En recientes comentarios he logrado percibir agresivos ataques contra gobiernos y sus políticas, específicamente frente al control inflacionario en este período de postcrisis pandémica. Algunos culpan a los gobiernos por las altas tasas de inflación que se transforman en altos precios de los bienes y servicios como en la pérdida de poder adquisitivo por parte del consumidor.
Otros responsabilizan a los organizadores de los distintos paros y movilizaciones que implicaron cierres de vías y poco tráfico por parte de transportadores de materias primas. Igualmente, los más entendidos le achacan el malestar inflacionario a la tasa de cambio y al manejo débil de la política cambiaria no solo en Colombia sino en otros países, como también a la escasez de contenedores en los distintos puertos que impidieron el normal flujo del comercio exterior.
Pues bien, estos cometarios tienden a ser parcializados, algunos con fundamentación, pero sin hilo articulador de las razones de la inflación y sus derivados; otros comentarios fuera de alcance técnico y sin argumentaciones.
Expliquemos de manera responsable lo que está ocurriendo en Colombia y el mundo en estos momentos, frente al comportamiento inflacionario y de paso un poco los niveles de informalidad que se asocian a este fenómeno.
Iniciemos conversando sobre inflación, entendida como un aumento sostenido y generalizado que experimentan los precios de los bienes y servicios en un espacio y tiempo determinado; es un indicador multicausal o multidimensional que afecta sustancialmente al ingreso y debilita la capacidad adquisitiva del consumidor.
Las causas principales para que se genere, son el exceso de dinero en el mercado y el exceso de demanda o consumo agregado. Para el año 2020, durante los confinamientos, el cierre empresarial y la disminución o contracción de la demanda, los precios bajaron en algunos segmentos, se sostuvieron en otros y aumentaron para los productos de frágil control. El gasto público se elevó sustancialmente por la alta responsabilidad del estado frente al principio constitucional de garantizar y sostener la vida de la población, como a su vez, mantener los sectores productivos funcionando o reactivarlos en la medida que la pandemia y la crisis desatada cediera progresivamente.
De esta amanera y frente a múltiples hechos de orden sanitario y económico, decretados mediante actos administrativos, por presidencia de la república, el año 2021 se convirtió en un escenario de reactivación económica y aceleramiento progresivo del consumo como de la oferta sectorial; lo anterior ante los avances significativos de la vacunación en todos los rangos de edad y la disminución de las tasas de contagio, como la respectiva velocidad de transmisión en el marco de las variantes declaradas.
Los anteriores detalles se dieron en todos los países del mundo, en épocas y ciclos diferentes, pero los resultados fueron iguales. Ahora bien, frente a este panorama, los sectores productivos y sus oferentes tienden, ante la posible reactivación, recuperar agresiva o progresivamente lo perdido durante un período crítico de sus ingresos, igual como sucede en el sector turístico con las franjas de baja demanda por temporada.
Estos episodios de recuperación normalmente traen alzas de precios, para garantizar los gastos e inversiones postcrisis y solventar el vacío del periodo de alta depresión.
A este escenario de futuros favorables, creados por el consumidor y por el productor, se le conoce en economía como Expectativas Racionales (J. Muth,1961 y Robert Lucas 1995-Premio Nobel de Economía). Es una teoría que define el supuesto que los individuos y otros agentes económicos estiman los comportamientos micro y macroeconómicos de los mercados, como el valor o medidas que asumirán las variables económicas en el futuro, utilizando de manera eficiente la información, la experiencia y las tendencias. Incluso pueden ser capaces de anticipar las medidas que tomará el gobierno para enfrentar una perturbación en la Economía. Producto de estos síntomas gripales que luego se transforman en cuadros febriles ocasionados por una infección, se experimentaron los aumentos relativos y absolutos de precios en la mayoría de los bienes y servicios en los distintos mercados y sectores económicos.
Ya lo explicaba el premio nobel de economía (2015), Angus Deaton, quien demostró, “que el consumo varía menos que el ingreso, contraria a la hipótesis de la renta fija de Friedman que predecía que el consumo varía más rápido que el ingreso porque a un aumento no esperado de este para la economía en conjunto suelen seguir subidas de ingresos adicionales en los años posteriores”. Las variaciones del consumo están sujetas a las disposiciones salariales y sus incrementos, de allí se derivan expectativas racionales para los consumidores, aclarando que no todos se comportan así. Frente a ello y ante la gran expectativa de incrementar utilidades y el ato consumo que se avecinaba en un año como 2021, la expectativa de máximos ingresos se desarrolló; por ello la inflación oscilatoria entre 5% y 7.5% en todos los países en el mundo, especialmente en América Latina y el Caribe (ALyC), es una tendencia generalizada soportada en expectativas racionales no homogéneas o fijas, más aún después de la crisis.
- Veamos algunas cifras que demuestran lo anterior y pasemos de la teoría a la práctica como a las tendencias. Especialmente para ALyC.
Informes del Fondo Monetario Internacional (FMI), indican que ALyC cerró el año como la región con mayor aumento de precios en el mundo, 9,3% en 2021 y se proyecta 7,8% en 2022. Los países con mayor inflación en el cierre de 2021 fueron Brasil (10.18%) y México (7.37%), ambas duplican las estimaciones calculadas por los bancos centrales de sus países. Los hechos generadores: aumento de precios en la canasta de combustibles y alzas en insumos básicos agropecuarios (fuerte impacto de importados) como en la energía. Aspectos que no son sustancialmente del control y resorte de los gobiernos.
