Cartagena de Indias es uno de aquellos casos en los cuales uno se pregunta de manera recurrente si vive en una ciudad que realmente aspira a la modernidad y al bienestar general de sus habitantes, ya que los hechos que suelen presentarse en temas de seguridad y riesgo ambiental parecen indicar todo lo contrario.
Es inaudito que sigamos padeciendo problemas que pueden ser fácilmente predecibles y gestionados a tiempo, tales como las recientes inundaciones ocurridas en diversos barrios de la ciudad, como Las Palmeras, El Campestre, El Socorro y otros sectores como Bocagrande, donde incluso se adelanta una de las mayores obras de infraestructura para la operación de drenajes pluviales de la ciudad.
Y todo esto sucede a pesar de contar con una administración distrital central representada por la Alcaldía Mayor, así como con algunas dependencias descentralizadas, como las alcaldías menores, y, además, con una Unidad de Gestión del Riesgo, un establecimiento público ambiental (EPA Cartagena) y diversas entidades de vigilancia, como la Procuraduría Ambiental, la Policía Ambiental y organizaciones de la sociedad civil, como la Guardia Ambiental.
En términos ponderales, la mayor causa de las inundaciones se relaciona con el deficiente diseño del sistema de drenajes de la ciudad. Sin embargo, hay otras causas subyacentes que pueden ser fácilmente gestionadas de manera anticipada, como ocurre con la proliferación de plantas macrófitas y la acumulación de residuos en los canales principales de las zonas antes mencionadas, factores que también reducen la capacidad hidráulica de estos sistemas, por lo que resulta necesaria la implementación de monitoreos y mantenimientos permanentes, sobre todo en momentos como el actual, cuando ocurren fenómenos asociados con frentes fríos que han sido previamente comunicados por entidades como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y la Dirección General Marítima (DIMAR).
A pesar de contar con todas las instituciones anteriormente mencionadas y con la información que estas ofrecen de manera oportuna, es evidente que la ciudad tiene baja capacidad técnica y operativa para velar por la vigilancia y la protección ambiental y de la infraestructura, dejando a los ciudadanos en una situación de alta vulnerabilidad frente a los fenómenos climáticos y ambientales.
En Cartagena no existe excusa alguna para omitir la intervención de los canales que mayormente ocasionan desastres en la ciudad, debido a que se cuenta con información climatológica previa que, en cualquier ciudad del mundo, es clave para gestionar el riesgo de ocurrencia de fenómenos ambientales. Esto es particularmente relevante en el actual contexto de cambio climático, sin mencionar que las señales de la necesidad de mantenimiento de los drenajes de la ciudad, aunque parecen algo obvio, parece que no lo son tanto para las autoridades o quienes las representan.
Bajo estas consideraciones, uno se pregunta si realmente estas entidades cuentan con el personal capacitado y con la debida articulación para poder utilizar las herramientas que tienen a la mano y gestionar de manera eficiente y oportuna el riesgo ambiental en la ciudad. No es posible que, en una ciudad con la importancia turística internacional que tiene Cartagena de Indias, no se pueda realizar una adecuada gestión del riesgo hidrológico y ambiental, sobre todo por el impacto negativo que esto genera tanto en el turismo (un sector que tanto dice apreciar la ciudad) como en las comunidades donde son recurrentes las afectaciones a las personas, debido a que ven comprometidas sus viviendas y los pocos enseres que estas pueden tener y que han obtenido con gran sacrificio.
Si analizamos el comportamiento de las inversiones en infraestructura en la ciudad, nos damos cuenta de que la prioridad de esta administración no ha sido subsanar aquellas deficiencias que se presentan en el territorio y que afectan de manera directa a las comunidades vulnerables. Por el contrario, la mayoría de las inversiones han estado orientadas hacia el favorecimiento del sector turístico en la zona norte de la ciudad, dejando desprotegidas a aquellas familias que realmente necesitan una intervención oportuna para reducir su vulnerabilidad y, con ello, generar un mayor impacto social que permita mejorar sus condiciones de vida, de tal manera que se reduzca la notoria brecha social.
