El sindicato SINTRAOFIPUCAR radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y varios de sus funcionarios, a quienes señala de haber aplicado un régimen erróneo en la liquidación de cesantías retroactivas a trabajadores en condición de encargo. La acción también cobija a exfuncionarios de la administración de William Dau Chamat, quienes habrían sostenido el mismo esquema desde 2019, afectando—según el sindicato—derechos reconocidos por ley.
La denuncia incluye a:
- Milton Pereira Blanco, jefe de Jurídica
- María Eugenia García Montes, exdirectora de Talento Humano
- Yira Tatiana Morales Castro, actual directora de Talento Humano
A todos se les solicita abrir investigación por los presuntos delitos de prevaricato por acción y omisión.
Según SINTRAOFIPUCAR, el sindicato agotó todas las vías administrativas solicitando corregir la liquidación de cesantías retroactivas. La respuesta de la administración —según el propio sindicato— fue una frase lapidaria: “Demanden y hagan lo que quieran,” situación que empujó a la organización a judicializar el tema y a otorgar poder al abogado Alcides Arrieta Meza, quien asumió la defensa de los trabajadores afectados de la Planta Central de la Alcaldía.
El conflicto surge porque la administración habría cambiado el régimen de liquidación de cesantías retroactivas apoyándose en un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual: No es obligatorio, tampoco vinculante y según el sindicato, fue interpretado de manera equivocada.
Esto habría dejado en desventaja a trabajadores en encargo, muchos de los cuales terminaron siendo incluso “deudores del Distrito”, al liquidárseles el auxilio con el salario equivocado. SINTRAOFIPUCAR asegura que desde octubre de 2024 viene solicitando la corrección, sin obtener respuesta efectiva.
El apoderado Alcides Arrieta Meza explicó que las actuaciones de los funcionarios encajarían en las conductas de: Prevaricato por acción: expedir actos administrativos contrarios a la ley. Prevaricato por omisión: ignorar deliberadamente su deber de garantizar derechos adquiridos.
El sindicato espera que la Fiscalía proteja los derechos laborales vulnerados y avance con celeridad en la investigación.
- Los tribunales ya han fallado a favor de los trabajadores
La denuncia se apoya también en recientes fallos del Tribunal Administrativo de Bolívar, que ha dado la razón a empleados del Distrito afectados por decisiones similares, reafirmando la tesis de SINTRAOFIPUCAR: la administración habría actuado de manera contraria a la ley.
- Le recomendamos leer: CASO IPCC: contrato liquidado, documento cuestionado y funcionarios bajo sospecha
La denuncia penal contra el alcalde Dumek Turbay y su equipo jurídico abre un nuevo capítulo en las tensiones entre sindicatos y la administración. El caso no solo expone un posible detrimento en derechos laborales: pone bajo presión al gobierno distrital y podría marcar un precedente en la defensa de funcionarios en condición de encargo.
