La Fiscalía sostiene que habría avalado un contrato por $55 millones con la exreina de la Independencia de Cartagena, virreina nacional, actriz y modelo, Yeimi Paola Vargas quien presentó un título técnico falso. El caso vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los recursos públicos en Cartagena.
La Fiscalía General de la Nación dio un nuevo paso en una investigación que sacude las estructuras de la administración pública en Cartagena a raíz de una denuncia realizada por el ingeniero y columnista de 724 Noticias, Álvaro González Álvarez.
En las ultimas horas fue judicializada la exdirectora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Carmen Lucy Espinosa Díaz y formalmente imputada por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de prestación de servicios financiado con recursos públicos.
La decisión fue adoptada por una fiscal de la Seccional Bolívar, quien presentó ante un juez de control de garantías los elementos materiales probatorios que vincularían a la exfuncionaria con una millonaria contratación que, según la investigación, se habría sustentado en documentación fraudulenta para favorecer económicamente a la contratista Yeimi Paola Vargas Gòmez.
De acuerdo con el expediente, el contrato fue suscrito en marzo de 2025 por un valor de 55 millones de pesos y una duración de nueve meses. La beneficiaria Yeimy Paola Vargas Gómez, acreditó una formación técnica mediante un título que, según estableció la Fiscalía, carecía de autenticidad.
La gravedad del caso radica en que dicho documento le habría permitido acceder a una categoría superior dentro de la tabla de honorarios del IPCC, obteniendo una remuneración más alta de la que legalmente le correspondía. Para el ente acusador, la entonces directora de la entidad no solo autorizó la contratación, sino que presuntamente conocía las inconsistencias que rodeaban la certificación académica presentada.
La investigación también señala la participación de Jovanny de Jesús Bustos Cortés, contratista del instituto, quien habría contribuido a la materialización de la conducta investigada. Ambos ya habían sido imputados previamente por estos hechos.
Según la Fiscalía, la ejecución contractual terminó anticipadamente en agosto de 2025 mediante una liquidación de mutuo acuerdo que no dejó observaciones ni alertas sobre las irregularidades detectadas posteriormente. Esa circunstancia habría facilitado la apropiación indebida de 8.647.500 pesos provenientes del erario.
Aunque la contratista realizó la devolución de los recursos cuestionados, la acción penal continúa su curso debido a que la restitución del dinero no extingue la eventual responsabilidad penal derivada de los hechos investigados.
El proceso abre nuevamente el debate sobre los controles internos en la contratación pública y la responsabilidad de los ordenadores del gasto frente a la verificación de requisitos habilitantes. Juristas consultados coinciden en que, de demostrarse los hechos expuestos por la Fiscalía, el caso podría constituir un ejemplo de cómo la falsedad documental termina impactando directamente el patrimonio público.
Mientras avanza el proceso judicial, los cargos imputados no fueron aceptados por la exdirectora del IPCC, quien deberá enfrentar las siguientes etapas procesales en las que la Fiscalía buscará demostrar su eventual responsabilidad ante los tribunales.
