Colombia atraviesa uno de los momentos más complejos en materia de orden público desde la firma del acuerdo de paz de 2016. No se trata de percepciones ni de discursos políticos: los hechos, las cifras y la crudeza de los ataques hablan por sí solos. El país asiste a una escalada violenta que combina terrorismo, control territorial y economías ilegales, mientras el Gobierno insiste en una lectura distinta de la realidad.
En las últimas semanas, el suroccidente del país —especialmente Cauca, Valle del Cauca y Nariño— ha sido escenario de una cadena de atentados que recuerdan las épocas más oscuras del conflicto. El caso más grave ocurrió en la vía Panamericana, en Cajibío, donde un atentado con explosivos dejó al menos 21 muertos y más de 36 heridos, en un ataque indiscriminado contra civiles. No fue un hecho aislado: días antes y después se registraron explosiones, ataques a infraestructura militar, cilindros bomba y hostigamientos coordinados.
En cuestión de horas, se han contabilizado decenas de acciones violentas. Algunas estimaciones hablan de más de 60 atentados en los últimos días, con múltiples muertos y heridos. Incluso reportes regionales señalan cifras superiores —cercanas a los 60 ataques en distintas zonas—, lo que evidencia una ofensiva sostenida y no hechos aislados.
El panorama general es aún más preocupante: Colombia suma al menos 48 masacres en lo corrido de 2026, con 229 personas asesinadas, la cifra más alta en una década. A esto se suman desplazamientos, confinamientos y una creciente sensación de pérdida de control territorial por parte del Estado.
¿Quién está detrás? Las autoridades coinciden en señalar a las disidencias de las FARC, particularmente a estructuras del llamado Estado Mayor Central, lideradas por alias “Iván Mordisco” y sus mandos regionales. Estas organizaciones han evolucionado: ya no son una guerrilla ideológica en sentido estricto, sino estructuras híbridas entre insurgencia y crimen organizado, financiadas por el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
La captura de alias “Mi Pez”, señalado de coordinar cerca de 40 acciones terroristas, confirma el nivel de organización y capacidad operativa de estos grupos. ¿Qué buscan? Los ataques no son aleatorios. Responden a tres objetivos claros:
Control territorial: dominar corredores estratégicos para el narcotráfico y otras economías ilegales.
Presión política: demostrar poder frente al Estado y forzar condiciones en eventuales negociaciones.
Generar miedo: afectar a la población civil para debilitar la institucionalidad.
En otras palabras, no estamos ante violencia dispersa, sino ante una estrategia de guerra irregular en expansión. La postura del Gobierno, como era de esperarse, no ha sido distinta. El presidente Gustavo Petro ha defendido su política de “Paz Total”, insistiendo en que no existe un “caos de seguridad” y que los indicadores de homicidio se mantienen estables. Según su interpretación, la violencia responde principalmente a disputas entre economías ilegales, más que a un conflicto político estructurado.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha reaccionado —aunque con tibieza y de manera tardía— con acciones puntuales:
- Refuerzo de seguridad en zonas críticas
- Ofrecimiento de recompensas
- Capturas de cabecillas
- Anuncios de persecución internacional contra estos grupos
Sin embargo, estas medidas parecen más reactivas que estratégicas frente a una ofensiva coordinada.
Entre la narrativa y la realidad
Aquí surge la gran tensión: mientras el Gobierno sostiene que no hay un deterioro estructural, los hechos muestran lo contrario. La reaparición de atentados masivos, el uso de cilindros bomba y los ataques indiscriminados contra civiles indican un retroceso en las condiciones de seguridad.
Expertos advierten que la política de negociación simultánea con múltiples grupos ha sido aprovechada por estos para fortalecerse, expandirse y rearmarse. En lugar de reducir la violencia, en algunos territorios parece haberla intensificado.
De lo anterior se puede concluir que Colombia no está ante una crisis menor ni frente a hechos aislados. Está ante una reconfiguración del conflicto armado, donde actores ilegales combinan terrorismo, narcotráfico y control social. Negarlo sería irresponsable. Sobredimensionarlo sin propuestas, también.
El país necesita claridad: reconocer la gravedad del momento, redefinir la estrategia de seguridad y entender que la paz no puede construirse desde la debilidad del Estado ni desde la negación de la realidad. Porque mientras el discurso duda, la violencia avanza. Y las víctimas —como siempre— siguen poniendo los muertos.
