Este 28 de julio, la juez Sandra Heredia deberá dictar sentencia en el caso contra Álvaro Uribe. La inmensa mayoría de quienes se han manifestado están convencidos de que el expresidente debería ser declarado inocente. La izquierda sostiene que se presiona indebidamente a la juez.
En esta última etapa, el proceso ha sido público y, en consecuencia, se tiene información suficiente para asumir posición sobre si AUV es o no responsable de las conductas de determinador de soborno y fraude procesal que se le imputan. Expresarla de ninguna manera puede entenderse como una presión. Por cierto, esos quejosos nada han dicho de las declaraciones de Timochenko y de Petro que, ellos sí vulnerando la ley, han dicho que a Uribe hay que condenarlo. Doble rasero. Además, el caso es muy importante no solo por ser AUV el acusado, sino porque están en juego los derechos humanos de él y de todos los colombianos, porque afecta a la democracia y porque es el arquetipo de la judicialización de la política y de la politización de la justicia.
En efecto, los derechos humanos del expresidente fueron sistemáticamente vulnerados durante el proceso. Primero, en las etapas iniciales no tuvo juez imparcial. La Sala Penal de la Corte Suprema que inició el proceso demostró un inequívoco sesgo político. No debe olvidarse que, desde 2006, la Suprema tenía una confrontación abierta contra AUV que encontró su culmen cuando, entre 2009 y 2010, bloqueó invariablemente todos los ternados por Uribe para fiscal general. Después, en alianza con Santos, modificaron ilegalmente la terna enviada por el expresidente y escogieron una nueva fiscal que, por haber sido elegida ilegalmente, fue más tarde destituida por el Consejo de Estado. Hay que recordar que, además, el magistrado Barceló, principal investigador contra Uribe, era la mano derecha de Leonidas Bustos, líder del cartel de la toga, del que hicieron parte Malo y Patiño, también de la Sala Penal.
A Uribe le negaron su derecho de ser informado de la naturaleza y causa del proceso judicial. Durante cinco meses, y a pesar de sus peticiones expresas, la Suprema negó que había una causa en su contra. También le violaron el derecho a interrogar a los testigos. La Corte no le dio la posibilidad de preguntar a Monsalve, Caliche y Deyanira, cuyos testimonios fueron recogidos precisamente en los meses en que la Corte negó que había un proceso en su contra. La garantía a disponer de los tiempos y medios para su defensa le fue vulnerada al expresidente muchas veces: pidió que lo recibieran en versión libre y no se lo aceptaron, y la Suprema adelantó pruebas en su proceso sin informarle y sin darle la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción. El derecho a obtener la comparecencia de testigos de descargo fue violado cuando el alto tribunal le negó a la defensa la posibilidad de presentar múltiples testimonios que le eran favorables. El de presunción de inocencia fue infringido cuando la Suprema filtró información segmentada, incompleta y escogida del proceso, con miras a generar la idea de que Uribe era culpable.
La Corte también vulneró el derecho a la inviolabilidad de comunicaciones cuando chuzó el celular de AUV dizque porque el representante Nilton Córdoba lo habría dado como suyo. El congresista juró “por su madre” que no era cierto, y es verdad: su declaración ante la Corte fue en mayo de 2018 y las interceptaciones a Uribe, en marzo y abril. Hoy no hay duda de que el magistrado Barceló sabía que ese celular era de Uribe.
Para rematar, ya no solo la Corte sino también la juez han vulnerado dos derechos vitales: uno, la garantía de que una prueba recaudada de manera ilícita no sea considerada. Tanto la Suprema como la juez no tuvieron reparo en “legalizar” las grabaciones de la chuzada. Dos, el derecho de Uribe de comunicarse libre y privadamente con su abogado, fundamental como pocos y de cuya infracción hay poquísimos antecedentes en el mundo. Al juez español Baltasar Garzón esa violación le costó una sentencia de once años y la expulsión de la carrera judicial. Acá es la base del proceso contra AUV.
En cualquier caso, más allá de su ilegalidad, en las miles de horas de grabaciones no hay una palabra que demuestre que AUV haya cometido un solo delito. Y de lo que vimos en esta fase del proceso se concluye que Monsalve y Carlos Enrique Vélez, bandidos redomados y los supuestos testigos estrella, no solo no son fiables sino que han sido desmentidos incluso por sus más cercanos; que el famoso “reloj espía” fue manipulado, se perdieron al menos siete minutos y medio de grabaciones, y se vulneró la cadena de custodia; que hay múltiples testimonios que señalan que, contra lo que dijo en su momento la Suprema, Iván Cepeda habría presionado en distintas oportunidades a paramilitares para que declararan contra Uribe. Tampoco hubo explicación razonable de por qué a Cepeda se le borraron las conversaciones con Monsalve; y hay una declaración de una exfiscal que sostiene que desde la Fiscalía de Montealegre se preparó un plan para vincular a Santiago y Álvaro Uribe con los paras. Santiago ya fue declarado inocente.
Si el fallo es en derecho, debe declararse la inocencia de Álvaro Uribe. La verdad es que el expresidente derrotó a la izquierda una y otra vez en los campos de batalla y en las urnas. Y sigue siendo la figura determinante de la política. Como no pudieron matarlo, quieren eliminarlo por la vía judicial. Si condenan a Uribe, con flagrante violación de sus derechos y en contra de la evidencia, se enviará el mensaje de que la justicia puede ser manipulada con propósitos políticos y de que cualquier inocente puede ser sacrificado sin pruebas en los juzgados. Y tendríamos la terrible paradoja de que Petro y Timochenko ocupan los más altos cargos del Estado y sus crímenes quedan en la impunidad y, en cambio, quien los persigue termina, él sí, condenado.
