Lo que durante décadas fue el corazón vibrante del barrio Getsemaní en Cartagena de Indias hoy se ha convertido en el epicentro de una controversia que toca una fibra profundamente sensible en la ciudad. Tras la reciente remodelación del Parque Centenario, algo cambió. La atmósfera ya no es la misma.
Lo que antes era un punto de encuentro popular —abierto, diverso, espontáneo— hoy parece estar bajo una nueva lógica: una lupa de exclusividad que ha llevado a muchos ciudadanos a hacerse una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿para quién se remodeló realmente este parque?
Las denuncias no han tardado en aparecer. Vendedores informales, artesanas y personajes tradicionales del parque aseguran que su permanencia ha sido limitada, e incluso restringida. A esto se suman reportes de controles de acceso en ciertos horarios, una medida que, para muchos, rompe de frente con la esencia misma de lo que significa un espacio público: libre, abierto y sin filtros sociales. Cuando un parque empieza a sentirse vigilado, condicionado o selectivo, deja de ser completamente público, aunque legalmente lo siga siendo.
El debate escaló con la llegada del lujoso Four Seasons Hotel Cartagena. Es innegable que una inversión de este nivel representa desarrollo, recuperación patrimonial y proyección internacional para la ciudad. Pero también es legítimo preguntarse: ¿hasta dónde llega el desarrollo y en qué punto empieza el desplazamiento silencioso?
La cercanía entre el hotel y el parque ha encendido las alarmas. No por paranoia, sino por antecedentes. En otras ciudades turísticas, espacios públicos cercanos a complejos de lujo han terminado funcionando, en la práctica, como extensiones privadas: escenarios de eventos exclusivos, zonas controladas o áreas “amigables” solo para ciertos perfiles de visitantes. Cartagena no está blindada frente a esa tendencia.
El verdadero examen aún no ha llegado. Será en Navidad y Fin de Año cuando se pondrá a prueba la vocación pública del Centenario. Ahí veremos si el parque sigue siendo de todos o si, entre vallas, protocolos y “logística”, termina convirtiéndose en un espacio filtrado. Ojalá esta preocupación sea exagerada. Ojalá. Pero en Cartagena —como bien se comenta en la calle— todo es posible.
Esta no es una discusión contra el turismo ni contra la inversión. Es una discusión sobre identidad y derecho. ¿Cómo se equilibra el desarrollo de alto nivel con el derecho irrenunciable del cartagenero a habitar su ciudad sin sentirse desplazado? ¿Cómo se evita que lo público termine sirviendo, de manera indirecta, a intereses privados?
Porque cuando un ciudadano empieza a sentirse extraño en su propio espacio, el problema ya no es urbanístico: es profundamente social. La pregunta queda abierta —y no es menor—: ¿seguirá siendo el Parque Centenario un lugar del pueblo, o terminará cediendo, poco a poco, al turismo de lujo? El tiempo, y las decisiones que se tomen, darán la respuesta.
