La fiscal confirmó que la información en los computadores incautados a Calarcá es cierta y contiene “hechos muy graves”. Petro nombra a Wilmar Mejía, uno de los señalados en los computadores, como director de la UIAF, la entidad encargada de hacer la inteligencia financiera en la lucha contra el crimen. Al mismo tiempo, pide la suspensión de las órdenes de captura de los 23 capos más importantes de las bandas que delinquen en Medellín. Mientras tanto, el Pacto Histórico obtiene el 54% de sus votos en 126 municipios en los que la MOE advirtió que estaban bajo influencia de los grupos violentos.
Todos los hechos tienen un elemento común: Petro y su gobierno toman decisiones que ayudan, abierta o encubiertamente, a los grupos criminales, y esos grupos favorecen políticamente al Pacto Histórico. Con los antecedentes de la campaña de 2022, con los pactos celebrados en las cárceles por Juan Fernando Petro y Danilo Rueda con los bandidos, que según confesión de Juan Fernando le permitieron a su hermano ganar la Presidencia, nada debería sorprender.
En un país civilizado, lo contenido en los computadores habría tumbado al gobierno. Prueba que, al menos, un general y varios oficiales de alto rango, así como Mejía, director de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia, celebraron acuerdos con el grupo violento, le entregaron información operacional y táctica de las Fuerzas Militares y acordaron que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada autorizaría la creación de compañías controladas por ese grupo para que sus hombres puedan circular armados libremente por el territorio nacional.
Y no fue a espaldas de Petro. Nombró al general como jefe de personal del Ejército y a Mejía, un licenciado en educación física que nada sabe de inteligencia, acaba de designarlo en la UIAF. Y ha salido en abierta defensa de los implicados, tanto cuando Caracol dio a conocer la información de los computadores como ahora que la fiscal la confirma. Confirmación tardía, por cierto, porque nada hizo la entidad a su cargo durante los veinte meses en que ha tenido la información en sus manos. ¿Cómplice? No me atrevo a afirmarlo, pero sin duda corresponsable. Por ahora, se ha limitado a decir que está evaluando si se reactiva la orden de captura de Calarcá, reactivación que debió hacer inmediatamente después de cualquiera de los innumerables asesinatos que los criminales a su cargo han cometido, luego de que fuera liberado en julio de 2024 por orden de Petro y la complacencia de ella misma.
Como si no fuera suficientemente escandaloso, Petro, a escasos cuatro meses de entregar el gobierno, pide la suspensión de la orden de captura de 23 capos antioqueños y que se excarcele a 7 que están privados de la libertad. La fiscal, mire usted, lo autoriza y dice que “la medida no excluye la captura en flagrancia respecto de delitos graves, como secuestro, extorsión, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario”. Es decir, que si los capturan en flagrancia narcotraficando o cometiendo otros delitos, deben dejarlos en libertad. ¿Y qué pasa con los crímenes internacionales que se conocen después de cometidos y no en flagrancia?
Ahora, si todo es hediondo y abiertamente contrario a la Constitución y la ley, su propósito político es peor. Si en la campaña del 22 hubo un encubierto pacto de La Picota, ahora el acuerdo se desenmascara.
Busca alterar los resultados electorales en Antioquia, el bastión del antipetrismo, a través de las poblaciones y comunas en Medellín bajo influencia de los bandidos beneficiados por Petro. Si a ello se suman los resultados electorales del Pacto Histórico en los municipios con mayor presencia de los violentos, el panorama es clarísimo: la izquierda está decidida a ganar las presidenciales a cualquier costo, incluyendo los pactos con los bandidos y el fusil en la nuca en sus áreas de influencia.
Un gobierno criminal que pacta con los mafiosos, ahora para ganar las elecciones, y que ha gobernado para favorecerlos. La fiscal mira para otro lado. El procurador, entre tibio y helado. La Comisión de Acusaciones, cómplice, sin duda. No queda sino la ciudadanía libre y no extorsionada. Nos jugamos la democracia, la libertad y el futuro.
