Para el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el fallo absolutorio al expresidente Álvaro Uribe Vélez, proferido en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá este miércoles 21 de octubre y que dejó sin efecto los cargos por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, repite la historia y contradice a la Corte Suprema de Justicia, al desestimar la prueba aportada de la interceptación telefónica en la que aparece la voz de Uribe hablando de sobornos. Prueba que ahora, en la segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá descalificó considerándola no como una prueba dentro del proceso contra el exmandatario, sino como una llamada telefónica donde Uribe trataba asuntos de su “intimidad”.
“Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia”, afirmó el presidente Petro, añadiendo que “…es la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en el país”.
Pero de los magistrados que el Presidente ha catalogado como herederos de “El Cartel de la Toga”, solo uno —y fue una mujer, la magistrada Leonor Oviedo— se apartó de la decisión de sus otros dos compañeros de Tribunal para decir que a Uribe había que declararlo culpable y condenarlo por ser el determinador del soborno que se configuró cuando su abogado, Diego Cadena —hoy condenado—, intentó influir en el testimonio del testigo contra el expresidente, Juan Guillermo Monsalve.
Para la magistrada Oviedo, las pruebas demostraban un propósito concertado para manipular la verdad, y las interceptaciones ordenadas por la Corte Suprema de Justicia eran legales y debieron mantenerse como evidencias. Pero para los otros dos magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que intervinieron en la decisión y absolvieron al expresidente Uribe, Manuel Merchán y Alejandra Ossa, no hubo pruebas directas de que se dieran órdenes directas a su abogado; y, según ellos, además, los testigos fueron contradictorios y la jueza de primera instancia valoró mal las pruebas, entre otras consideraciones.
Sobre esta decisión absolutoria del Tribunal Superior de Bogotá al expresidente Uribe, las víctimas —entre ellas el senador Iván Cepeda— y sus abogados han anunciado que interpondrán el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, la que finalmente dirá cuál de las dos sentencias es la acertada: la de primera instancia, que condenó a Uribe a 12 años de prisión, o la de segunda instancia que lo absolvió.
Recordemos que todo esto inició en el Senado de la República cuando, en un debate político contra el paramilitarismo en Colombia, el senador Iván Cepeda señaló —con pruebas— al senador Uribe Vélez como el creador y financiador de estos grupos en el país. Esto llevó a que Uribe denunciara a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por injuria y calumnia; sin embargo, la denuncia se le reversó a Uribe, lo que lo llevó a renunciar a su curul como senador para escapar de la Corte Suprema y ser investigado por la Fiscalía General de la Nación, dirigida en ese momento por su amigo, el fiscal Francisco Barbosa, quien trató por todos los medios de archivar o prescribir el proceso, pero no pudo, hasta que llegó la fiscal actual, Luz Adriana Camargo, y el proceso fue llevado a juicio.
Probablemente, seis años después, el expresidente Uribe volverá a tener una curul en el Senado, curul a la cual renunció estando en detención domiciliaria por orden de la Corte Suprema de Justicia, el martes 18 de agosto de 2020.
Todavía el expresidente tiene por resolver, entre otros casos, su vinculación en las “chuzadas” del DAS; su participación y responsabilidad como presidente en los 6.402 falsos positivos; el caso de espionaje electoral durante la campaña presidencial de 2014, donde fue condenado el hacker Andrés Sepúlveda y se investiga la participación de Uribe; el caso de “los 12 apóstoles”; sus vínculos con el paramilitarismo como gobernador de Antioquia; el caso de injuria contra el periodista Daniel Samper Ospina; y por su presunta responsabilidad y determinación en las masacres de El Aro y La Granja, en Antioquia; y como dicen en las elecciones: “faltan datos de otros municipios”.
