Vivir lejos permite ver con mayor nitidez lo que de cerca muchos prefieren no mirar. Desde afuera, ciertas conductas no se relativizan: se exhiben con toda su crudeza. Y es imposible no señalar una de las más nocivas para Cartagena: la normalización social de lo torcido, la indulgencia permanente con la corrupción y la fascinación enfermiza por el dinero, venga de donde venga.
En Cartagena, la sanción moral prácticamente no existe. El rechazo ciudadano es débil, selectivo o simplemente inexistente. Personajes con historial público cuestionable no solo no son apartados, sino que son celebrados, invitados y legitimados socialmente. Se les abre la puerta de clubes, eventos y círculos de poder como si el pasado fuera una anécdota menor y no una advertencia ética.
Aquí no importa cómo se consigue el dinero, sino cuánto se muestra. El éxito se mide en camionetas, mansiones y fotos sociales, no en integridad ni en trayectoria limpia. El lujo opera como una amnistía silenciosa: borra sospechas, calla preguntas y compra respetabilidad. Quien paga la cuenta, compra también el silencio.
Los medios sociales y ciertos espacios de figuración cumplen su papel: blanquean reputaciones, maquillan trayectorias y normalizan lo inaceptable. Mientras tanto, el pacto de silencio se vuelve regla. Señalar, cuestionar o denunciar no solo incomoda: se castiga. Al que habla claro se le margina, se le desacredita o se le tilda de resentido. En cambio, al corrupto exitoso se le aplaude.
Este no es un problema menor ni anecdótico. Es una falla estructural de carácter cívico. Una ciudad que no sanciona moralmente el abuso termina gobernada por él. Cuando la corrupción deja de escandalizar y la impunidad deja de doler, la decadencia se vuelve costumbre.
La relatividad moral cartagenera no es ingenua ni inocente: es funcional. Sirve para sostener privilegios, proteger intereses y garantizar que nada cambie. Y mientras esa ética flexible siga imponiéndose, Cartagena seguirá pagando el precio de su propia tolerancia, aunque muchos prefieran seguir celebrando… siempre y cuando el dinero siga circulando y las apariencias se mantengan intactas.
En junio de 2025 develé irregularidades en once contratos que sumaban más de medio billón de pesos; ocho de los cuales son de la Alcaldía de Cartagena y tres de la Gobernación de Bolívar. Entre los contratos de la Alcaldía están dos: la construcción de los embarcaderos en la zona insular de Cartagena (LP-SID-005-2024 con un valor inicial de $6.187 millones) y su correspondiente interventoría (CMA-SID-007-2024 por un costo inicial de $451 millones).
Esos hechos no solo los hice públicos a través de varias columnas en el portal 724 Noticias y una entrevista en el Canal Cartagena, sino que también presenté una denuncia formal que fue asignada a la Fiscalía 55 Seccional Cartagena, la cual, sospechosamente, no ha iniciado siquiera la fase investigativa pese a que el expediente reposa en ese despacho desde el 27Jun2025. ¿Recuerdan en abril del 2025 el caso de los dos fiscales delegados ante la Corte Suprema encargados de varios procesos de Dumek Turbay que fueron desvinculados?
Tanta es la parsimonia que la semana pasada me tocó presentar una tutela, dado que la Fiscalía 55 no se ha dignado a responder una petición que presenté en noviembre del año pasado. La dimensión desconocida de la fiscalía cartagenera.
Solo dos medios locales registraron la noticia de los embarcaderos. Repito: solo dos. Y eso no es aleatorio. Es el resultado de la estrategia de la oficina de comunicaciones del Palacio de la Aduana. En Cartagena no hay malas noticias desde que Dumek Turbay es alcalde. Los cartageneros ni se cuestionan por qué, tal y como lo documentara el politólogo Sebastián Blanco Valiente en un video. Como quien dice: se tomaron el Kool-Aid completico.
