El Juzgado Quince Penal Municipal de Cartagena ordenó al alcalde Dumek Turbay y a su secretario del Interior Bruno Hernández responder en 48 horas por el cumplimiento de un fallo de tutela relacionado con una millonaria inversión destinada a la Cárcel Distrital de Mujeres. El silencio oficial levanta interrogantes.
Cartagena vuelve a estar en el centro del debate público. Un monto de $17.300 millones —destinado a la cárcel distrital de mujeres dentro del Plan de Gobierno 2024–2027— se convirtió en el eje de una controversia judicial que ahora toca directamente al alcalde Dumek Turbay Paz y al secretario del Interior, Bruno Hernández Ramos.
El Juzgado Quince Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cartagena requirió formalmente a ambos funcionarios para que, en un plazo máximo de 48 horas, expliquen las acciones ejecutadas para cumplir un fallo de tutela interpuesto por el sindicalista Luis Enrique Pérez Ramos, presidente de SINSERPUBLICOLOMBIA.
El fondo público, otorgado a través de crédito distrital, fue aprobado para mejoras y funcionamiento de la Cárcel Distrital de Mujeres de Cartagena, incluyendo obras de infraestructura y adquisición de vehículos institucionales. Sin embargo, según el accionante, no existen evidencias claras del uso de esos recursos, ni informes públicos sobre los avances del proyecto.
En el derecho de petición radicado el 17 de junio de 2025, Pérez Ramos solicitó explicaciones detalladas sobre las obras o mejoramientos que hasta el momento se han ejecutado o se van a ejecutar en el penal y el porque en la actualidad no se cuenta con dos vehículos propios las 24 horas, acordados desde 2019.
Hasta el momento, la administración no ha entregado respuestas documentadas ni comunicados públicos que aclaren la situación de los fondos, lo que encendió las alarmas en el juzgado y motivó el requerimiento judicial.
El despacho judicial ordenó a los funcionarios:
- Presentar un informe detallado con soportes de las diligencias cumplidas respecto al fallo del 19 de agosto de 2025.
- Identificar al funcionario responsable del cumplimiento de fallos de tutela en la Alcaldía.
- Advertir que el incumplimiento de este requerimiento podría acarrear multas, sanciones o procesos disciplinarios, conforme al Decreto 2591 de 1991 y el Código General del Proceso.
El juzgado subrayó que esta actuación busca verificar si la Alcaldía ha dado cumplimiento a una orden judicial que protege derechos fundamentales.
Ni la Alcaldía de Cartagena ni la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana han emitido pronunciamiento sobre el caso. Mientras tanto, la ciudadanía y sectores sindicales exigen transparencia y rendición de cuentas sobre los $17.300 millones que debieron destinarse a la mejora de las condiciones del sistema carcelario femenino.
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El reloj judicial avanza y los funcionarios tienen solo 48 horas para responder. De lo contrario, el caso podría escalar hacia sanciones más severas y abrir un nuevo capítulo en el debate sobre la gestión de los recursos públicos en Cartagena.
