Hay fechas que quedan grabadas para siempre en la memoria de una nación. Fechas que dividen el tiempo entre un antes y un después. El 7 de junio de 2025 es una de ellas.
Aquella tarde, en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá, el entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay participaba en una actividad política de cara a las elecciones de 2026. Conversaba con ciudadanos, exponía sus ideas y compartía sus propuestas cuando la violencia volvió a irrumpir en la democracia colombiana.
Un joven sicario se abrió paso entre la multitud y disparó contra quien era una de las figuras emergentes más importantes del Centro Democrático. Los proyectiles impactaron su cabeza y otras partes de su cuerpo, dejando al país entero suspendido entre el horror y la esperanza.
Las imágenes recorrieron el mundo. Colombia revivía fantasmas que creía enterrados. El recuerdo de los magnicidios que marcaron las décadas más oscuras de su historia regresó con fuerza. No era solamente un atentado contra un dirigente político; era un ataque contra la democracia misma. Organizaciones nacionales e internacionales calificaron el hecho como un golpe a las instituciones y a la libre participación política.
Pero para comprender la magnitud de aquella tragedia es necesario remontarse mucho más atrás.
Miguel Uribe pertenecía a una familia marcada por el dolor de la violencia. Era hijo de la periodista y presentadora Diana Turbay Quintero, secuestrada por órdenes del narcotráfico y asesinada durante un operativo de rescate en 1991. Creció con la ausencia de una madre convertida en símbolo nacional de las víctimas del terror. Aun así, decidió dedicar su vida al servicio público y a la construcción democrática.
Treinta y cuatro años después de perder a su madre, el destino volvería a golpear a la misma familia.
Tras el atentado, Miguel Uribe fue trasladado inicialmente a un centro asistencial y posteriormente a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Comenzó entonces una batalla médica que mantuvo en vilo al país durante más de dos meses. Intervenciones quirúrgicas, comunicados permanentes, cadenas de oración y manifestaciones de solidaridad se multiplicaron dentro y fuera de Colombia. Miles de ciudadanos acudieron diariamente a las afueras de la clínica para elevar plegarias por su recuperación.
Durante semanas, Colombia se aferró a la esperanza.
Sin embargo, las heridas eran demasiado graves. Después de 65 días de lucha, el 11 de agosto de 2025, Miguel Uribe Turbay falleció como consecuencia de las complicaciones derivadas de los disparos recibidos aquel fatídico 7 de junio. Tenía apenas 39 años.
Su muerte provocó una profunda conmoción nacional e internacional. Líderes políticos de todas las corrientes ideológicas expresaron su rechazo y exigieron justicia.
Colombia volvía a pronunciar una palabra que parecía reservada para los libros de historia: magnicidio.
Las investigaciones posteriores condujeron a la captura de varios presuntos responsables y, meses después, la Fiscalía señaló a estructuras de la Segunda Marquetalia como responsables del crimen por motivaciones políticas. Aunque las pesquisas continúan, para millones de colombianos la herida permanece abierta.
- Personalmente, guardo un recuerdo especial de Miguel Uribe.
Durante una de sus visitas a Sincelejo tuve la oportunidad de entrevistarlo. El ambiente político comenzaba a calentarse y muchos ya lo veían como una figura con opciones reales de convertirse en el candidato presidencial del Centro Democrático, aunque dentro de la colectividad se perfilaban fuertes disputas internas por esa designación.
En medio de la conversación le formulé una pregunta directa:
—Miguel, ¿es usted el bendecido para convertirse en el candidato presidencial del Centro Democrático?
Sonrió con la serenidad que lo caracterizaba y respondió:
—“Silverio, lo dijo usted, no yo…”.
Fue una respuesta sencilla, pero reveladora. Reflejaba parte de su personalidad: un hombre disciplinado, respetuoso y consciente del momento político que atravesaba. Un dirigente que prefería dejar que los hechos hablaran antes que recurrir a proclamaciones grandilocuentes.
Hoy, un año después de aquel atentado, Colombia sigue enfrentando las consecuencias de su ausencia. El magnicidio de Miguel Uribe no solo acabó con una candidatura presidencial; alteró profundamente el curso de la campaña de 2026 y abrió un período de incertidumbre, polarización y confrontación política cuyos efectos todavía se sienten.
Diversos analistas coinciden en que aquel crimen modificó el mapa electoral y marcó un punto de inflexión en la contienda presidencial.
Pero más allá de las encuestas, los partidos y las disputas ideológicas, queda una reflexión mucho más profunda: ninguna diferencia política puede justificar la violencia. Ninguna causa merece una bala. Ningún proyecto de nación puede construirse sobre la sangre de quienes piensan distinto.
Miguel Uribe Turbay fue un ser humano antes que un candidato. Fue esposo, padre, hijo y servidor público. Un colombiano que decidió participar en democracia y que terminó convirtiéndose en una víctima más de la intolerancia que durante décadas ha perseguido a nuestra patria.
Un año después, el parque El Golfito ya no es solamente un lugar de Bogotá. Es un símbolo. Es el recordatorio permanente de que la democracia es frágil y de que debemos defenderla todos los días.
Quizás el mejor homenaje que Colombia puede rendirle no sea una estatua ni una placa conmemorativa. Quizás el verdadero homenaje sea construir un país donde ningún ciudadano tenga que morir por sus ideas.
Porque cuando las balas reemplazan a las palabras, pierde una persona; pero cuando un candidato presidencial es asesinado, pierde toda la nación.
Y Colombia, hace un año, perdió mucho más que un candidato. Perdió una esperanza, perdió una voz y perdió a un hombre que, pese a las diferencias que pudiera generar, creyó firmemente que el futuro del país debía decidirse en las urnas y no en la violencia.
