Lo ocurrido en el juicio que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez no es un hecho menor ni puede pasar como una simple anécdota de receso. Durante una pausa en una de las audiencias más importantes del proceso, un descuido técnico dejó abierto el micrófono del estrado y, con él, quedó al descubierto una conversación entre la fiscal del caso y su asistente. En ella, sin recato ni profesionalismo, se burlaban del expresidente por una publicación en la que, tras la muerte de su padre, pedía desde el cielo la ayuda espiritual del papa Francisco.
Las risas y el tono sarcástico con los que se refirieron al exmandatario son simplemente inaceptables. No solo por el irrespeto al dolor ajeno, sino porque estas actitudes, viniendo de quienes deben representar la majestad del Estado en la acusación, confirman lo que desde muchos sectores se ha venido advirtiendo: el proceso contra Álvaro Uribe está contaminado. Contaminado por el sesgo ideológico, por el odio visceral y por una urgencia política evidente de frenar cualquier aspiración futura del líder del Centro Democrático.
No estamos ante un caso cualquiera. Se trata del primer expresidente en la historia del país llevado a juicio penal, y eso exige de todos los actores procesales una conducta ética impecable. Pero lo que se ha evidenciado es todo lo contrario: una actitud persecutoria, un ánimo revanchista y un desprecio abierto por el principio de presunción de inocencia.
Las falsas víctimas habilitadas en el proceso tampoco ayudan a la credibilidad del mismo. Su participación ha estado más orientada al espectáculo y a la confrontación política que al deseo sincero de buscar verdad y justicia. El hecho de que celebren burlas o guarden silencio ante el irrespeto solo refuerza la sensación de un proceso amañado, armado más como una vendetta que como un ejercicio legítimo de justicia.
Es válido preguntarse: ¿hasta cuándo vamos a permitir que se instrumentalice la justicia en Colombia? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que se violen las garantías procesales solo porque se trata de una figura política incómoda para el gobierno de turno?
El verdadero objetivo no es otro que impedir que Álvaro Uribe llegue sin investigaciones vigentes al 2026. Su nombre sigue despertando simpatías y respaldos, y no son pocos los que lo visualizan como una fórmula vicepresidencial en una eventual candidatura de derecha. Esa sola posibilidad enciende las alarmas de la izquierda, que lo ve como un adversario invencible en las urnas, pero vulnerable ante un aparato judicial manipulado con fines políticos.
Lo sucedido con el micrófono abierto debe tener consecuencias. En cualquier otro contexto, la fiscal estaría enfrentando una investigación disciplinaria por falta de respeto y parcialidad. Pero en Colombia, la justicia parece tener distintas varas dependiendo de a quién se juzgue.
No se trata de impunidad ni de pedir privilegios para nadie. Se trata de exigir lo mínimo: un juicio justo, con garantías, sin burlas, sin odios, sin sesgos. Si se va a juzgar a un expresidente, que sea con la ley en la mano, no con la ideología en la boca. Porque, de lo contrario, lo que se estará erosionando no es la figura de Uribe, sino la confianza en la justicia misma.
Hoy más que nunca, Colombia necesita un sistema judicial fuerte, serio e independiente. Pero también humano y respetuoso. Y eso implica sancionar las faltas, corregir los abusos y no permitir que el desprecio por el otro se convierta en la regla dentro de los estrados. Si la justicia pierde su decoro, lo pierde todo.
