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Inicio Cartagena

¡La Alcaldía de Dumek Turbay sabía que el diploma era falso desde diciembre de 2025 y sigue sin dar explicaciones!

724 | NOTICIAS Por 724 | NOTICIAS
22 noviembre, 2026
en Cartagena, ZC
0

Un diploma bajo sospecha, seis contratos públicos por casi $138 millones y una investigación que lleva meses esperando respuestas. Cuando los documentos hablan, pero las instituciones callan, la pregunta ya no es solamente qué ocurrió, sino por qué la justicia tarda tanto en esclarecerlo.


Este es el caso de Tatiana Cecilia Torres Tatis, una historia que comenzó con la revelación de un presunto título académico falso, pasó por seis contratos con entidades públicas por cerca de $138 millones y hoy plantea serios interrogantes sobre el silencio de la Alcaldía de Cartagena y la demora de la Fiscalía en adoptar decisiones.

El 28 de octubre de 2025, desde el portal 724 Noticias, revelamos que Tatiana Cecilia Torres Tatis había presentado un diploma de Administradora de Servicios de Salud, supuestamente expedido por la Universidad de Cartagena el 6 de noviembre de 2015. Sin embargo, una respuesta oficial que recibí de la propia institución universitaria puso en entredicho la autenticidad del documento y señaló que ese título no existía en sus registros.

Lo que inicialmente parecía una denuncia sobre un documento académico terminó convirtiéndose en un asunto de mayor alcance: la utilización de ese diploma para acreditar requisitos en la contratación pública y una investigación penal cuyo desarrollo merece hoy una explicación. (Leer: La sombra de los títulos falsos en la era de Dumek Turbay).

Con el diploma cuestionado, Tatiana Torres Tatis, quien en 2023 habría aportado $4,5 millones a la campaña del hoy alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, terminó vinculada contractualmente con entidades públicas mediante seis contratos que suman $137,9 millones. Según la información recopilada, cinco corresponden a la Alcaldía de Cartagena —dos en Distriseguridad y tres en la Secretaría de Participación y Desarrollo Social— y uno a la Gobernación de Bolívar. Una situación que plantea interrogantes de enorme gravedad: ¿se utilizaron documentos académicos presuntamente falsos para acreditar requisitos y acceder a recursos públicos?

  • Una denuncia penal que tuvo que esperar para comenzar a moverse

Ante estos hechos, el 19 de noviembre de 2025 presenté una denuncia penal que fue asignada, el 24 de noviembre de ese mismo año, a la Fiscalía 62 Seccional de Cartagena, bajo la responsabilidad de Mary Cruz Navarro Atencio, con radicado 130016001128202539974. Desde entonces he hecho seguimiento permanente a la investigación, como corresponde a cualquier ciudadano que acude a la justicia y espera que sus denuncias no terminen archivadas en el laberinto de la burocracia judicial.

La realidad es que, después de varios meses sin una comunicación sustancial por parte del despacho, en marzo de 2026 tuve que requerir formalmente a la fiscal para que se realizara la entrevista de ampliación de denuncia. Es decir, tuve que tocar la puerta de la Fiscalía para que la investigación comenzara a moverse.

Si algo he aprendido de mi experiencia con la Fiscalía Seccional Bolívar es que, en ocasiones, sus despachos parecen funcionar como el Triángulo de las Bermudas o la Dimensión Desconocida: las denuncias entran, los meses transcurren y las respuestas simplemente desaparecen.

No pretendo generalizar sobre todos sus funcionarios, pero sí dejar constancia de una conducta que he encontrado repetidamente en varios de los fiscales con quienes me ha correspondido interactuar: una inexplicable resistencia a imprimirles celeridad a las investigaciones y a ofrecer respuestas oportunas a quienes acudimos a denunciar.

La respuesta recurrente cuando solicito que se impulse una investigación suele ser la misma: el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal establece términos para adelantar la indagación que, en determinados supuestos, pueden extenderse hasta dos años.

Pero aquí hay una diferencia fundamental que algunos despachos parecen pasar por alto: que la ley contemple un plazo máximo no significa que la Fiscalía tenga que agotarlo, ni mucho menos que pueda utilizarlo como justificación automática para la inactividad.

Los términos legales no son una patente de corso para dilatar investigaciones. Cuando existen elementos materiales probatorios y evidencia documental obtenidos legalmente, corresponde valorarlos, orientar las diligencias hacia los aspectos realmente pendientes y evitar actuaciones innecesarias que consuman tiempo y recursos del Estado.

