La pandemia por Covid-19 puso en evidencia las fallas, vacíos y problemas del sistema de salud implementado con la Ley 100 de 1993, profundizado con otras normativas que en lugar de resolver los problemas los empeoró. Sistema basado en el negocio de atención limitada de la enfermedad, que llevó a que cientos de ciudadanos acudieran a la acción de tutela ante la negativa de acceso a medicamentos, cirugías, medios de diagnóstico, transporte y alojamiento entre otros contemplados en el Plan de Beneficios.
Problemas de un sistema de aseguramiento, que prioriza la contención de los costos sobre la atención y derecho a la salud y vida de la población colombiana.
Durante la pandemia, la población ha vivido la dificultad en el acceso a la realización de la prueba diagnóstica de Covid-19 la cual terminó en el negocio privado a un costo aproximado de $250.000 que muchos ciudadanos debieron pagar de su bolsillo, como ha ocurrido durante cerca de tres décadas con medicamentos y citas médicas. El sistema de salud ha puesto en evidencia su falta de capacidad para afrontar esta pandemia.
En respuesta a esta situación, el 20 de julio fue radicado en el Congreso de la República el proyecto de Ley 010 de 2020 que busca “reformar” el sistema de salud, aplicando la misma receta de aseguramiento privado.
Pese a que el lenguaje del proyecto usa expresiones como “garantizar el derecho fundamental a la salud”, desarrollo de la “Ley 1751 de 2015” o Ley Estatutaria en Salud que establece el derecho a la salud, este proyecto mantiene la intermediación (aseguradoras) que establece barreras para el acceso a los servicios de salud y por lo tanto no garantiza el derecho a la salud.
El sistema de salud de aseguramiento privado se centra en la atención individual, obstaculizando las acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y la atención primaria en salud.
Además, la implementación de la Ley 100 de 1993 ha llevado a que las aseguradoras en salud, denominadas EPS “adeuden a los hospitales y clínicas por prestación de servicios de salud, $11,2 billones, con una morosidad del 61,3%”, llevando a los hospitales de la red pública a la insolvencia financiera.
El proyecto de Ley 010 de 2020 propone un sistema de aseguramiento como el estadounidense, que se caracteriza por ser el más caro de los sistemas del mundo, el más injusto (inequitativo), que impide a muchos ciudadanos el acceso a un seguro de salud. Un sistema para la población con capacidad de pago e incapaz de afrontar una pandemia como la que se está viviendo en el planeta.
El proyecto de Ley 010 de 2020 al igual que la Ley 100 de 1993, mantiene la intermediación y no da respuesta a las necesidades de la población rural, a la población víctima del conflicto armado, a la población en condición de pobreza, e incluso a la población en condición de discapacidad. No da respuesta a la carga de enfermedad por enfermedades crónicas no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias. Así como tampoco da respuesta a las necesidades crecientes de atención en salud mental.
Así es que sí, necesitamos reforma a la Ley 100 de 1993, pero no así, no con el proyecto de Ley 010 de 2020.
Perfil del columnista: Enfermera, PhD en Ciencias Sociales y Humanas. Magíster en Administración en Salud. Magíster en Estudios POlíticos. Especialista en Bioética, Profesora Universitaria.
