El comunicado de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación suena impecable en lo jurídico, pero profundamente insuficiente en lo político. Reitera lo obvio: que Colombia es un Estado Social de Derecho, que solo las autoridades legítimas pueden administrar justicia y que el secuestro es un crimen inadmisible. Todo cierto. Todo correcto. Pero también, cada vez más distante de la realidad que viven amplias zonas del país.
Porque mientras las instituciones recuerdan lo que debería ser, los hechos muestran lo que realmente está ocurriendo: un grupo armado ilegal secuestra funcionarios del Estado, los retiene por meses y, en un giro aún más alarmante, intenta revestir su acción criminal con una fachada de “justicia”. Y frente a eso, la respuesta oficial vuelve a ser un comunicado.
El pronunciamiento exige la liberación sin condiciones de Jesús Antonio Pacheco Oviedo, Rodrigo Antonio López Estrada, Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza. Es un llamado necesario, pero también revela una paradoja inquietante: el Estado suplica lo que debería estar en capacidad de garantizar.
Se agradecen los canales humanitarios, se invoca la experiencia del conflicto, se advierte sobre el daño del secuestro. Pero el mensaje de fondo es otro, aunque no se diga explícitamente: hoy, en ciertas regiones de Colombia, la institucionalidad no tiene el control y ahí está el verdadero problema.
Porque el secuestro no es solo un delito. Es una demostración de poder. Es la evidencia de quién manda en el territorio. Y cuando ese poder lo ejerce un grupo ilegal sobre funcionarios del propio Estado, lo que está en juego no es solo la libertad de cuatro personas, sino la autoridad misma del orden constitucional.
El comunicado insiste en que estas prácticas afectan la confianza en los esfuerzos de paz. Pero la erosión es más profunda: lo que está en crisis no es solo la confianza, es la credibilidad. Porque no basta con declarar principios cuando estos son sistemáticamente desafiados sin consecuencias visibles.
Durante años, Colombia ha construido un andamiaje jurídico robusto, reconocido incluso a nivel internacional. Sin embargo, episodios como este evidencian una fractura: la distancia entre el Estado normativo y el Estado real y en ese vacío, los actores armados no solo operan: avanzan. Avanzan cuando secuestran, cuando condicionan liberaciones y sobre todo, cuando logran imponer narrativas que simulan legalidad.
Por eso, el punto crítico no es únicamente la exigencia de liberación. Es la ausencia de una respuesta que vaya más allá del lenguaje institucional. Porque cuando el Estado se limita a exhortar, pero no logra imponer su autoridad, el mensaje que se instala es peligroso: que la ley existe, pero no necesariamente se cumple.
El caso de Arauca es una señal de alerta. Una advertencia de que el monopolio legítimo de la fuerza —base de cualquier Estado— está siendo disputado en la práctica y frente a eso, los comunicados, por correctos que sean, ya no bastan.
Porque un Estado que solo puede recordar sus principios, pero no hacerlos valer, corre el riesgo de convertirse en una figura simbólica y cuando eso ocurre, la ley deja de ser una garantía y empieza a ser una aspiración.