Lo verdaderamente preocupante es que, ante los requerimientos ciudadanos para que se cumplan los deberes funcionales con celeridad, eficiencia y diligencia, algunos despachos parecen concentrar sus esfuerzos en invocar los plazos legales, en lugar de explicar qué han hecho, qué resultados han obtenido y por qué las investigaciones no avanzan. La facultad legal de investigar durante un determinado término no puede convertirse en una excusa para confundir el tiempo disponible con el tiempo que debe desperdiciarse.

Las demoras injustificadas o las eventuales omisiones en el cumplimiento de las funciones de un fiscal pueden comprometer el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. La gravedad aumenta cuando la denuncia pone en conocimiento hechos que podrían afectar directamente el patrimonio público. En esos casos, el Estado no es un espectador: es precisamente uno de los posibles afectados y tiene el deber de proteger sus recursos mediante las instituciones encargadas de investigar las conductas que puedan constituir delitos.

  • La cronología de una investigación marcada por los silencios

Para que los lectores comprendan la dimensión de lo que ha ocurrido con el caso de Tatiana Torres Tatis, presento una cronología que permite contrastar las fechas, los requerimientos y las respuestas del despacho fiscal. Los hechos hablan por sí solos.

El 3 de marzo de 2026, después de varios meses sin avances ni comunicación sustancial por parte del despacho de la fiscal Navarro, tuve que solicitar formalmente que se practicara la correspondiente entrevista de ampliación de denuncia. La diligencia finalmente se realizó el 12 de marzo de 2026 y de ella se derivó el informe de Policía Judicial IC0010307441. Una actuación que debió formar parte del impulso ordinario de la investigación terminó materializándose después de mi requerimiento.

Posteriormente, el 21 de octubre de 2026, ante un nuevo silencio del despacho, presenté otra petición formal solicitando que se le imprimiera impulso a la denuncia. También exigí un informe pormenorizado sobre las actuaciones realizadas, los resultados obtenidos durante la investigación y las diligencias previstas para darle continuidad al proceso. No estaba pidiendo ningún privilegio ni una decisión anticipada: estaba exigiendo información sobre una denuncia que llevaba casi un año en manos de la Fiscalía.

Pero la respuesta tampoco llegó dentro de los términos legales. Ante ese nuevo silencio institucional, el 18 de noviembre de 2026 me vi obligado a presentar una acción de tutela para reclamar una respuesta y hacer valer mis derechos.

Así es como termina funcionando, en la práctica, el seguimiento de una denuncia por hechos que podrían comprometer recursos públicos: el ciudadano denuncia, aporta documentos, solicita actuaciones, insiste, presenta derechos de petición y finalmente tiene que acudir a un juez constitucional para conseguir que la Fiscalía responda. ¿Desde cuándo denunciar un posible delito y exigir que se investigue se convirtió en una carrera de obstáculos para el ciudadano?

  • El documento que compromete las explicaciones de la Alcaldía

Tuvo que llegar el 20 de noviembre de 2026 para que, finalmente, la fiscal Navarro rompiera el silencio y se pronunciara sobre este caso. Sin embargo, lo verdaderamente revelador de su respuesta no es solamente que haya decidido contestar, sino el documento que puso sobre la mesa: el Oficio AMC-OFI-0057912-2026, fechado el 27 de abril de 2026, mediante el cual la Alcaldía de Cartagena respondió a un requerimiento de la Fiscalía. Este documento adquiere especial relevancia porque permite conocer qué información entregó la administración distrital al ente investigador y, sobre todo, qué sabía y desde cuándo sobre el caso de Tatiana Torres Tatis.

Lo que contiene ese oficio abre un nuevo capítulo de interrogantes sobre las actuaciones de la Alcaldía y la respuesta institucional frente a un hecho que compromete la presunta utilización de documentación académica falsa para acceder a contratos públicos.

El documento lleva las firmas de Yira Morales Castro y Ana Milena Jiménez Tuñón, quienes se desempeñan, respectivamente, como directora de la Oficina de Talento Humano y secretaria de Participación y Desarrollo Social es aquí donde aparece un elemento de especial gravedad: ambas funcionarias le informaron formalmente a la fiscal que habían contactado a la Universidad de Cartagena el 27 de octubre de 2025 y que, posteriormente, el 12 de diciembre de ese mismo año, el Alma Mater les confirmó que el diploma presentado por Tatiana Torres Tatis era falso.

