La activista y ciudadana cartagenera Mónica Vélez Bustamante hizo una denuncia pública en la que afirma haber sido víctima, de manera indirecta, de violencia de género verbal por parte del ex-representante a la Cámara Alonso del Río, del partido de La U.
Según el testimonio de Vélez Bustamante, el hecho ocurrió en un establecimiento en Bocagrande, donde Del Río habría ingresado de forma alterada, lanzando insultos, injurias y afirmaciones calumniosas contra ella, atentando contra su buen nombre, dignidad e integridad moral.
“Este individuo llegó gritando insultos e injurias en mi contra. En su actitud misógina y cargada de violencia verbal se refirió a mí de forma excesivamente despectiva, con acusaciones infundadas”, expresó la denunciante en un comunicado difundido por sus redes y dirigido también a la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y otras entidades competentes.
Vélez Bustamante señaló que el ex-congresista la acusó falsamente de publicar imágenes suyas, lo cual ella desmiente rotundamente: “Nunca he utilizado fotos de nadie para mis publicaciones. Mis escritos se centran en temas de interés ciudadano y opinión crítica. No acostumbro a atacar a personas ni a difundir material personal ajeno.”
La denunciante subrayó que este episodio forma parte de un patrón preocupante de violencia de género, que en este caso se manifestó como violencia verbal y simbólica, en un intento de desacreditar su participación activa en el debate público.
Vélez Bustamante aprovechó la denuncia para hacer un llamado a la sociedad y a las instituciones, alertando sobre cómo la violencia de género en el ámbito público sigue normalizándose, incluso en sectores políticos, donde se esperaría mayor responsabilidad y decoro. “Es inconcebible que en pleno siglo XXI sigamos enfrentando estos comportamientos retrógrados. La violencia de género no es solo física, también es verbal, emocional y simbólica. Y debe ser rechazada y sancionada en todas sus formas.”
La violencia de género, según organismos internacionales como la ONU, se manifiesta de múltiples maneras y requiere una respuesta integral, preventiva y correctiva. A pesar de los avances legislativos, muchas mujeres continúan siendo atacadas en espacios públicos y digitales por ejercer su derecho a la libre expresión.
Este hecho revive un viejo debate: ¿Qué consecuencias enfrentan los funcionarios públicos o exfuncionarios que incurren en actos de violencia o acoso? Si bien el ex-representante Alonso del Río ya no ocupa un cargo de elección popular, sigue teniendo una presencia en la esfera política, por lo que se espera que los organismos competentes investiguen el caso y tomen medidas, en caso de comprobarse la veracidad de los hechos.
La denunciante solicita que su caso no quede impune y que se convierta en un precedente para que otros actos de violencia de género, especialmente provenientes de figuras públicas, no se repitan ni sean tolerados.
