De todas las frases desafortunadas y ofensivas que ha pronunciado Gustavo Petro —y que nunca se le habían escuchado a un presidente de Colombia— una de las más humillantes hacia las mujeres y hacia la prensa fue calificarlas como “muñecas de la mafia”. Una expresión cargada de desprecio que inevitablemente remite al mensaje que quiso transmitir Gustavo Bolívar con la polémica serie de televisión del mismo nombre.
Pero estos actos, considerados misóginos por amplios sectores, no terminaron ahí. Con el objetivo de cumplir la cuota de participación femenina en los ministerios, Petro nombró —en palabras expresadas públicamente por el propio ministr@— a “una marica” en el Ministerio de la Igualdad, donde además ya había sido designada previamente una persona trans y, para completar, una funcionaria cubana en la Dirección para las Mujeres Trabajadoras Sexuales. Para muchos, estos episodios no solo carecen de tacto institucional, sino que representan una visión distorsionada de lo que significa ampliar la representatividad femenina.
Más aún, en la dirección de RTVC —el sistema de medios públicos— Petro designó a un funcionario con antecedentes de denuncias por acoso sexual y laboral a mujeres. Una decisión que deja un mensaje equivocado: tolerancia institucional frente a conductas que deberían generar rechazo absoluto.
A esta lista se suman las declaraciones del presidente en las que afirmó que “una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro”, insinuando que el éxito femenino depende de “acompasar” ambas cosas. Una frase vulgar, machista y profundamente irrespetuosa, que no puede normalizarse en un jefe de Estado. La explicación posterior tampoco logró disminuir la indignación.
Resulta inaceptable que dentro del autodenominado Gobierno del Cambio se multipliquen los casos de acoso laboral y sexual. Los señalamientos alcanzan a altos funcionarios, entre ellos:
- Andrés Hernández, embajador en México
- Diego Cancino, designado inicialmente para la SAE
- Daniel Mendoza, embajador en Tailandia
- Víctor de Currea-Lugo, embajador en Emiratos Árabes
Pero el caso más grave es el del ministro Benedetti. Sus declaraciones públicas contra la magistrada Cristina Lombana —a quien calificó de “loca, demente, delincuente, desquiciada e hijueputa”— constituyen un acto evidente de violencia verbal, violencia de género y desprecio por la justicia. Estas expresiones, sumadas a su prontuario por maltrato intrafamiliar, representan un ataque directo a la institucionalidad y a la independencia judicial. Aunque Benedetti intente justificar sus palabras como parte de una estrategia para evitar decisiones en su contra, sus acciones configuran una forma de obstrucción a la justicia.
En campaña, Petro prometió defender los derechos de las mujeres y combatir las violencias basadas en género. Hoy, esas promesas parecen traicionadas frente:
- Al mantenimiento de funcionarios denunciados
- A los mensajes ambiguos del gobierno
- A la tolerancia frente a expresiones agresivas, misóginas y machistas
Miles de mujeres que lo apoyaron electoralmente cuestionan ahora la coherencia del discurso gubernamental. De manera urgente, la Procuraduría debe actuar para no dejar pasar el momento idóneo: destituir e inhabilitar al ministro Benedetti, enviando un mensaje claro al país sobre respeto a la justicia, a la democracia y a la dignidad de la mujer.
Resulta preocupante el silencio del presidente frente a estos hechos. Pero más inquietante aún es el mutismo de las mujeres del Pacto Histórico, que en otros casos fueron férreas defensoras del feminismo y hoy guardan un silencio inexplicable.
Los actos y discursos de los gobernantes —en especial de los que ocupan los más altos cargos— impactan directamente en la sociedad. Por ello, los episodios de violencia verbal, las designaciones cuestionadas y la falta de coherencia en el Gobierno del Cambio deben ser rechazados por toda la ciudadanía. La pregunta, entonces, sigue vigente y con más fuerza que nunca: ¿El cambio era hacia la misoginia?
