Un nuevo escrito judicial de 30 páginas presentado en Nueva York incorpora un cargo relacionado con presuntos actos de tortura y describe supuestas prácticas de represión contra detenidos. El documento también menciona presuntos vínculos con las FARC y el ELN, así como hechos relacionados con armas, narcotráfico y grupos armados.
La justicia de Estados Unidos formuló un nuevo cargo contra el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por presunta conspiración para cometer torturas, según un escrito judicial presentado el jueves 8 de octubre de 2026 ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.
El documento, de 30 páginas, introduce nuevas imputaciones y amplía la descripción de los hechos que los fiscales estadounidenses atribuyen a ambos. Las acusaciones deberán ser examinadas dentro del proceso judicial y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.
- Las acusaciones por presuntas torturas
Según el escrito, la supuesta conspiración habría abarcado hechos ocurridos entre 1999 y 2025. La Fiscalía sostiene que habría existido un aparato de represión que involucraba a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), organismos estatales y grupos armados conocidos como colectivos.
Entre las prácticas descritas figuran presuntas descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento, violencia sexual, desnudez forzada, aislamiento, privación de alimentos y amenazas contra familiares de los detenidos, incluidos sus hijos.
El documento menciona víctimas que no están identificadas públicamente y señala que entre ellas habría ciudadanos estadounidenses. En el caso de Maduro, los fiscales le atribuyen presuntas órdenes de detención y tortura, solicitudes de informes sobre interrogatorios y haber visto un video de una confesión que habría sido obtenida mediante coacción.
A Cilia Flores, por su parte, le atribuyen una presunta participación en hechos relacionados con el secuestro de militares en 2014 para interrogarlos bajo tortura, así como supuestas órdenes destinadas a encubrir actividades ilegales de integrantes de su entorno familiar. Las afirmaciones corresponden a la versión de la Fiscalía estadounidense y deberán ser sustentadas en el proceso judicial.
- Las menciones a las FARC y al ELN
El escrito también hace referencia a presuntas relaciones entre Maduro, Flores y miembros de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De acuerdo con el documento, después de la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez, en 2013, Maduro y Flores se habrían reunido con Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko; Luciano Marín, alias Iván Márquez, y Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, para tratar una supuesta deuda relacionada con drogas.
La Fiscalía sostiene que parte de esa deuda habría sido saldada mediante la entrega de minas y armas. El documento también atribuye a Flores el presunto ofrecimiento de contratos de la petrolera estatal PDVSA a personas cercanas al ELN. Asimismo, menciona la supuesta retención de un militar venezolano por parte de integrantes de las FARC en un campamento ubicado en Colombia.
Las referencias a las FARC y al ELN no serían completamente nuevas: según la información disponible, ya aparecían en acusaciones anteriores. La novedad estaría en la incorporación de escenas y detalles adicionales sobre los presuntos hechos.
- ¿Qué penas contempla la acusación?
Según el escrito citado, el nuevo cargo de conspiración para cometer torturas contempla una pena máxima de 20 años de prisión. También continuarían vigentes las imputaciones relacionadas con presunto narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos vinculados con armas, cuyas penas dependerán de los cargos específicos, las normas aplicables y el resultado del proceso.
La presentación de nuevas imputaciones amplía el panorama judicial que enfrenta Maduro junto con Flores en Estados Unidos. Sin embargo, el alcance definitivo de las acusaciones y las posibles consecuencias penales dependerán de las actuaciones posteriores ante los tribunales.
El caso adquiere relevancia internacional por la gravedad de los presuntos abusos descritos, las referencias a organismos de seguridad venezolanos y las menciones a estructuras armadas que han operado en Colombia y otros territorios de la región.
