Un contundente operativo de la Armada Nacional, en conjunto con el Ejército Nacional y con coordinación de la Policía Nacional, dejó como resultado la destrucción controlada de 25 unidades productoras mineras, dos retroexcavadoras y 13 motores industriales utilizados, según las autoridades, en actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros en los municipios de El Bagre y Cáceres, Antioquia.
Las operaciones se concentraron en dos puntos estratégicos de esta región: el sector de Amaserí, sobre el río Nechí, en jurisdicción de El Bagre, y un sector del río Cauca, en jurisdicción de Cáceres. Allí, las unidades de la Fuerza Pública intervinieron infraestructura y maquinaria empleada para la extracción ilegal de recursos minerales.
Durante los procedimientos fueron destruidas de manera controlada 25 unidades productoras mineras, entre ellas diferentes tipos de dragas, además de dos retroexcavadoras y 13 motores industriales. También fueron intervenidos 3.000 galones de ACPM y 500 galones de gasolina, elementos que, de acuerdo con la información oficial, estaban destinados al funcionamiento de la maquinaria utilizada en estas actividades.
Según la Armada Nacional, el resultado representa una afectación económica estimada en más de 73.000 millones de pesos, teniendo en cuenta la maquinaria, los motores y el combustible empleados en las operaciones de minería ilícita.
Más allá del impacto económico, las autoridades advirtieron sobre las consecuencias ambientales asociadas a este tipo de explotación. La intervención de los cuerpos de agua y del suelo puede generar alteraciones y contaminación que afectan los ecosistemas, la fauna, la flora y los recursos naturales de una región donde los ríos Nechí y Cauca cumplen un papel fundamental.
La operación representa así un nuevo golpe contra las capacidades logísticas utilizadas para la explotación ilícita de recursos mineros en Antioquia y se suma a las acciones que adelantan las autoridades para intervenir actividades que, además de infringir la normatividad minera, pueden generar impactos sobre los ecosistemas y las comunidades asentadas en estas zonas.
La Armada Nacional señaló que continuará desarrollando operaciones conjuntas y coordinadas contra las actividades ilícitas que afectan la seguridad, el medio ambiente y los recursos naturales del país.
25 unidades mineras, dos retroexcavadoras, 13 motores y miles de galones de combustible quedaron fuera de operación. De acuerdo con la estimación oficial, el golpe económico supera los $73.000 millones.
