Algo se está moviendo en los barrios de Cartagena… y no precisamente por iniciativa espontánea de la comunidad. Lo que antes era una elección tranquila de líderes barriales hoy se parece cada vez más a una disputa política silenciosa por el poder territorial.
Las elecciones de las Juntas de Acción Comunal se convirtieron en un objetivo estratégico para sectores políticos que buscan posicionarse de cara a las próximas contiendas electorales y la razón es clara: las juntas ahora tienen capacidad para ejecutar recursos y contratar pequeñas obras públicas.
- El cambio que encendió la alarma
El origen de este nuevo escenario está en las reformas que permitieron que organizaciones comunitarias participen en la ejecución de obras de pequeña escala mediante figuras como las Asociaciones Público-Populares, introducidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Ley 2294 de 2023). El objetivo oficial era fortalecer la economía popular y permitir que las comunidades ejecutaran proyectos locales.
Según los datos disponibles, estas modalidades permiten contratar obras de mínima cuantía que, en la práctica, pueden rondar los 40 salarios mínimos mensuales, dependiendo de la entidad pública contratante. Es decir: dinero público gestionado desde los barrios y cuando el dinero aparece, la política no tarda en llegar.
En varios sectores populares de Cartagena, líderes comunitarios advierten un fenómeno que empieza a repetirse:
✔ Visitas inesperadas de congresistas u operadores políticos
✔ Entrega de mercados y ayudas en comunidades vulnerables
✔ Promoción de candidatos específicos para las elecciones comunales
El objetivo parece evidente: controlar las juntas desde adentro. Para muchos caciques políticos, dominar estas organizaciones representa algo más que liderazgo barrial. Significa control territorial, influencia social y una red directa de votantes. En una ciudad donde cada elección se decide por márgenes estrechos, los barrios populares se convierten en el campo de batalla.
El problema más delicado es otro. En numerosos barrios de Cartagena, los líderes comunales tradicionales —personas que llevan años resolviendo problemas de la comunidad— están siendo reemplazados por candidatos impulsados desde estructuras políticas. No llegan por trabajo comunitario. Llegan con respaldo político y el resultado puede ser peligroso: las juntas podrían pasar de ser organizaciones ciudadanas a convertirse en extensiones de maquinaria electoral.
La idea de que las comunidades ejecuten pequeñas obras tiene sentido en teoría, incluso puede reducir intermediarios y permitir soluciones más rápidas para barrios históricamente olvidados. Pero organismos de control ya han advertido riesgos claros:
• Politización de las juntas
• Falta de estudios técnicos en algunos proyectos
• Concentración de recursos en grupos cercanos a intereses políticos
Estas alertas aparecen en análisis institucionales sobre la implementación del modelo. En otras palabras: el sistema puede fortalecer la participación ciudadana… o convertirse en una nueva puerta para el clientelismo.
Las Juntas de Acción Comunal han sido históricamente el primer nivel de democracia barrial. Allí nacen liderazgos genuinos y se discuten los problemas reales de las comunidades. Pero si el control político se impone, el riesgo es evidente: los barrios podrían perder su voz y ganar operadores políticos disfrazados de líderes comunitarios. Cartagena está ante una encrucijada. O las juntas se fortalecen como espacios ciudadanos independientes… o terminarán convertidas en la nueva “joya de la corona” de la política tradicional.
La pregunta es directa para los cartageneros: ¿En su barrio ya aparecieron políticos repartiendo ayudas o impulsando candidatos para la Junta de Acción Comunal?