Cabría la pena, entonces, preguntarse si, en vez de usar las cámaras de seguridad y los drones del fracasado Plan Titán para la publicidad de la administración distrital, estos se destinaran a programas de monitoreo de los canales y de los pocos fragmentos de bosque que quedan en la ciudad. Esto podría complementarse con el uso de herramientas de monitoreo basadas en gemelos digitales e inteligencia artificial, claves para transformar la gestión del riesgo, que podrían integrarse con datos en tiempo real generados mediante sensores hidrométricos y modelos hidrodinámicos 3D.
Con esta estrategia sería posible anticiparse a los efectos de las inundaciones pluviales y a la inestabilidad de laderas. La articulación entre infraestructura inteligente y modelos predictivos optimizaría la toma de decisiones institucionales y fortalecería la resiliencia socioambiental de las comunidades más vulnerables de la ciudad.
Lo anterior requiere la articulación entre las diferentes entidades del distrito y las nacionales, además de contar con personal técnico y científico altamente capacitado que ayude a realizar análisis profundos sobre las situaciones que se presenten y a reducir de manera significativa la vulnerabilidad de la ciudad ante la ocurrencia de fenómenos climáticos.
Ojalá que la administración distrital tome conciencia de las implicaciones que tiene el descuido de las comunidades vulnerables y del impacto que esto realmente tiene en la economía local, ya que las estimaciones realizadas por algunos autores indican que las afectaciones ambientales en países en desarrollo pueden impactar negativamente entre el 15 % y el 20 % de su producto interno bruto.
En el caso particular de Cartagena, un estudio de vulnerabilidad al cambio climático realizado en 2021 en la Universidad de Cartagena mostró que «a nivel intraurbano existen brechas profundas donde las poblaciones con menores recursos y peores condiciones de hábitat absorben desproporcionalmente los impactos del cambio climático», razón por la cual sus autores destacan la importancia de canalizar recursos de adaptación costera y mitigación de riesgos de forma prioritaria hacia sectores informales o marginados. Con ello se mejoraría la infraestructura pluvial, la calidad de la vivienda y la capacidad organizativa comunitaria. En efecto, la falta de saneamiento básico, la precariedad de la vivienda y los bajos ingresos económicos multiplican la sensibilidad ante las emergencias climáticas.
A partir de los resultados obtenidos por la Universidad de Cartagena previamente mencionados y teniendo en cuenta la situación experimentada el pasado 24 de octubre, tuve la oportunidad de realizar un análisis preliminar usando el método estocástico conocido como las cadenas de Markov, a partir del cual pude estimar que la inundación en Cartagena actuó como un catalizador que probablemente elevó la saturación del suelo hasta un 88 %, haciendo que los sectores vulnerables permanecieran en estado de riesgo crítico y facilitando, además, que lluvias con una intensidad entre un 30 % y un 40 % menor tengan un 75 % de probabilidad de causar estragos similares, debido a las condiciones de saturación del suelo. Es así como, muy probablemente, el 68 % de las comunidades periféricas quedaría atrapado en una trampa de vulnerabilidad recurrente.
El análisis anterior demostraría que, sin una intervención social real y adaptativa, la ciudad tenderá a permanecer en una condición de emergencia permanente. Esto resulta particularmente preocupante debido a que las personas expuestas a inundaciones enfrentan otros riesgos sanitarios graves, entre los que se destacan la exposición a vectores de enfermedades como el dengue, así como afectaciones a la salud, como el desarrollo de gastroenteritis, leptospirosis y problemas respiratorios o cutáneos causados por el contacto con agua contaminada con diferentes tipos de microorganismos.
En el plano psicológico, el hecho de perder de manera intempestiva las condiciones de bienestar del hogar y los medios de vida genera en las personas afectadas estrés postraumático, depresión y, en algunos casos, procesos de duelo y ansiedad que afectan de manera desproporcionada su calidad de vida. Esto muchas veces no se tiene en cuenta dentro de las evaluaciones realizadas por las autoridades, que regularmente se centran en cuantificar los daños materiales y no en evaluar la integridad personal y familiar.
Ante este panorama, exhorto al alcalde Dumek Turbay a que deje de botar tanta espuma por la boca hablando en los medios como un «boca e’ champú», porque las comunidades vulnerables no se salvan con cemento y pintura, sino con una intervención social real y a escala.
