Otra vez la izquierda extrema con el cuento de la constituyente. Petro no se baja del sonsonete y Cepeda sostiene que “ya no basta con protestar […] ha llegado el tiempo de ser poder constituyente”.
La propuesta no es nueva. Petro la ha planteado desde el segundo año de su gobierno. Bajo la idea de “poder constituyente del pueblo”, planteada por el marxista Antonio Negri, le ha dado vueltas, de una manera u otra y de manera intermitente, a la propuesta. Lo hizo Juan Fernando Cristo, recién nombrado ministro del Interior. Volvieron a hacerlo con Montealegre como ministro de Justicia. Presentaron otro proyecto hace unas semanas. Y ahí terminaron montados los verdes, de la mano todopoderosa del gobernador Amaya, nuevo dueño y señor del partido después de la vergonzosa fuga de Carlos Ramón González, compadre del M-19 y cómplice de Petro, incapaces de defender su posición de no apoyarla cuando negociaron con Cepeda.
Como advertimos hace dos años, la tal constituyente no salió adelante durante el período de Petro. No había ni tiempo ni mayorías. Ahora Petro anuncia que presentará el 20 de julio un proyecto de constituyente al nuevo Congreso. Si la oposición triunfa en las presidenciales, como es seguro si Paloma pasa a segunda vuelta y es seria duda si lo hace De la Espriella, la iniciativa está hundida. Pero, si ganara Cepeda, los riesgos de aprobación de semejante propuesta aumentan, no hay duda, porque el poder presidencial es enorme en nuestro país y porque la izquierda ha demostrado que no duda en sobornar congresistas para impulsar sus iniciativas.
Los problemas nacionales no están en la Constitución. La del 91, con sus problemas y debilidades, es buena y, en todo caso, no es la responsable de esta vorágine de violencia, delincuencia, corrupción y caos económico que nos dejan estos cuatro años de bandidaje, incompetencia, ineptitud e ideas totalitarias y fracasadas de Petro y su pandilla.
Sin embargo, no hay que confundirse: la propuesta no responde solo al fetichismo que cree que la solución de todos los problemas está en cambiar las normas jurídicas y la Constitución en particular. La constituyente de la izquierda, en realidad, busca hacer otra Constitución para, por un lado, eliminar la prohibición de la reelección y, por el otro, erosionar el sistema de frenos y contrapesos institucionales, la autonomía del Congreso, la independencia de las cortes y la separación de las distintas ramas del poder público, de manera que el presidente pueda subordinar al Legislativo y al Judicial y hacer lo que se le antoje sin control alguno. Aquí sí hay que recordar que el camino venezolano a la dictadura nació con la constituyente chavista. En otras palabras, no sería una constituyente para ahondar y profundizar la democracia, sino para demolerla.
La Constitución solo puede modificarse a través de un acto legislativo aprobado en el Congreso, un referendo o una asamblea constituyente. Le guste o no a la izquierda, no hay otro camino. Si fuera por una constituyente, los pasos están reglados: “mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo, en votación popular, decida si convoca una Asamblea Constituyente, con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro”. Por su parte, la Corte Constitucional debe “decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución”. Cualquier convocatoria a una constituyente que se salte este procedimiento es inconstitucional y, promovida desde el Gobierno, un autogolpe de Estado que, también lo dije hace tiempo, Petro no se atrevió ni se atreverá a dar.
Finalmente, el verdadero acuerdo nacional es la Constitución del 91. En ella participaron, además, de manera prácticamente igual todas las fuerzas políticas y sociales nacionales. Es una carta de derechos y de mecanismos de protección como casi ninguna en el mundo. Lo que debemos hacer es defenderla de los ataques de Petro y Cepeda.
