El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) ejerce una labor fundamental: vigilar y sancionar el ejercicio ético de una profesión con impacto directo sobre la vida humana y la infraestructura de Colombia. Sin embargo, su estructura actual lo confina a un rol estrictamente reactivo. Actúa como un tribunal disciplinario que investiga fallas o tragedias estructurales solo después de que el daño está hecho. Es urgente evolucionar: la ingeniería colombiana debe pasar de un modelo de «apagar incendios» a uno proactivo, centrado en mitigar riesgos y validar competencias continuamente.
El primer gran obstáculo es la naturaleza de la matrícula profesional. En Colombia, acceder a la autorización para ejercer es un simple trámite de ventanilla: basta presentar el diploma universitario y pagar una tarifa para obtener una «licencia vitalicia». Este modelo asume, de manera muy peligrosa, que lo que uno aprendió en la universidad sirve para toda la vida. No existe el requisito de desarrollo profesional continuo ni la obligación de actualizarse frente a nuevas tecnologías, al cambio climático o a los ajustes al Reglamento Sismorresistente. Un ingeniero puede recibir su tarjeta a los 22 años y diseñar obras a los 60 bajo paradigmas obsoletos, sin que ninguna entidad cuestione su idoneidad.
Este debate no es nuevo. Tras colapsos estructurales que nos han dolido a todos, entidades como la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) y la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) han urgido a elevar el rigor profesional. Lamentablemente, estas reformas chocan contra dos muros. Primero, la timidez legislativa. Fíjense cómo, ante las tragedias, el Congreso (como en la Ley Anti-Space) se limitó a crear más burocracia, como el Supervisor Técnico Independiente, optando por poner a un profesional a vigilar a otro en lugar de exigir idoneidad continua.
Segundo, el fuerte lobbying del sector educativo, amparado en una interpretación del derecho al trabajo (artículo 26 de la Constitución). Imponer un examen de licenciamiento que condicione la tarjeta profesional a verdaderas capacidades revelaría las graves deficiencias de facultades que operan como «universidades de garaje».
A este letargo se suma un marco regulatorio incapaz de auditar proactivamente los procesos internos de calidad de quienes diseñan y construyen. La vigilancia recae sobre terceros (interventorías y curadurías urbanas), que no regulan los flujos de trabajo de las firmas de diseño. No es obligatorio demostrar procesos de revisión independiente de cálculos críticos o de supervisión de ingenieros junior, más allá de la simple retención documental por 10 años exigida por ley.
Para modernizarse, el COPNIA debe abolir la matrícula vitalicia. La licencia debe exigir una renovación periódica condicionada a horas demostrables de actualización técnica. Además, debe exigirse la implementación de planes de gestión de calidad en las firmas consultoras, sujetos a auditorías aleatorias.
Dado que el COPNIA es una entidad administrativa sin el presupuesto ni la capacidad técnica para liderar estas auditorías o evaluar planes de educación continua, una posible solución es la descentralización y articulación. Por ejemplo, vincular activamente a gremios como la SCI e integrarlos a su brazo operativo. Estas asociaciones, dueñas del rigor técnico, podrían certificar créditos de actualización, redactar guías de diseño y ejecutar las auditorías.
Transformar al COPNIA en un ente articulador del aseguramiento de la calidad es el camino probado para proteger verdaderamente a la ciudadanía y elevar los estándares de la ingeniería en el país.
