El Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena, de suspender la construcción del Proyecto Multifamiliar Aquarela que amenaza el Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por su cercanía al emblemático Castillo San Felipe de Barajas.
La providencia también deja en firme la suspensión temporal de las decisiones administrativas que permitieron el inicio de las obras, entre ellas las resoluciones de la Curaduría Urbana No 1 de Cartagena, que concedieron las licencias de construcción de las diferentes etapas del proyecto urbanístico a la Promotora Calle 47 SAS.
Para el Tribunal, el curador “no cumplió con su deber legal y constitucional de constatar la ubicación exacta del barrio sobre el cual se construye el proyecto, así como el uso y tratamiento exacto que tiene el predio dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
El curador en algunos documentos consignó que es de conservación urbanística y luego sin motivación jurídica, razonable y técnica, cambió su concepto para indicar que su uso es de renovación urbana”.
En concepto de los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar, la decisión de la primera instancia resulta “acertada” porque el curador debía ser muy cuidadoso al momento de expedir las licencias urbanísticas que aprobaron la construcción de un proyecto de tal magnitud como el edificio de Aquarela, porque a su alrededor se encuentra ubicado un bien declarado patrimonio histórico de la humanidad como el Castillo de San Felipe, que debe ser salvaguardado y protegido.
Por esa razón el Tribunal confirmó las medidas cautelares adoptadas el 6 de diciembre de 2017 por el juez de primera instancia, al estar amenazados los derechos colectivos al patrimonio cultural de la Nación, la moralidad administrativa, el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada.
En su momento, al coadyuvar la solicitud del Ministerio de Cultura de medidas cautelares sobre la construcción, la Procuraduría General de la Nación pidió la suspensión de las obras por la afectación al patrimonio y para evitar un grave perjuicio a las familias que puedan adquirir de buena fe los apartamentos, pues de prosperar las pretensiones que se invocan en el presente proceso, podrían verse afectados sus derechos, incluso fundamentales, con lo cual se crearía un escenario más difícil y complejo de resolver.
