En pleno Halloween, el Gobierno presentó una reforma tributaria disfrazada de recorte al gasto público. El entonces candidato De la Espriella aseguró en campaña que «Colombia no necesita más impuestos que ahoguen a los campesinos y empresarios». El jueves radicó la ley de rescate, con más IVA, más renta para la clase media y mayores cotizaciones a salud. La promesa de campaña se incumplió.
No sobra recordar el camino. El 16 de septiembre, el Centro Democrático radicó un proyecto que le otorgaba al presidente facultades extraordinarias por seis meses para fusionar y suprimir entidades, eliminar duplicidades y adelgazar el Estado. La Constitución exige que el Gobierno las solicite expresamente. Durante mes y medio se lo preguntamos una y otra vez. El jueves, a las 6:15 de la tarde, respondió que no las necesitaba. Unos minutos más tarde, las pidió en el artículo 7 de su proyecto de reforma tributaria, denominado Ley de Rescate Fiscal. Como ponente, quedé obligado a solicitar el archivo de nuestra iniciativa. Sin la solicitud expresa del Gobierno, aprobarla habría sido inconstitucional. Perdimos mes y medio que habríamos podido aprovechar para estudiar con mayor profundidad el recorte del gasto.
Ocurrió algo similar durante el debate del presupuesto de 2027. Radicamos una proposición para recortar dos puntos del PIB en gasto y dejábamos en manos del Gobierno la decisión sobre dónde hacer el ajuste. No tiene sentido levantar un edificio completo para después demoler dos pisos. La noche del debate, el Gobierno se opuso una y otra vez a nuestra proposición, alegando que no era posible realizar un recorte de siquiera un punto del PIB. Dos semanas después, radicó esta reforma tributaria con una propuesta de ajuste. No se entiende por qué el Gobierno se atraviesa en las iniciativas del Congreso y luego las presenta como propias.
Dicho esto, el Gobierno tiene razón en lo esencial: el ajuste es indispensable. Sin medidas, la deuda superaría en 2028 el límite del 71 % del PIB que fija la regla fiscal, de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Y la ley contiene medidas muy positivas. Reduce a la mitad el gasto en contratistas en 2027, obliga a disminuir en un 20 % la nómina estatal en 2028, sin tocar a la Fuerza Pública, y reduce la tarifa del impuesto de renta de las empresas del 35 % al 31 %, incentivando la inversión y el crecimiento.
Ocurre, sin embargo, que de los 40 billones de pesos del ajuste anunciado, apenas una cuarta parte, cerca de 10 billones, corresponde a recortes del gasto, es decir, a un verdadero ajuste. El resto proviene de impuestos y aportes. El problema está en esa otra parte del proyecto, la que golpea al colombiano de a pie.
Empecemos por la salud. Dada la grave crisis que atraviesa el país, con las tutelas disparadas, que pasaron de 156.000 en 2022 a 313.000 en 2025, de ninguna manera es viable encarecer los seguros y servicios complementarios de salud. Cerca de 1,5 millones de colombianos hacen un enorme esfuerzo para pagar medicina prepagada porque el sistema no les responde y terminan pagando dos veces. La propuesta del Gobierno aumenta el IVA de la medicina prepagada del 5 % al 19 %, un golpe directo a los adultos mayores, y eleva la cotización en salud de quienes ganan más de dos salarios mínimos, que pasarían de aportar el 4 % a pagar hasta el 8 % de su sueldo. Los independientes pasarían de cotizar el 12,5 % hasta el 15,5 %. Absurdo.
Sigue la comida. En un contexto en el que la inflación anual está alrededor del 6 %, tampoco es viable incrementar el precio de la canasta básica. Productos esenciales como el café, el azúcar, los aceites, la avena, las pastas y el chocolate pasarían del 5 % al 19 % de IVA. El tinto, el desayuno y el mercado se volverían más caros.
En materia de renta, el golpe a las familias no es menor. Hoy se empieza a pagar desde las 1.090 UVT. El proyecto baja el umbral a 720 UVT, algo más de 3,1 millones de pesos mensuales, con una tarifa del 9 %; además, recorta los alivios al salario y elimina la deducción por dependientes. Es decir, quienes sostienen a sus hijos o a sus padres mayores tendrán que pagar más.
Ahora bien, también es muy grave lo menos visible. Hoy las empresas están exoneradas de pagar aportes al SENA, al ICBF y a salud por los trabajadores que ganan menos de diez salarios mínimos. La ley limita ese alivio a quienes ganan hasta dos salarios mínimos. La propuesta revierte la reforma de 2012, que redujo en 13,5 puntos los impuestos a la nómina. Un estudio reciente del Banco de la República demuestra que esa reducción disminuyó la informalidad en 5,3 puntos y aumentó el empleo formal en 3,1 puntos. Volver a incrementar los aportes parafiscales y los costos laborales significa revertir esos avances y condenar al país al empleo precario. Y todavía tenemos 13,2 millones de colombianos en la informalidad.
Colombia no sufre por falta de impuestos, sino por exceso de gasto. La discusión no puede centrarse únicamente en cuántos recursos se necesitan, sino también en dónde obtenerlos y a quién afecta la carga tributaria. La coherencia está en reducir el tamaño del Estado, eliminar entidades con funciones duplicadas, fusionar organismos y vender activos. Acompañaré los recortes a la burocracia. Pero los nuevos impuestos parecen claramente regresivos y golpean duramente a la clase media. El ajuste lo debe hacer el Estado, no los ciudadanos.
