Documentos oficiales, denuncias radicadas y verificaciones en plataformas públicas revelan posibles irregularidades en la contratación distrital. Sigue el silencio institucional frente a los hallazgos.
- Los hallazgos documentados —que reposan en denuncias formales ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría— apuntan a posibles irregularidades que involucran contratistas, asesores y funcionarios con vínculos cercanos a la actual administración.
Si algo que ha quedado claro en casi dos años de hacerle veeduría ciudadana a la administración del alcalde de Cartagena de Indias, Dumek Turbay Paz, es que la transparencia no es precisamente su fuerte. Por un lado están los contratos millonarios adjudicados a empresas que según coincidencias familiares y registros contractuales en el Secop, podría tratarse de empresas relacionadas entre sí. Por el otro están los asesores y contratistas con órdenes de prestación de servicios (OPS), que presentan certificados de experiencia laboral dudosos o títulos académicos falsos.
Respecto a lo último, cada vez son más los casos que salen a la luz pública. Todo comenzó el año anterior con la contratista Fany Dinora Pachón Rodríguez, la que, según denuncia en poder de la Fiscalía, habría falsificado una certificación de experiencia de la Asociación Protectora de Animales de Cartagena para hacerse de varios contratos con la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena desde el 2016; coincidencialmente la mayoría se dieron durante los periodos en los que Dumek Turbay Paz fue el titular de esos dos entes territoriales.
Hace apenas un par de semanas, se develó el caso de la ex reina, modelo y actriz Jeymmy Paola Vargas Gómez, quien presentó una certificación académica apócrifa en su hoja de vida para el Contrato CPS-IPCC-0116-2025 con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (‘Exreina y Actriz Jeymmy Paola Vargas, en escándalo de corrupción por millonario contrato con ‘Acta de Certificación’ Falsa’).
Ahora apareció un nuevo caso. Se trata de Tatiana Cecilia Torres Tatis, quien ha celebrado seis OPS desde 2024: tres con la Secretaría de Participación y Desarrollo Social (SPDS), dos con Distriseguridad y una con la Gobernación de Bolívar. El costo total de los mismos suma $137.900.000 millones.
En la hoja de vida que usó para dichos contratos, Torres Tatis adjuntó un diploma de fecha 06/11/2015 donde se certifica que tiene título de Administradora de Servicios de Salud, egresada de la Universidad de Cartagena; sin embargo la Alma Mater confirmó oficialmente que no existen registros de grado con ese nombre ni fecha, lo que dio origen a una denuncia penal en curso ante los organismos de control.
El actuar tanto de la contratista como de los funcionarios posiblemente involucrados en su contratación configuraría varias conductas disciplinables y punibles, que deberán ser investigadas por la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría. De acuerdo con la plataforma Secop, los ordenadores del gasto y supervisores de los contratos de Tatiana son: Yira Morales Castro (sobrina de Luis Raimundo Morales), Jaime Hernández Amín, Álvaro Gómez Poveda, Ana Milena Jiménez Tuñón, Jennifer Acevedo Lafaurie y Richard Pérez Madrid.
Los hechos descritos podrían encuadrar en conductas tipificadas en el Código Penal Colombiano, tales como falsedad en documento público, fraude procesal, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la contratación, peculado y prevaricato con penas que van desde cárcel hasta multas e inhabilidad del ejercicio de derechos y funciones públicas.
Las denuncias que reposan en los entes de control no señalan hechos aislados. Por el contrario, podría configurarse un patrón sistemático de opacidad en los procesos de contratación durante la actual administración, lo que enviaría un mensaje no solo desmoralizador, sino también equivocado a todos aquellos que se esfuerzan por educarse: que el fin justifica los medios.
En los despachos judiciales reposan hoy al menos diez denuncias penales relacionadas con contratos distritales. Varias mencionan a contratistas y funcionarios de la actual administración, cuyos nombres ya han aparecido en columnas anteriores de este mismo espacio. Nada de esto debería sorprendernos, pero sí movernos a la indignación: cada nueva denuncia parece confirmar que la corrupción en Cartagena no es un accidente, sino una práctica enquistada que se repite con impunidad y descaro.
La gran pregunta —que sigue sin respuesta— es por qué la justicia avanza tan lentamente cuando los indicios están sobre la mesa y los documentos son públicos. Mientras tanto, la ciudad continúa hundida entre el desencanto y la resignación, viendo cómo los recursos que deberían servir al desarrollo terminan alimentando los mismos círculos de poder.
En una Cartagena que ha normalizado el atajo, el favor y el silencio cómplice, ejercer veeduría ciudadana y periodismo independiente no es un lujo, sino un deber. Porque si el poder no se fiscaliza, el abuso se vuelve costumbre y ya va siendo hora de romper esa costumbre.
