Lo que está ocurriendo en Colombia ya no admite matices, ni interpretaciones tibias, ni excusas diplomáticas. Es una ruptura frontal del Estado de Derecho. Un punto de quiebre. El llamado “juicio” del ELN contra funcionarios del CTI de la Fiscalía no es solo ilegítimo: es una demostración cruda de hasta dónde ha llegado el deterioro de la autoridad estatal.
Es la evidencia de que el crimen no solo avanza, sino que ahora pretende reemplazar al Estado. El 5 de mayo de 2026, desde Arauca, el ELN difundió un video que debería estremecer a cualquier democracia que se respete. En él, la organización asegura haber “juzgado” a dos secuestrados desde hace más de once meses.
Según su narrativa, el agente del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo fue “condenado” a cerca de 60 meses de prisión, mientras que Rodrigo Antonio López Estrada recibiría una supuesta pena de 55 meses. Detenerse en la dimensión de este hecho es inevitable: un grupo armado ilegal, con décadas de historial criminal, se arroga funciones exclusivas del Estado, investiga, acusa, juzga y condena mientras mantiene a sus víctimas privadas de la libertad y convierte el secuestro en un espectáculo propagandístico.
Esto no es justicia, no es política, es poder criminal intentando legitimarse. No se trata de una provocación aislada, sino de un mensaje peligroso: que en ciertos territorios de Colombia, la ley ya no es la Constitución, sino la voluntad de los fusiles.
El orden jurídico colombiano no deja dudas: solo las autoridades legítimamente constituidas pueden administrar justicia. Lo del ELN no es un proceso judicial, es una prolongación del secuestro mediante un montaje diseñado para disfrazar de legalidad lo que sigue siendo un crimen. Pero hay algo aún más inquietante que el acto en sí: el silencio, o peor, la respuesta insuficiente del Estado.
Mientras el ELN secuestra, “juzga” y condena, el discurso oficial insiste en la narrativa de la paz y el diálogo, pero en el terreno la realidad muestra grupos armados que consolidan control territorial, desafían la institucionalidad y cruzan una línea aún más grave: pretenden sustituirla.
No se puede construir paz sobre la base de concesiones tácitas al crimen, ni hablar de reconciliación mientras hay ciudadanos encadenados en la selva, ni gobernar ignorando señales de colapso institucional. Aquí no hay zonas grises: hay una frontera clara entre legalidad y barbarie, y lo ocurrido representa barbarie organizada con pretensiones de legitimidad.
Aún más preocupante es la anestesia moral que parece instalarse en sectores de la sociedad: se relativiza, se minimiza, se normaliza. Pero el silencio no es neutral, legitima, habilita y termina construyendo impunidad, porque cuando el crimen deja de generar indignación, empieza a consolidarse como alternativa de poder.
Hoy no solo están secuestrados Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, hoy está secuestrada la idea misma de Estado. Está en juego la credibilidad institucional, la vigencia de la ley y la capacidad del país para defender los límites básicos de la civilización.
Colombia enfrenta una pregunta incómoda pero inevitable: hasta dónde está dispuesto a ceder el Estado antes de dejar de ser Estado. Porque cuando los criminales se convierten en jueces y el gobierno actúa como espectador, la paz deja de ser una meta y se convierte en una coartada, y en ese escenario lo que termina imponiéndose no es la reconciliación, sino el miedo.
