La denuncia presentada por el ingeniero y columnista de 724 | Noticias, Álvaro González Álvarez, terminó destapando un hecho que hoy obliga a poner la lupa sobre la contratación de Distriseguridad, entidad dirigida por Jaime Hernández Amín.

A través de una petición radicada el 12 de mayo de 2026, bajo el radicado 2026-1451, González Álvarez solicitó verificar la situación contractual y los títulos académicos de Diana Andrea De La Cruz Aponte, Eder Enrique Taborda Barrios y Edwin Taborda Barrios.

La respuesta oficial de la entidad, contenida en el Oficio No. 0871 del 21 de agosto de 2026 y emitida después de una tutela, reveló que las universidades consultadas no encontraron registros académicos que respaldaran los estudios acreditados por los tres contratistas.

El dato más contundente aparece en el concepto jurídico citado por Distriseguridad, donde se confirman los hallazgos del ingeniero González Álvarez: de acuerdo con la información suministrada por las instituciones educativas, “la documentación allegada por los contratistas objeto del presente concepto carece de veracidad”.

A partir de esas verificaciones, la entidad confirmó la terminación de los contratos de Eder Taborda Barrios, Diana De La Cruz Aponte y Edwin Taborda Barrios. La finalización de los contratos se hizo efectiva mediante carta de renuncia del 25 de mayo de 2025, en el caso de Eder Taborda, y mediante las Resoluciones 062-2026 y 061-2026, en los casos de Edwin Taborda y Diana De La Cruz, respectivamente, ambas expedidas el 22 de junio de 2026.

El mismo concepto jurídico Distriseguridad recomendó que los hechos fueran puestos en conocimiento de las autoridades penales y disciplinarias, para que estas determinen si existen responsabilidades. Sin embargo, esta recomendación resulta tardía, ya que el ingeniero González Álvarez presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Seccional Cartagena el 14 de mayo de 2024, dos días después de que develara los hechos en la columna ‘Feria de diplomas fantasmas y contratos reales en Cartagena y Bolívar’.

La respuesta de Distriseguridad sostiene que, durante los procesos contractuales, actuó bajo el principio de buena fe y realizó consultas sobre antecedentes en diferentes bases oficiales. Además, argumenta que no contaba con mecanismos propios para verificar directamente la autenticidad de los títulos académicos. No obstante, este argumento resulta cuestionable, teniendo en cuenta que existen documentos que van en contravía de lo afirmado en la citada contestación.

La primera inconsistencia es que, el 13 de mayo de 2026, luego de la petición del ingeniero González, Distriseguridad envió a la Fundación Universitaria del Área Andina una solicitud de verificación de la autenticidad del título de especialista en Alta Gerencia de Edwin Taborda Barrios, la cual fue respondida por dicha institución el 26 de mayo.

Distriseguridad hizo lo propio con Tecnar y solicitó la validación del diploma de tecnóloga en Gestión Financiera de Diana De La Cruz Aponte, cuya respuesta llegó el 21 de mayo. Pese a que Distriseguridad conocía las respuestas de las instituciones educativas desde mayo, esperó hasta el 22 de junio para terminar los contratos de Edwin Taborda y su cónyuge, Diana De La Cruz.

Lo que resulta aún más llamativo es que, pese a conocer las actuaciones relacionadas con los tres contratistas desde hacía casi tres meses, solo hasta la respuesta del 21 de agosto —obtenida después de una tutela— decidió recomendar que esas presuntas conductas punibles fueran puestas en conocimiento de las autoridades penales y disciplinarias. ¿Por qué la demora? ¿Qué habría ocurrido si el ingeniero González no hubiera presentado la denuncia ante la Fiscalía en mayo pasado?

