Cuando un gobierno intenta cambiar las reglas justo cuando se le agota el tiempo, no hace pedagogía democrática: envía una señal de alarma. En Colombia, la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente por parte de Gustavo Petro no es un ejercicio académico, sino una jugada política marcada por la urgencia y el cálculo.
El presidente afirma que no busca reemplazar la Constitución de 1991, sino agregarle dos capítulos: uno para blindar reformas sociales y otro contra la corrupción. Suena razonable, pero el argumento no resiste análisis.
Primero, las reformas sociales. Surge una pregunta evidente: ¿por qué llevar a la Constitución lo que no logró aprobar en el Congreso? Las reformas a la salud, laboral y pensional no fracasaron por conspiraciones, sino por falta de consensos y problemas técnicos. Convertirlas ahora en mandato constitucional equivale a desconocer la democracia representativa: si el Congreso no aprueba, se cambia la regla. No es reforma institucional, es un atajo.
Segundo, el capítulo anticorrupción. Resulta paradójico que un gobierno rodeado de cuestionamientos pretenda liderar este tema desde la Constitución. Colombia no carece de normas, sino de cumplimiento. Sin voluntad política ni coherencia, más artículos no resolverán el problema.
El trasfondo es claro. Un gobierno desgastado, con dificultades para sacar adelante su agenda y en medio de un clima preelectoral, recurre a la constituyente como tabla de salvación. No es un fenómeno nuevo: en América Latina, estos procesos han servido con frecuencia para concentrar poder bajo discursos de cambio.
El propio discurso presidencial —centrado en bloqueos y élites— evita un hecho básico: gobernar es construir acuerdos. Cuando estos no se logran, la salida no puede ser reformar el sistema para imponer.
Decir que solo se “agregarán” capítulos minimiza la gravedad del asunto. La Constitución no es un documento flexible al servicio de coyunturas políticas, sino un pacto que exige estabilidad y consenso. Modificarla en medio de debilidad institucional no fortalece la democracia: la pone en riesgo.
Colombia no necesita una constituyente. Necesita liderazgo, autocrítica y respeto por las reglas. Porque cuando un gobernante intenta reescribirlas al final del juego, no busca mejorarlo: busca no perderlo.
