Colombia suscribió el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en la década de 1960, que entró en vigencia en 1976 y fue ratificado en mayo de 2012. En este pacto, el Estado colombiano se comprometió a garantizar en forma progresiva los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población, como por ejemplo los derechos a la salud, la educación y el trabajo entre otros derechos.
Colombia ha ratificado 62 convenios con la Organización Internacional del Trabajo y en la Constitución política de Colombia, en el artículo 25 se afirma “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas se ha comprometido a garantizar trabajo digno y decente a su población”. Sin embargo con la implementación de la Ley 100 de 1993 se inició el desmonte del derecho al trabajo digno y decente en los trabajadores del sector salud.
El primer paso consistió en la intermediación laboral, con la creación de Cooperativas de trabajo asociado que eliminaron la vinculación laboral directa con la institución de salud y se quedaban con un porcentaje del salario de los trabajadores. Posteriormente estas cooperativas se cambiaron a los “mal llamados” contratos sindicales, que poco a poco llevaron a contratar por Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), eliminando el contrato laboral con seguridad social.
Esta difícil situación de los trabajadores del sector salud por cerca de tres décadas, se ha visibilizado con la pandemia por Covid-19. Durante estos meses de cuarentena se ha podido identificar que los trabajadores de salud por -OPS- tienen peores condiciones de bioseguridad que quienes tienen un contrato laboral. En general se encontró sobre carga laboral, aumento en los horarios de trabajo, disminución de salarios, excesivo aumento en la carga de trabajo, acoso laboral, así como discriminación y violencia física por personas de la comunidad.
Pese a que en las diferentes intervenciones del Presidente de la República, Congresistas y mandatarios locales como Claudia López han exaltado a los trabajadores de salud aplaudiéndolos y llamándolos héroes, las políticas nacionales y distritales avanzan hacia el desmonte de los pocos derechos laborales existentes. Tanto el proyecto de ley 331 como el 010 de 2020 pese a mencionar el derecho a un trabajo digno y decente en lo concreto plantean todo lo contrario. Mantienen la figura de tercerización laboral, de intermediación que para nada promueven el trabajo digno y mucho menos decente.
En el caso de Bogotá el secretario de salud Alejandro Gómez López, está aplicando la política de precarización laboral que implementó en su paso como gerente de Metrosalud. A un mes de terminar su gestión en Metrosalud, fue citado por el Concejo de Medellín ante denuncias por irregulares manejos de los recursos, quejas de la comunidad por falsas promesas y denuncias de los trabajadores por maltrato laboral, información que puede ser consultada en el enlace https://www.concejodemedellin.gov.co/sites/default/files/2018-10/Texto-del-acta-034-de-febrero-10-de-2012.pdf
Contrario a lo publicado en medios el día 9 de octubre en titulares como Sindicatos firman pacto laboral con SecSalu, el secretario llegó a acuerdos con el sindicato de trabajadores de la secretaria, mas no con los sindicatos que representan a los trabajadores asistenciales y administrativos de los hospitales que integran las cuatro subredes: Sur, Norte, Sur Occidente y Centro Oriente. Entre sus pretensiones se encuentran la imposición de un sistema de turnos que no respeta los tiempos de descanso, así como el desmonte de los compensatorios.
Esto último pese a las evidencias científicas que indican su necesidad, debido al desgaste cognitivo, físico y emocional. Así como la contribución en la reducción de enfermedades cardiovasculares, osteomusculares y de salud mental. Las iniciativas de legislación laboral para los trabajadores de salud se orientan a un trabajo esclavo, que desconoce la importancia del cuidado de la salud de los trabajadores y de la población, para el funcionamiento de la economía del país.
Perfil del columnista: Enfermera, PhD en Ciencias Sociales y Humanas, Magister en Administración en Salud Magister en Estudios Políticos, Especialista en Bioética, Profesora Universitaria.
