La Fiscalía General de la Nación anunció una acusación formal contra Norah Lourdes del Carmen Jiménez Méndez, exmagistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar, señalada de haber dictado ocho fallos de tutela presuntamente irregulares con los que se habrían beneficiado 407 trabajadores de Ecopetrol, generando un detrimento patrimonial superior a $3.217 millones.
De acuerdo con el ente acusador, la exfuncionaria deberá responder como presunta responsable de los delitos de prevaricato por acción en concurso heterogéneo y sucesivo, y peculado por apropiación en concurso homogéneo, en uno de los procesos judiciales más delicados que enfrenta la justicia administrativa en los últimos años.
La investigación detalla que entre el 7 de mayo y el 30 de julio de 2010, Jiménez Méndez, en ejercicio de sus funciones judiciales, emitió ocho tutelas en las que habría reconocido factores salariales indebidos a trabajadores que no cumplían con los requisitos legales para acceder a reajustes o pagos complementarios por su relación laboral con la estatal petrolera.
Como resultado de esas decisiones, Ecopetrol tuvo que desembolsar más de $3.217 millones, recursos que, según la Fiscalía, se habrían entregado sin sustento legal alguno.
Los elementos probatorios recopilados por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia señalan que las decisiones adoptadas por la exmagistrada desconocieron principios fundamentales que rigen las acciones constitucionales, como la inmediatez, la subsidiariedad y la cosa juzgada.
Además, los fallos ignoraron los pronunciamientos de los jueces de primera instancia, quienes previamente habían negado el amparo solicitado por los trabajadores, respaldados en una decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 31 de marzo de 2004.
