Un fuerte remezón político y judicial sacude a Cartagena. El Juzgado 14 Civil Municipal sancionó al alcalde Dumek Turbay Paz con tres días de arresto y una multa equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente por incumplir una orden judicial relacionada con la entrega de información sobre la contratación de artistas y la ejecución de recursos públicos durante las Fiestas de Independencia de 2025.
La decisión fue adoptada por el juez Cristian David Jurado Ferrer dentro de un incidente de desacato promovido por Jairo Tobinson Ochoa, presidente de la Veeduría Ciudadana Vevinusa, quien acudió a la justicia alegando la vulneración de su derecho fundamental de petición al no obtener respuestas claras y de fondo sobre los gastos realizados durante las festividades.
Según la providencia judicial, las entidades requeridas no habrían entregado información completa sobre los contratos suscritos con artistas y agrupaciones que participaron en las Fiestas de Independencia y en eventos como el Festival Náutico, así como sobre la destinación de los recursos públicos invertidos durante la celebración.
La sanción no solo recae sobre el mandatario distrital. También fueron sancionadas Lucy Espinoza Díaz, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) para la época de los hechos; Liliana Rodríguez Hurtado, presidenta de Corpoturismo; y Marcela Ligia Cecilia Nossa Valbuena, representante legal del Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes de Cartagena.
En el fallo, el despacho judicial recordó que el derecho fundamental de petición únicamente se satisface cuando la respuesta es clara, precisa, congruente y de fondo, advirtiendo que las órdenes impartidas mediante tutela son de obligatorio cumplimiento para las autoridades y entidades involucradas.
La decisión judicial establece, además, que la Alcaldía de Cartagena, el IPCC, Corpoturismo y el Fondo Mixto de Cultura deberán dar cumplimiento inmediato a las órdenes impartidas en el fallo de tutela, entregando la información requerida por el ciudadano y la veeduría.
El juez resolvió sancionar tanto a las entidades responsables como a sus representantes, imponiendo arresto inconmutable de tres días y multa equivalente a un salario mínimo, sanción que deberá hacerse efectiva una vez la decisión quede ejecutoriada y sea revisada por la instancia superior correspondiente.
La controversia adquiere especial relevancia debido a que las preguntas que motivaron la acción judicial están relacionadas con uno de los eventos culturales más importantes de Cartagena y con el manejo de recursos públicos cuya ejecución ha despertado interés ciudadano y exigencias de transparencia.
El caso abre nuevamente el debate sobre el acceso a la información pública, la rendición de cuentas de los funcionarios y la obligación de las entidades estatales de responder de manera oportuna y completa a los requerimientos formulados por la ciudadanía.
Ahora la atención está puesta en la revisión que realizará la instancia superior y en las respuestas que deberán entregar las entidades involucradas sobre la contratación y ejecución de recursos durante las Fiestas de Independencia de 2025.