La segunda inconsistencia golpea directamente uno de los principales argumentos de Distriseguridad: la afirmación de que la entidad no contaba con mecanismos para verificar la autenticidad de los diplomas y que, por tanto, habría sido sorprendida en su buena fe. Sin embargo, los propios documentos conocidos contradicen esa explicación. Los mecanismos de verificación sí existían y eran perfectamente accesibles; de hecho, fueron los mismos que utilizó el ingeniero Álvaro González Álvarez para poner al descubierto las inconsistencias académicas. La pregunta, entonces, es inevitable: si esos mecanismos estaban disponibles, ¿por qué Distriseguridad no los utilizó antes de contratar y pagar con recursos públicos? Más que una falta de herramientas, lo que queda por esclarecer es si hubo una falla de control, una omisión en la verificación de los documentos o simplemente no se hizo lo que debía hacerse.

Este punto resulta especialmente delicado, porque las inconsistencias en los diplomas, según los documentos examinados, no requerían una sofisticada investigación para ser advertidas: podían ser detectadas, incluso, con una revisión básica de los documentos presentados. Si las irregularidades estaban a la vista, la pregunta resulta inevitable y mucho más grave: ¿cómo nadie en Distriseguridad las advirtió antes de que esos documentos fueran utilizados para sustentar contratos pagados con recursos públicos?

La tercera inconsistencia se deriva del hecho de que Edwin Taborda Barrios y Jaime Hernández Amín fueron socios fundadores de la Fundación Conocimiento y Conciencia (Fundación Cocolab), lo que da cuenta del grado de cercanía entre ambos. Por ello, resulta necesario esclarecer si el director de Distriseguridad tenía conocimiento de las credenciales académicas de su socio y amigo, así como de las del hermano y la cónyuge de este.

La relevancia de esta historia está precisamente en su origen: la alerta no surgió de un control preventivo de la entidad, sino de la petición de Álvaro González Álvarez, quien decidió preguntar y exigir respuestas. Fue esa solicitud la que llevó a Distriseguridad a entregar información que hoy pone bajo escrutinio la forma en que se verifican los requisitos de quienes son contratados con recursos públicos.

Además de las presuntas conductas punibles de falsedad en documento privado y fraude procesal, los tres contratistas también podrían enfrentarse a una eventual investigación por el delito de peculado por apropiación, en calidad de intervinientes, según los hechos que deberán ser determinados por las autoridades competentes.

La gravedad del asunto también radica en el impacto que estas inconsistencias pudieron tener sobre la contratación pública. Entre 2024 y 2026, cada uno de los tres contratistas habría celebrado cuatro contratos y recibido honorarios superiores a los que, según lo expuesto en la denuncia, les habrían correspondido si no cumplían con las credenciales académicas exigidas para esos cargos. De confirmarse estos hechos, no se trataría únicamente de diplomas cuestionados: estaría en juego el acceso a contratos públicos, el reconocimiento de honorarios y, eventualmente, el uso de recursos del Estado con fundamento en requisitos académicos que no habrían sido acreditados.

La Fiscalía también deberá determinar si corresponde extender sus investigaciones al interior de Distriseguridad, con el propósito de establecer cómo pudieron llegar esos documentos a un proceso de contratación pública sin que fueran detectadas previamente las inconsistencias; quiénes verificaron las hojas de vida y qué controles funcionaron —o fallaron— antes de las vinculaciones.

La denuncia de Álvaro González Álvarez puso el foco donde debía estar: en los controles, las responsabilidades y el manejo de los recursos públicos. Ahora la palabra la tienen los organismos de control y la justicia, que deberán establecer qué ocurrió, quiénes intervinieron, qué controles fallaron y si hubo omisiones que permitieron que documentos cuestionados terminaran respaldando contratos públicos.

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Porque en la contratación estatal la verificación de la idoneidad no es un trámite de papel ni una formalidad que pueda pasarse por alto. Es un deber de quienes administran recursos públicos y una garantía para los ciudadanos. Y cuando esa obligación falla, la pregunta ya no es solamente quién presentó los documentos, sino quién los recibió, quién los revisó, quién los aprobó y por qué nadie actuó a tiempo.