Un nuevo asesinato cometido en plena tarde de este miércoles 7 de enero volvió a desnudar la crisis de seguridad que persiste en Cartagena, una realidad que contrasta con los anuncios oficiales y revive una pregunta incómoda: ¿Qué pasó con el millonario Plan Titán 24, presentado como la gran estrategia para frenar la violencia y del que nunca más se volvió a hablar?
Entre las 2:00 y las 2:30 de la tarde del miércoles, un ataque sicarial cerca de la Bomba El Gallo, a la altura del barrio Los Alpes, dejó a un hombre joven muerto en plena vía pública. El crimen fue perpetrado por hombres armados que se movilizaban en motocicleta, en uno de los corredores más transitados del sur de la ciudad, sembrando pánico entre conductores, peatones y comerciantes.
Según versiones preliminares, la víctima —un hombre de entre 20 y 30 años— caminaba por el sector cuando fue interceptada por los sicarios, quienes sin mediar palabra dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera inmediata. Información extraoficial indica que se trataba de un trabajador informal, dedicado a limpiar vidrios de vehículos, un dato que vuelve a poner en evidencia cómo la violencia golpea con mayor crudeza a los sectores más vulnerables.
Los responsables huyeron sin dificultad, como ha ocurrido en numerosos casos similares, dejando atrás no solo un cuerpo tendido sobre el asfalto, sino una sensación de impunidad que se ha vuelto recurrente en la ciudad.
Minutos después, unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena acordonaron la zona y la Sijín realizó la inspección técnica del cadáver e inició la recolección de testimonios. Sin embargo, para muchos ciudadanos, estas escenas ya son parte de una rutina que se repite tras cada homicidio, sin que los resultados estructurales sean visibles.
Este crimen no es un hecho aislado. Cartagena atraviesa una ola sostenida de violencia armada, con sicariatos, ajustes de cuentas y robos violentos que se registran a cualquier hora del día, incluso en sectores con alta circulación de personas. La inseguridad se ha convertido en un problema cotidiano que afecta tanto a barrios populares como a zonas comerciales estratégicas.
En este contexto, organizaciones ciudadanas y gremios del comercio han vuelto a cuestionar la ausencia de resultados concretos frente a los planes de seguridad anunciados por las autoridades. El caso revive particularmente las críticas alrededor del Plan Titán 24, una estrategia presentada como una inversión robusta para recuperar el control territorial y reducir los homicidios, pero que hoy no tiene balance público, ni informes de impacto, ni continuidad visible.
“La ciudad sigue enterrando muertos mientras los planes quedan en comunicados”, señalan líderes comunitarios, quienes advierten que la percepción de abandono institucional es cada vez más profunda, especialmente en sectores donde confluyen pobreza, informalidad y presencia de estructuras criminales.
La sensación de inseguridad se agrava por la desconfianza ciudadana frente a la capacidad de las autoridades para prevenir el delito, investigar con celeridad y sancionar a los responsables. En barrios como Los Alpes y zonas aledañas a la Bomba El Gallo, el temor ya no es solo a ser víctima directa, sino a quedar en medio de una balacera o presenciar un crimen a plena luz del día.
El homicidio ocurrido este miércoles se suma a una larga lista de víctimas que no son cifras, sino personas con historias truncadas, familias golpeadas y comunidades que viven bajo la constante amenaza de la violencia.
Mientras tanto, Cartagena sigue esperando respuestas claras, resultados medibles y explicaciones sobre planes de seguridad anunciados con bombos y platillos, como el Plan Titán 24, pero que hoy parecen diluirse frente a una realidad que continúa desbordando a las autoridades y poniendo a prueba la resiliencia de una ciudad que lucha por no normalizar la muerte en sus calles.
