional.
- El antecedente del asesinato del también precandidato Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025.
La decisión judicial deja al descubierto la contradicción entre la versión oficial de la UNP y la realidad comprobada por la justicia. En septiembre, la entidad había asegurado que el esquema de protección de De La Espriella permanecía “robusto” y “sin modificaciones”, calificando sus denuncias de infundadas. No obstante, el fallo del Juzgado 58 Administrativo concluyó que sí hubo una reducción y ordenó restablecer de inmediato todas las medidas retiradas.
El abogado Germán Calderón España, representante legal del precandidato presidencial, destacó que el siguiente paso será que la justicia decida si extiende la protección a su núcleo familiar, dada la gravedad de las amenazas recibidas.
La decisión representa una victoria jurídica significativa para Abelardo De La Espriella y un mensaje claro sobre la responsabilidad del Estado de garantizar la vida y la seguridad de quienes ejercen su derecho a participar en la contienda electoral.