- Les recuerdo mis hallazgos a los amnésicos cartageneros:
La construcción de los embarcaderos fue adjudicada al Consorcio Embarcaderos Cartagena, el cual estaba conformado por las empresas Ingeniería y Gestiones de Colombia SAS (Ingecol SAS, que tiene entre sus socios a Álex Martínez Miranda y a Ambrosio Fernández Martínez-Aparicio) y Construlatina SAS (que tiene como representante legal al sisbenizado Héctor Emilio Albanez Téllez). Construlatina es una de las cinco empresas del ‘Clan Barranqueño’ (Seinco SAS, Incon SAS, Quality Constructions SAS, ASS Constructora SAS y Construlatina SAS). Por su parte, varios de los miembros de Ingecol son amigos del alcalde Turbay.
La interventoría del proyecto fue otorgada al Consorcio CC Interventoría, en donde hay una empresa llamada Ingenierías y Mantenimientos SAS, en cuya acta de constitución aparece como socio José Gabriel Martínez Miranda, hermano de Álex Martínez Miranda, quien a su vez es el representante legal y socio de Ingecol SAS, empresa que hace parte del Consorcio Embarcaderos Cartagena que construyó los embarcaderos. En otras palabras: la empresa de un hermano construyó los embarcaderos y la del otro supervisó.
Además de las evidencias de colusión, Construlatina SAS presentó un documento de experiencia laboral del que Ecopetrol no da cuenta en sus registros, y que según el cual la petrolera certificaba que Construlatina había construido un muelle fluvial en concreto en Puerto Berrio (Antioquia). Pero ninguna de esas anomalías pareció alarmar a los inermes entes de control o a los cartageneros. Y ni hablar de las desastrosas repercusiones en la calidad de la obra que eso podría traer. Todos calladitos.
El colmo del descaro, la mediocridad y la negligencia de la administración Turbay fue el secretario de Infraestructura, Wilmer Iriarte Restrepo, quien, ante las escandalosas revelaciones, en vez de corroborar con Ecopetrol, lo que hizo fue preguntarle solo al contratista, quien era claro no iba a aceptar falsedad documental así esta existiese.
Siguieron para adelante con la obra y la inauguraron como un gran hito. Por ejemplo, en octubre de 2025, en lo que pareció un publirreportaje, el portal Caracol Radio registró la noticia así: «[…] El nuevo embarcadero de 300 metros cuadrados, en forma de T, cuenta con 28 pilotes en tubería de acero y concreto reforzado, con seis fingers, garantizando una estructura sólida, segura y duradera frente a las condiciones de oleaje y marea […]».
Ocho meses han transcurrido desde mi denuncia y nada ha pasado. Le tocó a la sabia naturaleza revelarle lo evidente a los cartageneros y hacerle el trabajo a los entes de control. Desde ayer circulan en las redes sociales imágenes que muestran cómo el fuerte oleaje destruyó uno de los embarcaderos.
Da pena leer el malabarismo argumentativo de la oficina de comunicaciones de la Alcaldía para tratar de tapar las fallas de un proyecto que arrancó chueco desde su mismísima licitación. En una de las excusas dice «el muelle no se fue, solo la estructura de madera». Eso es como decirle a alguien: «tranquilo, no te preocupes, tu casa se destruyó, pero las zapatas siguen enterradas». Otro de los subterfugios empleados desde la cuenta de ‘X’ del alcalde hace recordar el cuento del lobo y los tres cerditos. Un insulto no solo a la inteligencia, sino también a la ingeniería. Por favor, no aclaren que oscurecen.
Y para rematar, las lluvias de este fin de semana le recordaron por enésima vez a los cartageneros que el manejo integral del agua lluvia debe ser prioridad en los proyectos de infraestructura, no un malecón adjudicado a la empresa Dinacol SAS, de Osvaldo Rodríguez Luna, amigo del alcalde (proyecto también denunciado en la Fiscalía). Y una vez más natura dándoles una cachetada de realidad: las inmediaciones del tan publicitado Festival del Frito se inundaron (ver video).
Quedan en el aire las preguntas: ¿No se realizaron estudios técnicos suficientes? ¿No analizaron los riesgos previsibles? ¿Se diseñó sin tener en cuenta eventos como los que sucedieron hoy? ¿Cuál fue el nivel de servicio del diseño? ¿Se violaron los principios de economía y responsabilidad?
Cierro con las palabras de un usuario de ‘X’: «Sin derecho a quejarse. Cuando les dan circo celebran en lugar de exigir los drenajes pluviales. Recuerden que todo pueblo tiene el gobernante que se merece».
