En Cartagena de Indias, la discusión sobre seguridad ya no pasa solo por cifras de delito, sino por la calidad de las decisiones que se toman puertas adentro bajo la dirección de Jaime Hernández Amín.
Distriseguridad se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo la discrecionalidad en la contratación puede tensionar —al límite— los principios de mérito y transparencia en la administración del alcalde Dumek Turbay Paz. No se trata de adjetivos: se trata de hechos verificables y de las preguntas que inevitablemente generan.
En mi apreciación el director de Distriseguridad de Cartagena, Jaime Hernández Amín, es uno de los funcionarios más mediocres que tiene la administración Turbay; solo comparable con Bruno Hernández Ramos, secretario del Interior, y eso es ya mucho decir.
De acuerdo con registros de la Oficina de Función Pública, Hernández Amín tiene una trayectoria amplia en el sector público. Ese recorrido, precisamente, eleva el estándar de escrutinio sobre sus decisiones actuales. Ha sido, entre otros, secretario de Educación de Cartagena (Sergio Londoño Zurek), alcalde encargado del municipio de Villanueva (Bolívar), ha trabajado para la Gobernación de Bolívar y en el Senado de la República.
En paralelo, los antecedentes públicos de su padre por sobrecostos en la contratación cuando era gerente de la extinta Telecartagena —registros de prensa— han sido traídos al debate por distintos actores. Si bien no implican responsabilidad alguna para el actual director de Distriseguridad, sí elevan la exigencia de ejemplaridad en el ejercicio del cargo, un estándar inherente a la función pública.
Rubén Sánchez, en una columna del 2021, plantea ese debate y deja una reflexión: «aunque algunos disientan, ética y política son los ojos de un mismo rostro y cuando individuos sin ética ocupan cargos públicos terminan por corromper el poder al hacer uso indebido de él, convirtiendo a la política en el más vil de los oficios». Cada quien tendrá su propia apreciación.
Supe de la existencia de Jaime Hernández cuando, en el 2019, aspiraba a ser elegido alcalde de Cartagena. El lema de su campaña era “Usemos el Coco”. Como todos saben, esa contienda electoral la terminó ganando William Dau Chamatt.
Entre el 2020 y 2021, luego de su fallido intento, estuvo contratado como asesor en la secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá (06-2020 CPS-P (51582) y 56960-2021) y de la delegada para la Participación y Programas Especiales (VEED-CD-111-2021).
A propósito de ‘usar el coco’, de acuerdo a un acta de constitución, el 05Mar2020, junto con otras catorce personas, Jaime Hernández decidió crear la Fundación Conocimiento y Conciencia (Cocolab, NIT 901382421-4). Y aquí es donde la cosa se torna interesante.
Finalmente, los cuestionamientos sobre credenciales académicas en distintos casos de contratación a nivel local y departamental —algunos en conocimiento de autoridades— completan un cuadro que, como mínimo, amerita auditoría independiente y explicaciones detalladas.
Pues bien, Jaime Hernández decidió contratar seis miembros de la Fundación Cocolab en la entidad que actualmente dirige: Iván Dario Martínez Conde, Valentina Isabel Méndez Berrio, Holbert Enrique Cantillo Urango, Lourdes Elena Báez Moreno, David Andrés Fajardo Gómez y Edwin Taborda Barrios (hacer click aquí para ver la lista completa). Dumek Turbay, a través de Distriseguridad, ha usado aproximadamente $1.300 millones de los impuestos de los cartageneros para pagar los honorarios de siete de los socios fundadores de Cocolab. Amiguismo en su máxima expresión, mientras muchos cartageneros siguen sin empleo. Como dicen en Cartagena: ‘mámate esa empaná’.
Como si eso no fuera suficiente, los cartageneros también le han pagado los honorarios a tres de los familiares de Edwin Taborda Barrios: Eder Enrique Taborda Barrios (hermano), Diana Andrea De la Cruz Aponte (cónyuge) y Félix Alfredo Robayo Taborda (primo). El total de esos honorarios es de $508.4 millones (hacer click aquí para ver los contratos).
Cuentan que Edwin Taborda dizque tiene mucho poder dentro de Distriseguridad. Entre otras funciones, Taborda era el coordinador de la Brigada Cívica, la misma de la que hacía parte Leandro León Mena, hermano del ex pandillero y contratista del IDER Jhon León Mena. El año pasado, Leandro le propinó una trompada salvaje a una habitante de calle.
Los cuatro casos ya conocidos de contratistas de la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar con títulos académicos cuya verificación presenta inconsistencias podrían no ser hechos aislados. Entre ellos se encuentran la imputada Jeymmy Paola Vargas, la indiciada Tatiana Torres Tatis, así como Alberto Escobar Infanzón y Ricardo Vellojín Boiga, sobre quienes se preparan nuevas denuncias. Todo indica que el alcance de estas situaciones podría ser mayor de lo que hasta ahora se ha hecho público. En una próxima entrega se revelarán otros casos sustentados en documentación.
Lo que emerge de esta situación no es un caso aislado, sino un patrón: redes de favores, contratación direccionada y una peligrosa banalización del poder público. Mientras tanto, Cartagena sigue esperando soluciones reales a problemas urgentes, atrapada entre discursos vacíos y decisiones que parecen diseñadas para beneficiar a unos pocos.
La indignación ciudadana ya no es suficiente; lo que está en juego es la legitimidad misma de las instituciones. Y si no se rompe este círculo vicioso, lo que hoy es escándalo mañana será costumbre —y ahí, el verdadero fracaso será irreversible.
No obstante, a partir de estas denuncias se ha generado un efecto positivo: cada vez más personas están aportando información de manera anónima. Ese respaldo ciudadano resulta fundamental y merece reconocimiento. Solo a través de este tipo de participación es posible visibilizar prácticas que afectan el acceso equitativo a oportunidades y avanzar hacia una gestión pública más transparente.
