En plena recta final de la campaña presidencial, el candidato Abelardo De La Espriella lanzó una advertencia que sacude el panorama político: asegura que existen maniobras jurídicas y mediáticas para sacarlo de la contienda justo cuando, según él, su candidatura gana terreno.
El líder del movimiento Defensores de la Patria afirmó que su aspiración está “blindada y en firme”, luego de que el Consejo Nacional Electoral decidiera estudiar una solicitud que busca revocar su inscripción por presuntas irregularidades en la recolección de firmas. La denuncia, que también involucra la revisión de actuaciones previas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ha sido calificada por el candidato como una “leguleyada extemporánea”.
De La Espriella sostiene que su candidatura ya superó todos los filtros institucionales, incluyendo el aval del Consejo de Estado, y que cualquier intento de reversarla carece de sustento jurídico. “No hubo irregularidades. Todo fue revisado hasta la saciedad. Mi candidatura está en firme y nadie la puede tumbar”, afirmó en un mensaje dirigido a sus seguidores.
El episodio ocurre en un momento crítico del calendario electoral, a pocas semanas de la primera vuelta. Para el candidato, la revisión del CNE no es un trámite técnico sino parte de una estrategia más amplia para frenar su crecimiento político. Denuncia una “guerra sin cuartel” que, según su versión, incluye campañas de desprestigio, encuestas manipuladas y narrativas destinadas a restarle legitimidad.
El trasfondo es aún más delicado: De La Espriella asegura que su candidatura representa una amenaza directa para sectores tradicionales del poder y estructuras ilegales, lo que —según afirma— explicaría tanto los ataques políticos como las supuestas amenazas contra su seguridad personal.
Aunque el CNE no ha tomado una decisión de fondo, el hecho de que haya admitido el estudio del caso introduce incertidumbre en el proceso electoral. Expertos advierten que este tipo de controversias, en etapas avanzadas de campaña, pueden afectar la percepción de legitimidad, independientemente del desenlace jurídico.
Sin embargo, el discurso del candidato va más allá del terreno legal. Su narrativa apunta a posicionarse como víctima de un sistema que intenta excluirlo, reforzando un mensaje antisistema que suele tener alta resonancia en contextos de desconfianza institucional.
El llamado de De La Espriella a la comunidad internacional para que vigile el proceso electoral añade otro nivel de tensión. La advertencia sobre posibles riesgos a su integridad física eleva el tono del debate y podría presionar a las autoridades a pronunciarse con mayor contundencia.
Mientras tanto, el país asiste a un nuevo episodio donde la política, la justicia y la opinión pública se entrecruzan peligrosamente. Más allá de si la solicitud prospera o no, el caso ya está teniendo un efecto claro: convertir la campaña en un escenario de confrontación institucional.
Por ahora, la candidatura sigue en pie. Pero el mensaje es claro: la carrera presidencial entra en su fase más tensa, donde cualquier movimiento —jurídico o político— puede redefinir el tablero.
