Lo que empezó como un archivo reenviado en cadenas de WhatsApp terminó encendiendo una mecha en el departamento de Sucre. Un panfleto digital, atribuido a un grupo que se hace llamar “Resistencia Militar Sucre y Norte – Los Norteños”, irrumpió sin filtros en la conversación pública y puso bajo sospecha al alcalde de Sincelejo y a funcionarios del GAULA de la Policía Nacional de Colombia. Pero más allá de los nombres propios, lo que quedó expuesto fue algo más inquietante: la vulnerabilidad crónica de nuestro ecosistema informativo frente a contenidos diseñados para impactar, alarmar y dividir.
El documento, fechado el lunes 23 de febrero de 2026, se propagó con una velocidad que ninguna institución puede igualar. En cuestión de horas, acusaciones graves circularon sin contraste, sin contexto y sin una sola verificación independiente. Ese es el punto neurálgico: el daño no comienza cuando se confirma la información; comienza cuando la sospecha se instala. Y en la era digital, la sospecha viaja con ventaja.
Hasta ahora, no existe confirmación oficial ni respaldo probatorio que valide las afirmaciones contenidas en el texto. Sin embargo, la erosión reputacional y la fractura de la confianza pública no esperan dictámenes técnicos. Se activan en tiempo real. Cada reenvío amplifica la duda. Cada captura de pantalla consolida la narrativa. Cada silencio institucional, por breve que sea, alimenta el vacío.
La reacción de las autoridades —activar protocolos para establecer autenticidad, origen y trazabilidad— es obligatoria, pero insuficiente. Aquí no solo está en juego la pericia forense digital. Está en juego la conducción política de la crisis, la arquitectura de la comunicación pública y la capacidad del Estado para disputar el relato antes de que el rumor lo capture por completo. No basta con investigar; hay que comunicar con precisión quirúrgica mientras se investiga.
El contexto tampoco es inocente. El panfleto emerge en medio de una intensificación de operativos contra redes de extorsión y microtráfico. El GAULA, señalado directamente en el documento, ha encabezado acciones recientes contra estructuras criminales. ¿Hay conexión? No existe evidencia que lo confirme. Pero la insinuación, cuando se viraliza sin control, actúa como ácido sobre la percepción de seguridad y legitimidad institucional.
No es la primera vez que un panfleto —antes impreso, hoy digital— se usa como instrumento de intimidación. La diferencia es la escala. Lo que antes circulaba en barrios específicos hoy atraviesa municipios en minutos. Las redes sociales no solo distribuyen información; distribuyen emociones. Y el miedo, la indignación y la desconfianza son combustibles de alto octanaje.
Aquí el riesgo no radica únicamente en que el contenido sea verdadero o falso. El riesgo real es que la ciudadanía pierda la capacidad —o la paciencia— para esperar la verificación. Cuando la acusación sustituye a la prueba y la viralidad reemplaza al rigor, la democracia local queda a merced del algoritmo.
De momento, la única certeza es que no existe pronunciamiento oficial que valide la autenticidad del documento ni la veracidad de sus señalamientos. Todo lo demás pertenece al terreno de la hipótesis y la investigación. Y precisamente por eso, la prudencia no es tibieza: es responsabilidad cívica.
La institucionalidad debe responder con transparencia, celeridad y contundencia comunicativa. La ciudadanía, con criterio y escepticismo saludable. Y los medios, con rigor implacable. Porque en tiempos de hiperconectividad, el campo de batalla ya no es solo territorial: es informativo. Y en ese terreno, la verdad no sobrevive sola. Hay que defenderla, activamente, antes de que la mentira la sepulte bajo una avalancha de clics.