Venezuela, presenta tasas inflacionarias de 1.197% para el cierre de 2021 y del 631% para el mes de noviembre. Sigue en una tanda hiperinflacionaria, pero se evidencia mayor regulación en el último trimestre. Argentina se ubica en 51.2% interanual, y cerraría el año con un alza de 51.1%.
Chile cerró con inflación del 7.20%, situación descontrolada para ellos, no vista desde hace dos lustros. Especialistas indican que la mayor liquidez, producto de las ayudas sociales y los retiros anticipados del 10% de las pensiones, medidas para afrontar la crisis de la covid-19; son los principales motivos de que este índice se haya elevado. El Banco Central de Chile, pronosticó un rango meta que oscilaría entre 2% y 4%.
De otro lado, la inflación en Colombia se ubicó en 5.61%, de las más altas en los últimos 5 años. También se situó muy por encima de la meta del 3% que había proyectado el Banco de la República. Las razones de esta presión inflacionaria fuero: la tasa de cambio devaluacionista, la reactivación de la demanda, el aumento del empleo progresivamente y los anuncios del nuevo salario mínimo, que se definió en 10.07% para 2022.
Perú cerró con una inflación de 6.4%. Igualmente, la más alta en los últimos 13 años. El pronóstico por las autoridades monetarias de este país, era una meta del 3%. Las razones muy parecidas a las de Colombia.
Como puede evidenciarse las expectativas de mayores ingresos, utilidades y dinámicas de reactivación en general hace que se cree cierta conciencia y confianza consumidora, que en el país se define como Índice de Confianza al Consumidor, de igual manera al proveedor, lo que implica escenarios objetivos o subjetivos de pronósticos de crecimiento, como efectivamente se dieron frente al PIB y la demanda agregada. Estas expectativas racionales se traducen normalmente en aumentos o alzas de precios como en presiones al aumento de los ingresos y gastos operacionales de las empresas; lo que al final es inflación.
La informalidad, una consecuencia.
De la misma forma en todos los países se reproduce otro fenómeno traducido en parte por las consecuencias de la inflación, la informalidad. En este mismo análisis se desea estudiar la relación de la inflación y la informalidad para este período postcrítico y con débiles o frágiles intervenciones monetarias. No trato de escudar a gobierno alguno, pero las tendencias y los impactos de las variables producto de las impresiones del mercado, la dinámica de la demanda conforme a las expectativas de los consumidores, el despliegue de la oferta y sus capitales como el alto gasto público en todos los países, han ocasionado a nivel mundial el fenómeno alcista revelado y las tendencias de la informalidad.
Para analizar lo anterior, usaremos reciente informe publicado por el DANE sobre la informalidad laboral en Colombia, durante el último trimestre del año 2021. Allí se puede evidenciar que la tasa de empleo informal llegó al 49%, cerca de 1,4 puntos porcentuales por encima del mismo periodo de 2019. Cifra, apenas de esperar ante la inserción laboral lenta en el mercado de trabajo y los crecientes gastos familiares vía inflación, como indicamos anteriormente.
Las 13 ciudades principales y áreas metropolitanas, medidas por la entidad, aumentaron el empleo informal en 48,1% para el trimestre octubre – diciembre, lo que representó un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre de 2019 (46,5 %). Indica el estudio que esta es la tasa más alta, desde el último trimestre de 2014, cuando se registró una informalidad del 49,4 % en todo el país.
En este trimestre la informalidad sigue consolidándose en las mujeres (48.5%), mientras que los hombres se ubicaron en 47,7%, lo que representó un aumento de 3,2 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre de 2019 (44,5%).
En cuanto a ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad fueron Cúcuta (72,9%), Sincelejo (65,1 %) y Santa Marta (64,5 %). Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Manizales (39,8 %), Tunja (42,1 %) y Bogotá (42,2 %).
En materia de población afiliada al sistema de seguridad social, el 90,8% de los ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en el período octubre – diciembre reportaron estar afiliados a seguridad social en salud; mientras que en el mismo periodo del 2019 fue 90,9%, una leve disminución, pero riesgosa en estos momentos. Igualmente, frente a cubrimiento pensional, la proporción de ocupados cotizantes fue 49,7%, mientras que, en 2019, para el mismo período, esta proporción fue 49,6%.
Como puede observarse los niveles de informalidad en la población ocupada ya ascienden al 50% prácticamente y la tasa de desempleo al 10.8%, a noviembre de 2021. Si bien se ha dado una recuperación del empleo formal, como indicamos en artículos anteriores, es notoria y en avanzada la informalidad como el empleo indigno o de baja calidad. Producto de ello lo que se avecina es una inestabilidad del mercado laboral, sino recuperamos un poco más de los 400.000 empleos que aún faltan y se logra vincular más de 300.000 jóvenes a empleos de calidad. Debemos resaltar que el mercado laboral informal se identifica por bajos niveles de productividad, poca innovación y débil competitividad en el entorno. Por ello hay que intervenir con empleos que propongan elevar estos niveles y para ello es indispensable la actuación de las cámaras de comercio, los programas de fortalecimiento del empleo formal, de primer empleo y de emprendimiento desde las gobernaciones, alcaldías y universidades.
Los históricos de inflación y desempleo, traducidos en informalidad tienden a crecer progresivamente y se pueden volver insostenibles, específicamente frente al mercado laboral, el cual no resiste alzas de precios.
