El presidente de Colombia Abelardo De La Espriella anunció la creación de un protocolo nacional de actuación para establecer cuándo una situación dentro de las universidades corresponde al ejercicio legítimo de la protesta y cuándo existen hechos de violencia que requieren la intervención de las autoridades.
Durante una alocución televisada, el jefe de Estado afirmó que su Gobierno respetará la autonomía universitaria y garantizará la protesta pacífica, pero advirtió que esta no puede estar por encima del orden público.
“La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi Gobierno”, señaló De La Espriella, al tiempo que sostuvo que el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra la Fuerza Pública o la población civil no pueden ser considerados como protesta.
El mandatario informó que impartió instrucciones para establecer un protocolo que permita determinar los casos en los que existan hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que justifiquen la intervención de las autoridades.
Según explicó, la Policía Nacional será la primera autoridad operativa encargada de atender estas situaciones y podrá intervenir cuando dentro de las universidades se estén preparando actos que, según las autoridades, tengan carácter vandálico o terrorista.
“No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”, afirmó el Presidente.
De La Espriella sostuvo además que la medida busca proteger a los estudiantes, a la Fuerza Pública y a quienes utilizan las universidades para estudiar, debatir y ejercer pacíficamente sus derechos. También advirtió que quienes utilicen las instituciones universitarias para preparar ataques, almacenar elementos destinados a la violencia o agredir a ciudadanos y miembros de la Fuerza Pública enfrentarán la acción de las autoridades.
“La autonomía universitaria no es una patente de impunidad”, manifestó el mandatario, quien agregó que el Gobierno actuará incluso dentro de las universidades cuando se configuren conductas que, de acuerdo con la ley y las autoridades competentes, requieran intervención estatal.
El anuncio abre un nuevo debate sobre los límites entre la autonomía universitaria, el derecho a la protesta y las facultades de las autoridades para preservar el orden público, especialmente frente a hechos de violencia ocurridos dentro o en los alrededores de instituciones de educación superior.
El Gobierno deberá ahora definir el contenido y alcance del protocolo anunciado por el Presidente, así como los criterios que determinarán cuándo la Policía podrá intervenir en estos escenarios.
