Córdoba, Bolívar. La justicia colombiana condenó a 17 años y 10 meses de prisión a Johany Villegas Rincón y Patricio Manuel Luna por el homicidio del reconocido ganadero Eduardo Rafael Méndez Romero, de 79 años, ocurrido el 8 de febrero de 2025 en zona rural del municipio de Córdoba, en el sur de Bolívar.
La decisión fue adoptada por un juez de conocimiento luego de que los procesados aceptaran su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el cual fue avalado por el despacho judicial. Los condenados fueron encontrados responsables de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
El crimen que estremeció al sector ganadero de Bolívar ocurrió cuando Eduardo Méndez Romero se disponía a ingresar a su finca, ubicada en la vereda La Sierra. Según la investigación adelantada por las autoridades, los agresores se movilizaban en una motocicleta y habrían disparado contra el productor agropecuario, causándole heridas de gravedad que posteriormente provocaron su fallecimiento.
Tras el ataque, las autoridades desplegaron acciones investigativas para establecer la identidad y ubicación de los responsables. El caso avanzó con la recopilación de elementos materiales probatorios, entrevistas, reconocimientos fotográficos y labores de inteligencia que permitieron fortalecer la hipótesis investigativa.
En junio de 2025, unidades de la Policía Nacional y la Armada Nacional capturaron a Patricio Manuel Luna durante un operativo de allanamiento realizado en el corregimiento de San Isidro, jurisdicción de El Carmen de Bolívar. Posteriormente, las autoridades avanzaron en la judicialización de los involucrados en el homicidio.
La condena representa un avance en el esclarecimiento de un crimen que generó conmoción entre los habitantes de Córdoba y del departamento de Bolívar, debido a la trayectoria de Eduardo Méndez Romero como ganadero y a las circunstancias en las que ocurrió el ataque.
El fallo judicial también vuelve a poner en el centro del debate la situación de seguridad en las zonas rurales del departamento, donde productores, campesinos y comunidades enfrentan riesgos asociados a la presencia de estructuras criminales y hechos de violencia.
Para las autoridades, el resultado hace parte de los esfuerzos institucionales para garantizar justicia frente a los delitos que afectan la vida y la tranquilidad de las comunidades. La Fiscalía recordó que las decisiones judiciales contra los responsables de hechos violentos contribuyen al fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones.
Aunque la sentencia establece responsabilidad penal contra los dos condenados, el caso mantiene vigente el desafío de reforzar las acciones de prevención, investigación criminal y protección en los territorios rurales, donde la seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de las comunidades.
