El próximo domingo 26 de abril, en toda Colombia se celebrarán elecciones para escoger, mediante planchas, a los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal. Sin embargo, en Cartagena, este proceso ha estado rodeado de un ambiente tenso, cargado de maniobras cuestionables y prácticas que dejan serias dudas sobre la transparencia del sistema.
Uno de los hechos más graves denunciados por comunidades es el ocultamiento deliberado de los libros de registro, herramienta clave para la inscripción de nuevos miembros. Vecinos que desean participar y renovar liderazgos han encontrado puertas cerradas, mientras algunos presidentes, de manera amañada, habrían escondido dichos libros para impedir la llegada de nuevas voces que pudieran cuestionar sus gestiones o incluso “descabezar” a dignatarios enquistados en el poder.
Pero la crisis no se detiene allí. Por decisión del director del Instituto Comunal de Cartagena, Geverson Ortíz, en el barrio Crespo no habrá elecciones. La razón: la suspensión por tres meses de la personería jurídica tanto de la histórica Junta de Acción Comunal de Crespo como de la recién creada Junta de Acción Comunal Crespo–Sector Aeropuerto, surgida de manera sorpresiva y, según vecinos, con propósitos que han desatado enfrentamientos internos y una fractura profunda en la comunidad.
Cuando en 1958, bajo el gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo, nació la Ley 19, que dio vida a las Juntas de Acción Comunal en Colombia, se pensó en organizaciones destinadas a fortalecer la participación ciudadana y promover el desarrollo comunitario. Lo que jamás se imaginó aquel gobierno fue que, décadas después, esos nobles propósitos terminarían contaminados por la politiquería, la ambición personal y la lucha feroz por el control del poder barrial.
Hoy, en Cartagena, muchas de estas juntas —que deberían ser el corazón de la democracia vecinal— se han transformado en verdaderos campos de batalla por el control político y económico. El proceso electoral comunal se ha convertido en un laberinto de irregularidades, donde el acceso a los libros de inscripción se maneja como si fuera un tesoro que algunos dirigentes defienden con uñas y dientes.
El miedo a perder privilegios ha llevado a que algunos presidentes oculten registros, bloqueen nuevos afiliados y cierren espacios de participación, temerosos de que nuevas mayorías convoquen asambleas y desmonten liderazgos que llevan años operando con poca o nula transparencia, erosionando la confianza del vecindario.
Lo que debería ser un proceso democrático sencillo —inscribir firmas, convocar asambleas y votar— se ha convertido en escenarios de caos: empujones, gritos, denuncias, insultos y hasta intentos de agresión física. En algunos casos, la intervención policial ha sido necesaria para evitar enfrentamientos mayores. Todo esto, en abierta contradicción con la Ley 743 de 2002, que regula estas organizaciones y establece normas claras para su funcionamiento.
Frente a este panorama, surge una pregunta inevitable: ¿es miedo al cambio o es simple caudillismo disfrazado de liderazgo comunitario?
La situación exige una fiscalización estricta por parte de la Alcaldía de Cartagena y de la Personería Distrital. Es urgente rescatar estas organizaciones del oscurantismo y devolverles su propósito original: servir a la comunidad y no convertirse en feudos personales ni trincheras políticas.
Pero la pregunta que muchos ciudadanos se hacen es aún más profunda: ¿Qué es lo que realmente se esconde detrás de los pleitos en las Juntas de Acción Comunal?
La respuesta, aunque incómoda, parece evidente: poder y dinero. La lucha por presidir estas juntas no siempre responde a vocación de servicio, sino a las posibilidades de contratar con entidades del Estado —Alcaldía, Gobernación o Gobierno Nacional— y al control que estas posiciones otorgan para autorizar obras, gestionar permisos e influir en decisiones que impactan directamente intereses económicos.
Y si algo evidencia hasta dónde puede llegar esta distorsión, es el recuerdo de episodios que rayan en lo absurdo. Hace algunos años, en el barrio Canapote, una Junta de Acción Comunal —respaldada en ese momento por un concejal de la ciudad— autorizó, sin mayor reparo, la construcción del motel “Las Dunas”, pese a que frente al predio existía un templo cristiano con más de medio siglo de presencia y, a pocos metros, un colegio infantil. Una decisión que, para muchos vecinos, simbolizó el grado de descomposición institucional al que pueden llegar estas organizaciones cuando se subordinan a intereses particulares.
Hoy, más que nunca, Cartagena enfrenta un dilema: rescatar sus Juntas de Acción Comunal o permitir que continúen degradándose en espacios dominados por el clientelismo, la ambición y el abuso de poder. Porque cuando las organizaciones comunitarias pierden su esencia, no solo se debilita la participación ciudadana: se fractura la democracia desde su base más cercana, el barrio.
