Cartagena ostenta cifras financieras que, a simple vista, invitan al aplauso. Un presupuesto de ingresos que alcanzó los $4,7 billones en 2025, un recaudo de impuestos al alza y una inversión por habitante de $4.484.026 —la más alta entre las principales capitales del país— parecen el retrato de un modelo fiscal próspero y robusto. Sin embargo, detrás de esta vitrina de eficiencia presupuestal se esconde un diagnóstico tan real como incisivo: la soberanía fiscal de Cartagena es un espejismo, y su autonomía, una utopía colgada del hilo del gobierno central.
La radiografía del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) revela una vulnerabilidad estructural alarmante. De cada $100 que entran a las arcas del Distrito, casi la mitad ($46,7) proviene de transferencias de la Nación, una cifra que, lejos de reducirse, creció frente al 44,7% registrado en 2023. En contraste, la capacidad de la ciudad para generar sus propios ingresos apenas aporta $38,5 de cada $100. Dicho de forma clara: Cartagena gasta como rica, pero lo hace con la tarjeta de crédito y los subsidios del poder central.
Cuando se remueve la muleta de los giros nacionales, la cacareada «inversión récord» se desmorona. De los más de $4,4 millones invertidos por habitante, apenas $1.138.908 surgen de los recursos generados directamente por la ciudad. La dependencia supera el 48%. ¿Qué pasará el día en que la Nación cierre el grifo, ajuste las transferencias o reoriente sus prioridades territoriales? La infraestructura, la salud y la educación del distrito quedarían inmediatamente paradas sobre terreno movedizo.
A este panorama de autofinanciación deficiente se suma un descontrol silencioso pero acelerado en la burocracia local. En solo dos años, los gastos de funcionamiento pasaron de devorar el 28,9% de los ingresos corrientes de libre destinación en 2023 a un preocupante 40,9% en 2025. Aunque la administración se escude en que la Ley 617 impone un techo del 50%, acercarse vertiginosamente a ese límite en tan corto tiempo es una señal inequívoca de indisciplina fiscal. La administración distrital está gastando más en sostenerse a sí misma que en blindar su futuro.
No nos engañemos con el aparente «bajo endeudamiento» de la ciudad. Que el servicio de la deuda represente solo el 0,5% de los ingresos es un alivio transitorio con fecha de expiración. La bomba de tiempo fiscal está programada para 2027, año en que vencen los periodos de gracia de los créditos contratados. Celebrar la salud fiscal de hoy ignorando las facturas del mañana no es gestión; es postergación irresponsable.
Si bien es cierto que el recaudo tributario local ha crecido —impulsado por incrementos nominales en el Predial y el ICA—, con un recaudo por habitante de $1.563.093 Cartagena continúa rezagada frente a dinámicas como la de Barranquilla ($2.066.345) o Bogotá ($1.873.895). La ciudad sigue dependiendo en exceso de solo dos impuestos (66% del total) mientras desaprovecha su inmenso potencial económico, turístico e industrial.
Cartagena no puede seguir viviendo de la ilusión de las transferencias. Celebrar presupuestos inflados con dinero ajeno mientras la burocracia interna se engorda y la deuda futura se difiere es un juego peligroso.
Si no se diseña de inmediato una estrategia agresiva para fortalecer los ingresos propios y contener el gasto corriente, la ciudad seguirá condenada a ser un gigante de la inversión con pies de barro. La autonomía fiscal no es un capricho técnico: es la única garantía de que Cartagena decida su propio destino sin pedirle permiso al nivel central.