En otras palabras, no estamos ante una sospecha surgida de rumores ni frente a una denuncia sin respaldo documental: dos funcionarias de la propia administración distrital pusieron en conocimiento de la Fiscalía que la Universidad de Cartagena había desmentido oficialmente la autenticidad del título.

Me pregunto: si esa información estaba en poder de la Alcaldía desde diciembre de 2025, ¿por qué no hubo un pronunciamiento público contundente y qué actuaciones se adelantaron a partir de semejante confirmación?

Como antecedente fundamental, hay que recordar que en el expediente de la denuncia que reposa en el despacho de la fiscal no solo aporté el oficio oficial de la Universidad de Cartagena, mediante el cual se confirma que el diploma atribuido a Tatiana Torres Tatis no existe en los registros de esa institución. También suministré un enlace directo que permite descargar el documento desde la propia página web de la Universidad y comprobar, sin intermediarios y con absoluta certeza, su autenticidad. Es decir, la Fiscalía no solamente recibió la prueba documental que sustenta la denuncia, sino que tiene a su disposición el mecanismo institucional para verificarla directamente.

No se trata de una información de terceros ni de un documento imposible de rastrear: es una respuesta oficial, verificable y emitida por la propia institución universitaria. Entonces, cabe preguntar: ¿qué más necesita la Fiscalía para establecer un hecho que puede comprobarse directamente en la fuente oficial?

  • La Alcaldía sabía y todavía no explica qué hizo

De todo lo expuesto surgen serios y contundentes interrogantes sobre las actuaciones de Yira Morales, Ana Milena Jiménez y la fiscal Navarro, cuyas decisiones y silencios merecen explicaciones públicas. Hay un hecho que resulta particularmente explosivo: desde diciembre de 2025, la Alcaldía de Cartagena tenía conocimiento directo de que Tatiana Torres habría consignado información falsa en su hoja de vida.

Pese a la gravedad de semejante señalamiento, surgen preguntas que la administración distrital no puede seguir esquivando: ¿verificó los antecedentes?, ¿revisó los contratos?, ¿examinó el cumplimiento de los requisitos?, ¿activó los procedimientos correspondientes? Hasta ahora, no se conoce un pronunciamiento público del alcalde Turbay que despeje estos interrogantes.

Tampoco se ha ofrecido una explicación sobre los otros seis casos de diplomas apócrifos que denuncié: Jeymmy Paola Vargas, Luis Alberto Escobar Infanzón, Ricardo Vellojín Boiga, Eder Barrios Taborda, Edwin Barrios Taborda y Andrea De la Cruz Aponte. Conviene precisar que Eder Barrios Taborda es hermano de Edwin y Andrea De la Cruz Aponte es su cónyuge.

  • El silencio selectivo de algunos sectores de la prensa local

Pero el asunto adquiere una dimensión todavía más incómoda cuando se contrasta con el comportamiento de ciertos sectores de la prensa local. Cuando Cynthia Pérez Amador hacía parte de la administración de William Dau, varios medios de comunicación cercanos a la actual administración Turbay convirtieron su caso en tema recurrente de titulares, cuestionamientos y señalamientos. Sin embargo, hoy que Pérez Amador es contratista de la administración de Dumek Turbay, el tema parece haber desaparecido del radar periodístico. Lo que ayer era escándalo, hoy es silencio. Lo que antes merecía titulares, ahora parece no merecer ni una línea.

¿Cambió la gravedad de los hechos o cambió la cercanía con el poder? ¿La transparencia es una exigencia para todos o solamente para quienes están del otro lado del gobierno? La doble vara con la que algunos parecen medir el ejercicio del poder y el periodismo deja demasiadas preguntas en el aire.

¡Vaya paradoja! En Cartagena, al parecer, hay escándalos que hacen ruido cuando conviene y silencios que resultan ensordecedores cuando los protagonistas están cerca del poder. Las ironías de la política, pero también las contradicciones de un periodismo que debería tener la misma exigencia frente a todos. Esa diferencia de tratamiento deja una pregunta incómoda sobre la independencia periodística: ¿los hechos se investigan y se divulgan por su gravedad o por la conveniencia política de quién resulta involucrado?

La transparencia no puede tener un rasero para los adversarios y otro para los aliados. Si una irregularidad merece atención pública, debe merecerla sin importar quién gobierne, quién contrate o a qué sector político pertenezca la persona señalada.

