Hay decisiones de gobierno que merecen respaldo. Otras requieren explicaciones. Y hay decisiones que, por la cantidad de recursos públicos comprometidos, por su alcance institucional y por el impacto que pueden tener sobre millones de usuarios, obligan a la ciudadanía a exigir respuestas antes de entregar un solo voto de confianza.
El retiro del Proyecto de Acuerdo 116 de 2026, mediante el cual la administración de Dumek Turbay pretende crear una Empresa Oficial de Servicios Públicos de Cartagena, pertenece a esta última categoría. El Concejo Distrital aprobó este lunes 5 de octubre el retiro de la iniciativa, con 16 votos a favor, ninguno en contra y tres concejales ausentes.
La propia Alcaldía explicó que el proyecto será revisado para “subsanar” elementos que pudieran comprometer su blindaje jurídico, con la intención de volver a presentarlo. Y aquí comienza el verdadero debate. Porque si una iniciativa que pretende modificar de manera profunda el modelo de prestación de los servicios públicos de Cartagena tuvo que ser retirada para fortalecer precisamente su blindaje jurídico, la ciudad tiene derecho a preguntar algo elemental: ¿qué era lo que había que blindar y por qué esas observaciones no fueron resueltas antes de llevar el proyecto al Concejo?
Se trata de recordar que una administración pública no puede pedirle a Cartagena que confíe ciegamente en una iniciativa que compromete recursos, estructura administrativa, servicios esenciales y decisiones que podrían tener consecuencias durante décadas.
El proyecto no es pequeño. La empresa propuesta tendría un capital inicial de 10.000 millones de pesos aportados por el Distrito, funcionaría como Empresa Industrial y Comercial del Estado y tendría facultades que superarían ampliamente la operación de agua y alcantarillado: aseo, energía eléctrica, telefonía y alumbrado público, incluso con posibilidades de operar por fuera de la jurisdicción de Cartagena.
El gerente sería designado por el alcalde y dos terceras partes de la Junta Directiva corresponderían a delegados de la Alcaldía. Estamos, entonces, ante una estructura pública con dinero público, amplias competencias y una fuerte participación del Ejecutivo Distrital en su gobierno corporativo. Por eso no basta con decir que el proyecto será “blindado”. Cartagena necesita saber qué significa exactamente ese blindaje.
¿Blindaje jurídico frente a qué riesgos? ¿Frente a demandas? ¿Frente a eventuales controversias contractuales? ¿Frente a la transferencia de infraestructura? ¿Frente al régimen tarifario? ¿Frente a la sostenibilidad financiera? ¿Frente a las relaciones con los actuales operadores? ¿Frente a eventuales responsabilidades patrimoniales del Distrito? ¿O frente a todos los anteriores? Estas no son preguntas malintencionadas.
Son las preguntas que deberían hacerse antes de crear una empresa que pretende intervenir en uno de los asuntos más delicados de cualquier ciudad: el agua y los servicios públicos esenciales. La administración Turbay ha presentado el proyecto como una transformación profunda del modelo actual y ha defendido públicamente que Cartagena debe recuperar el control sobre sus servicios públicos. Incluso ha cuestionado el papel de Aguas de Cartagena y Veolia y ha planteado una empresa ciento por ciento pública como alternativa.
Ese debate puede ser legítimo. Pero aquí está la línea que no puede cruzarse: una cosa es cuestionar el modelo existente y otra muy distinta demostrar que el modelo propuesto funcionará mejor. Y esa demostración no puede hacerse con discursos. Tiene que hacerse con estudios, con números, con proyecciones, con indicadores, con escenarios financieros, con análisis jurídicos, con estudios técnicos, con mecanismos de control y, sobre todo, con garantías institucionales que sobrevivan al actual alcalde.
Cartagena no necesita una empresa pública que funcione bien mientras exista una determinada administración. Necesita una empresa que pueda funcionar bien independientemente de quién ocupe el Palacio de la Aduana. Ese es el verdadero desafío.
La Alcaldía ha anunciado que la nueva entidad tendría un gobierno corporativo destinado a evitar la politización. Pero precisamente por eso la ciudad debe exigir que ese blindaje institucional quede claramente establecido, sea público y pueda ser examinado antes de que el Concejo vuelva a votar. Porque hay una pregunta que nadie debería esquivar: ¿quién garantiza que una empresa pública de servicios esenciales no termine convertida, con el paso de los años, en una gigantesca estructura burocrática al servicio de la política de turno?
No estamos afirmando que eso vaya a ocurrir. Estamos diciendo que el diseño institucional debe impedirlo. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. También hay que hablar de dinero. Los 10.000 millones de pesos de capital inicial son una cifra importante, pero no necesariamente representan el costo total de poner en funcionamiento una empresa de esta naturaleza.
Cartagena necesita conocer el costo real de la estructura administrativa, el personal, la operación, los estudios, los sistemas, la infraestructura, la contratación, las inversiones futuras y las obligaciones que eventualmente asumiría el Distrito. Y hay una pregunta todavía más importante: ¿cuánto dinero público tendrá que aportar Cartagena si la empresa no alcanza su equilibrio financiero?
