La Universidad de Sucre enfrenta hoy una de las crisis más agudas de su historia reciente, una situación que trasciende los muros del claustro para convertirse en un problema de interés público regional. La estampa actual es desoladora: desde la entrada principal hasta las áreas administrativas, el caos se ha apoderado de la institución entre gritos, llanto de docentes e incluso fumarolas de humo que evidencian el nivel de la tensión; una jornada marcada por vías de hecho donde la protesta estudiantil ha derivado, en algunos puntos, en ingresos violentos que desnaturalizan el espíritu académico.
El detonante de este escenario —agravado por la declaratoria de asamblea permanente y la viralización de documentos en redes sociales— es la sombra de una presunta asignación irregular de salarios desproporcionados mediante el sistema de «puntos». Si bien es imperativo invocar el principio de presunción de inocencia y esperar el veredicto de las autoridades competentes, la sola percepción de opacidad en el manejo de los recursos públicos ya constituye una herida profunda a la credibilidad de la institución.
El sistema de puntos, diseñado originalmente para premiar la producción intelectual y el mérito académico, pierde toda su esencia cuando se convierte en un mecanismo de privilegio bajo sospecha de manipulación. Las cifras que circulan en la opinión pública han encendido las alarmas al sugerir remuneraciones que, de confirmarse, superarían los ingresos del Presidente de la República o de la alta gerencia de estatales como Ecopetrol.
No se trata aquí de escatimar el derecho a un salario digno para los formadores, sino de exigir que cada peso proveniente del erario resista el más riguroso escrutinio ciudadano. La universidad pública no puede ser un botín; su financiamiento estatal le impone el deber ético de la transparencia absoluta. El clima de confrontación que hoy se observa en los videos de las protestas es el síntoma inequívoco de una confianza rota entre las directivas y la comunidad.
Ante este panorama, el silencio no es una opción para las autoridades universitarias, como tampoco la lentitud para los organismos de control. Es momento de claridad: si las denuncias son infundadas, la institución debe limpiar su nombre con pruebas; pero si se confirman irregularidades, el país debe exigir justicia. La educación superior debe ser un faro de ética y meritocracia, nunca un escenario donde la duda opaque la verdad.
