La indignación que hoy embarga al gremio ganadero de los departamentos de Sucre y Córdoba no es un arrebato emocional ni un impulso momentáneo. Es el resultado de una acumulación de hechos que, lejos de fortalecer la confianza en las instituciones, están sembrando desconcierto en el campo colombiano.
Hace apenas unos días, en un sector del corregimiento Juan Arias, jurisdicción del municipio de Magangué, se registró un operativo que, bajo cualquier lógica institucional, debía convertirse en un ejemplo de eficacia. Gracias a la rápida acción de la Policía de Carabineros del departamento de Sucre, fueron capturados en flagrancia José Martínez Escorcia y Tilson Medina Montes, mientras trasladaban 52 reses bajo la modalidad de arreo ilegal, una práctica que durante años ha golpeado con dureza la economía rural.
El ganado había sido sustraído de dos fincas del municipio de Buenavista: No se trató de una sospecha ni de un indicio débil. Fue un hecho verificable, con evidencia material y un operativo que incluso implicó un intercambio de disparos, en el que miembros de la fuerza pública arriesgaron su vida para recuperar el patrimonio de productores rurales.
Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía en Magangué y posteriormente presentados ante un juez de la República. Según la información conocida por el gremio, los implicados aceptaron cargos por el delito de abigeato. Hasta ese punto, el proceso parecía avanzar conforme al marco legal.
Sin embargo, la decisión judicial posterior de otorgarles una medida que les permitió continuar el proceso fuera de un centro carcelario generó una profunda inconformidad en el sector ganadero. Más allá del tecnicismo jurídico, en el campo lo que queda es una percepción difícil de ignorar: cuando la respuesta institucional no se percibe como proporcional al riesgo vivido, la confianza se debilita.
No se trata de desconocer las garantías procesales ni de cuestionar la independencia judicial, pilares esenciales de cualquier Estado de Derecho. Pero sí es legítimo preguntarse —desde la experiencia de quienes viven y trabajan en zonas rurales— qué condiciones deben reunirse para que una captura en flagrancia, con recuperación de bienes y aceptación de cargos, derive en medidas que transmitan mayor sensación de protección a las víctimas.
El abigeato no es un delito menor. En regiones como Sucre, Córdoba y Bolívar, representa una amenaza directa a la economía rural, a la seguridad alimentaria y a la estabilidad de cientos de familias que dependen de la ganadería como sustento principal. Cada res robada no es solo una pérdida económica: es un golpe a la confianza, a la inversión y al arraigo en el campo.
Mientras tanto, la fuerza pública continúa enfrentando riesgos reales en terreno. Operativos como el ocurrido en Juan Arias evidencian que el delito rural no es una actividad improvisada, sino una práctica organizada que, en muchos casos, opera con altos niveles de violencia. Cuando los uniformados arriesgan su integridad para capturar delincuentes, la expectativa legítima del ciudadano es que el sistema en su conjunto respalde ese esfuerzo con decisiones que refuercen la sensación de seguridad.
Lo que hoy expresa el gremio ganadero no es un rechazo a la justicia, sino una demanda de coherencia institucional. La seguridad rural no depende únicamente de capturas, sino también de la percepción de que el sistema judicial actúa con proporcionalidad frente a delitos que afectan la base productiva del país.
Como asesor, consultor e investigador del gremio ganadero, mantendré el compromiso de documentar y visibilizar estos casos con rigor y responsabilidad. Reconocer el trabajo de la fuerza pública y exigir claridad institucional no son actos de confrontación: son expresiones legítimas de una ciudadanía que busca equilibrio entre garantías jurídicas y protección efectiva.
Porque en el campo colombiano hoy se repite una inquietud que merece ser escuchada con seriedad: si capturar en flagrancia, recuperar el ganado y aceptar cargos no logra fortalecer la sensación de justicia, entonces ¿qué mensaje está recibiendo realmente quien produce y trabaja la tierra?