La administración sostiene que la Secretaría de Hacienda emitió una certificación de impacto fiscal viable y que CONFISCAR evaluó y aprobó la iniciativa. Bien. Entonces que esos documentos sean conocidos por la ciudadanía. Que se publiquen. Que se expliquen. Que sean examinados. Que se confronten con escenarios pesimistas y no solamente con las proyecciones optimistas de quienes impulsan el proyecto.
Demostrar que una empresa puede ser constituida no significa demostrar que puede ser sostenible. Y mucho menos significa demostrar que será eficiente. Cartagena ya sabe que crear entidades públicas es relativamente sencillo. Lo verdaderamente difícil es hacerlas funcionar bien, evitar su politización, garantizar su sostenibilidad y lograr que cumplan el propósito para el cual fueron creadas.
Hay otro asunto que tampoco puede pasar inadvertido. Durante este año, la administración Turbay ha planteado diferentes estructuras empresariales públicas para atender asuntos estratégicos de Cartagena. En marzo anunció una empresa pública para el mantenimiento del Corredor de Carga y la gestión de grandes escenarios de la ciudad. Esto obliga a formular una pregunta de fondo: ¿cuál es la arquitectura empresarial del Distrito? ¿Existe un modelo integral de empresas públicas? ¿Existe una política de gobierno corporativo común? ¿Existen límites claros para impedir la duplicidad de funciones? ¿Existe una estrategia financiera de largo plazo? ¿O Cartagena está construyendo empresas públicas una por una para responder a problemas diferentes?
Si existe una estrategia institucional, el Gobierno Distrital debería mostrarla. Y si no existe, el Concejo tiene la responsabilidad de exigirla. Porque los servicios públicos no pueden manejarse con la lógica de “ensayemos y después vemos”. Con el agua no se improvisa. Mucho menos en una ciudad que ha sufrido cortes, racionamientos, problemas de infraestructura y dificultades históricas de cobertura. Precisamente por eso resulta necesario que una iniciativa presentada como una solución estructural para los servicios públicos sea revisada con el máximo rigor antes de regresar al Concejo.
El alcalde tiene derecho a retirar un proyecto. El Concejo tiene derecho a aprobar o negar una iniciativa. Y la ciudadanía tiene el derecho —y el deber— de preguntar. Lo que no puede ocurrir es que el debate termine reducido a una pelea política entre quienes defienden lo público y quienes defienden lo privado. Ese no es el verdadero problema.
El verdadero problema es qué modelo garantiza mejor el servicio, quién lo administra, cuánto cuesta, cómo se controla, quién responde por las pérdidas y qué mecanismos existen para impedir que los intereses políticos terminen imponiéndose sobre las necesidades de los usuarios.
Cartagena no necesita cambiar una dependencia por otra. Necesita resultados, agua, alcantarillado, aseo, infraestructura, necesita cobertura en los corregimientos, inversiones sostenibles y necesita que cada peso de los cartageneros pueda ser rastreado, auditado y explicado.
Este editorial no cuestiona el derecho del Distrito a recuperar capacidad de gestión sobre los servicios públicos. Cuestiona que una transformación de semejante magnitud pueda convertirse en una bandera política antes de que estén sobre la mesa todas las respuestas técnicas, financieras, jurídicas y administrativas.
El retiro del proyecto puede convertirse en una oportunidad. No para enterrarlo. No para aprobarlo a pupitrazos. Pero tampoco para presentarlo nuevamente con las mismas dudas y esperar que el Concejo simplemente lo apruebe. La oportunidad consiste en hacer algo mucho más serio: abrir nuevamente el proyecto, corregirlo, explicarlo, transparentarlo y someterlo al examen más duro posible.
Si la propuesta es sólida, sobrevivirá. Si las cifras son correctas, resistirán. Si el blindaje jurídico es real, podrá demostrarse. Si la estructura financiera es sostenible, podrá explicarse. Y si el gobierno corporativo realmente impedirá la politización, deberá quedar escrito de manera que ningún alcalde futuro pueda desmontarlo a conveniencia. Eso es lo que Cartagena necesita.
El agua de Cartagena no puede convertirse en una bandera electoral. Tampoco puede convertirse en un experimento administrativo. Y mucho menos puede quedar sometida a la confianza personal que los ciudadanos tengan hoy en el alcalde de turno. Los alcaldes pasan, las empresas públicas quedan, las deudas quedan, los contratos quedan, las obligaciones quedan y los ciudadanos terminan pagando cuando las decisiones fueron mal diseñadas.
Dumek Turbay tiene ahora una responsabilidad mucho mayor que volver a presentar el Proyecto 116. Tiene que demostrar que el retiro no fue simplemente una pausa para corregir la forma, sino una oportunidad real para corregir el fondo, despejar las dudas y entregar a Cartagena una propuesta jurídicamente sólida, financieramente sostenible y técnicamente defendible.
Si el proyecto pretende cambiar la historia de los servicios públicos de Cartagena, tendrá que soportar algo más difícil que una votación en el Concejo: tendrá que soportar el escrutinio de toda una ciudad. Y esta vez, Cartagena no debería conformarse con promesas. Que hablen los estudios, las cifras, los documentos y que responda la administración.
