Cartagena no está en guerra, pero vive bajo fuego. Y cuando las balas mandan el mensaje, los discursos oficiales pierden valor. El alcalde Dumek Turbay presentó en campaña el Plan Titán24 como una ofensiva sin precedentes contra el crimen: millonaria, estratégica, implacable. Una promesa de autoridad frente al avance del sicariato, el delito que más miedo siembra y que más claramente refleja la presencia —o ausencia— del Estado en los barrios.
Hoy, con 26 homicidios en enero de 2026, quince de ellos ejecutados bajo la modalidad de sicariato, la ciudad está obligada a hacerse una pregunta incómoda pero necesaria: ¿Dónde quedó el Plan Titán24?
Desde el poder se insiste en que enero fue “uno de los menos violentos de los últimos cuatro años”. El dato puede ser cierto en el Excel institucional. Pero la realidad no se gobierna con comparativos, sino con control territorial y resultados visibles.
Más de la mitad de los asesinatos de enero fueron sicariatos. No hechos aislados. No riñas espontáneas. Ejecuciones planeadas, a plena luz del día, con armas de fuego, motos listas y rutas de escape conocidas. Ese patrón no habla de delincuencia común: habla de estructuras criminales activas, organizadas y confiadas.
Los números de años anteriores confirman una tendencia inquietante: el sicariato no disminuye, se normaliza. 2023, 2024, 2025 y ahora 2026 muestran el mismo sello de sangre. Cambian las víctimas, cambian los barrios, pero el método se repite. Y cuando el método se repite, el problema no es coyuntural: es estructural.
Jesús David Meléndez Reyes, 32 años, padre, hincha del Real Cartagena, fue asesinado el 30 de enero frente a su casa, en el barrio Simón Bolívar. Un sicario lo esperó. Disparó. Huyó. Fin. Ese crimen resume la crisis: sicarios sin miedo, ciudadanos sin protección y autoridades sin resultados inmediatos que mostrar. Si el Plan Titán24 era la respuesta, este homicidio plantea una duda demoledora: ¿falló el plan o nunca estuvo realmente en marcha?
La administración habló de inteligencia, reacción rápida, presencia reforzada, grupos élite contra el sicariato. Pero los asesinatos continúan en Olaya, San Fernando, Nelson Mandela, La Boquilla, El Pozón, Ciudadela 2000, Bayunca. Los sicarios llegan primero. Y se van sin ser detenidos.
Cartagena no ve capturas estructurales. No ve desmantelamientos visibles. No ve golpes que cambien la dinámica criminal. Lo que sí ve son ataúdes, velas, barrios que aprenden a vivir con el miedo y una autoridad diciendo que las victimas tenían antecedentes.
Prometer mano dura implica asumir responsabilidades duras, por eso, hoy preguntamos:
- ¿Cuánto dinero se destinó realmente al Plan Titán24?
- ¿Qué porcentaje se ha ejecutado?
- ¿Cuántos grupos especializados operan hoy contra el sicariato?
- ¿Cuántas estructuras criminales han sido desmanteladas?
- ¿Quién responde políticamente si el plan no funciona?
No se trata de atacar por atacar. Se trata de exigir resultados. Porque cuando el poder promete seguridad y no la entrega, la legitimidad se erosiona. Cartagena no necesita relatos, necesita autoridad. La seguridad no se mide solo en cifras comparativas, sino en percepción ciudadana, control real y miedo reducido. Mientras el sicariato siga operando con tranquilidad, ningún plan puede llamarse exitoso.
El Plan Titán24 no puede quedarse en un nombre potente y una narrativa de gobierno o demuestra resultados, o pasará a la lista de estrategias que sonaron fuerte, costaron caro y llegaron tarde.