  • Siete meses después, la Fiscalía ordena nuevas diligencias

Otro hecho que enciende las alarmas tiene que ver con la actuación de la fiscal Navarro. Desde el pasado 27 de abril de 2026, en teoría, tendría sobre su escritorio todos los elementos probatorios necesarios para adoptar una decisión. Sin embargo, el tiempo sigue pasando y la decisión no llega y aquí hay un asunto de fondo que no admite mayores rodeos: si está plenamente acreditado que el diploma presentado por Tatiana Torres es falso, la discusión ya no debería girar alrededor de la autenticidad del documento, sino de las consecuencias penales que se desprenden de su utilización para acceder a seis contratos con entidades públicas, cuyo valor conjunto ronda los $138 millones.

En otras palabras, la Fiscalía tendría que concentrar sus esfuerzos en establecer qué conductas punibles se configuraron, quiénes pudieron tener responsabilidad y por qué, pese al material probatorio que estaría disponible desde hace meses, el caso continúa sin una decisión de fondo.

  • ¿Qué está esperando la Fiscalía para actuar?

Lo verdaderamente desconcertante es que este 20 de noviembre de 2026, después de siete meses sin que aparentemente se produjeran avances sustanciales, la fiscal Navarro decidió expedir una nueva orden a la Policía Judicial, con una vigencia de 60 días, para «practicar nuevas actividades consistentes en la realización de inspecciones judiciales a los expedientes contractuales de Tatiana Cecilia Torres Tatis en la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar, así como la realización del interrogatorio a la mencionada ciudadana».

La pregunta resulta inevitable: ¿por qué tuvieron que transcurrir siete meses para ordenar diligencias que pudieron haberse dispuesto y ejecutado mucho antes? Resulta particularmente llamativo que el despacho fiscal pareciera reactivar actuaciones que estaban pendientes solamente después de que interpuse una acción de tutela y advertí que acudiría a una queja disciplinaria por la aparente inactividad en el trámite de la denuncia. La coincidencia temporal, cuando menos, merece una explicación.

Por supuesto, hay que respetar la autonomía y la independencia de los fiscales en el ejercicio de sus funciones. Pero esa autonomía no puede confundirse con una licencia para prolongar indefinidamente las investigaciones ni para convertir la demora en una respuesta institucional. Considero que las nuevas diligencias ordenadas son, en buena medida, innecesarias o, cuando menos, tardías.

Desde noviembre de 2025, la fiscal cuenta con los enlaces de SECOP correspondientes a los seis contratos cuestionados, mediante los cuales puede consultar sus expedientes contractuales y acceder a la documentación pública. ¿Qué justifica entonces invertir otros 60 días en actuaciones que, en buena parte, podrían adelantarse mediante una consulta digital que está al alcance del despacho o de la Policía Judicial?

A esto se suma otro elemento jurídico que no puede pasarse por alto: estamos frente a una denuncia tramitada por el procedimiento ordinario. En ese contexto, el interrogatorio durante la etapa de indagación es una diligencia facultativa para la Fiscalía y su práctica no constituye una obligación que dependa de la comparecencia voluntaria de la persona denunciada. Por tanto, su programación tampoco debería convertirse en un obstáculo para que el ente investigador valore los elementos probatorios que ya tiene a su disposición y determine el rumbo del proceso.

Siete meses después, la Fiscalía anuncia nuevas diligencias y se conceden otros 60 días. Mientras tanto, las preguntas siguen sin respuesta y la decisión de fondo continúa pendiente.

No encuentro, a la luz de los antecedentes que he expuesto, una justificación suficientemente clara para semejante prolongación. Por eso, si esta situación persiste, presentaré la correspondiente queja disciplinaria para que se examine la actuación del despacho y se establezca si ha existido alguna irregularidad en el cumplimiento de sus deberes.

  • No voy a abandonar esta denuncia

Y que no haya lugar a equívocos: no voy a abandonar esta denuncia ni a dejar que el paso del tiempo termine sepultando un asunto que compromete el uso de recursos públicos. A la fiscal Navarro y a Tatiana Torres les digo que conozco mis derechos, seguiré ejerciéndolos y acudiré a todas las instancias legales que correspondan. Soy persistente y paciente; no confundo la paciencia con el olvido, ni el silencio con la renuncia a la justicia. Porque hay actuaciones que pueden demorarse, pero no por eso dejan de tener que responder ante la ley.


 

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