La reciente declaración del Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, sobre la intervención que liderará su despacho inicialmente en la zona norte de Playa Blanca, deja claro que existen estudios previos, que las medidas de protección local han sido ineficientes y se requiere ya movilizar la capacidad nacional integral, ejercer la autoridad con la fuerza pública permanente para poder ordenar el Territorio. Dicho en otras palabras, que la conciliación de la ley y la tolerancia estatal llegaron a su límite y es necesario actuar con decisión y en Ecobloque.
La tolerancia ante el delito y contravenciones ha hecho que los ciudadanos ignoren que la ley 99/93 en su artículo 103 establece que “Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares”.
Precisamente esa conducta prevaricadora padecida ha sido y es dinamizadora del abuso despiadado infringido a los ecosistemas en Cartagena, buena parte del país y muy especialmente en ese inigualable espacio de transparencia, corales y peces que junto con su playa necesitan y les urge de una protección eficiente.
Entre otras razones y normas el ministerio sustenta la decisión de intervención en el numeral 8 de la Constitución que demanda del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y, consciente de la anunciada oposición judicial y comunitaria, reitera que la Corporación Autónoma Regional de Canal del Dique – Cardique, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias y la misma fuerza pública deberán hacerla respetar.
En la necesidad de ejercer autoridad sobre un territorio de especial protección, el Ministerio ordena abrir los procesos administrativos sancionatorios y recuperar el espacio público, acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la orden. “Si en materia de vertimientos y tala de mangle Cardique no lo hace lo asumirá el ministerio”.
Ante el hecho, José David Miranda, representante del Consejo Comunitario de Playa Blanca, afirmó que la medida preventiva y temporal para garantizar el periodo de anidación de la tortuga carey, no fue consultado a la comunidad y advirtió que medidas como esas deben consultarse porque si la demandan se caería por violación al debido proceso.
“Primero tienen que llegar donde estamos nosotros, hacer una consulta, socializar, mitigar los impactos positivos y negativos que va a arrojar esa decisión, porque no solamente es cerrar y ya. Hay gente que vive ahí. Se formarán despelotes a la hora de cerrar. Hay que ponerse de acuerdo. Hay muchas familias cuyo sustento económico depende de eso, de la playa”.
El tema es de mucho fondo porque si bien es de justicia garantizar ese sustento, no todos los que se favorecen de la explotación de ese ecosistema son nativos y más de uno lo hace infringiendo la ley. Consultas se han hecho y planes que no se cumplen, ni se diga.
La demostración se evidencia en el copamiento de la zona de Playa Blanca con construcciones en mangle, un deplorable manejo de las basuras y el vertimiento en la ciénaga próxima de las aguas servidas.
Esa conducta viola la propia ley 70/93 que establece el dominio del Estado sobre los bienes de uso público y regula los derechos y obligaciones ambientales de las comunidades afrodescendientes, agrupadas en los consejos comunitarios.
Si bien serán los jueces quienes diriman el conflicto anunciado, es claro que la Ley 70 de 1973 dejó establecido que es obligación de los miembros del Consejo Comunitario en alianza con el Estado proteger los recursos naturales, lo que no es del todo claro que así sea en el ecosistema que el ministerio va a intervenir.
El artículo 53 de esta ley es claro “En las áreas de amortiguación del Sistema de Parques Nacionales ubicados en las zonas objeto de esta ley se desarrollarán, conjuntamente con las comunidades negras, modelos apropiados de producción, estableciendo estímulos económicos y condiciones especiales para acceder al crédito y capacitación”. Ojo, es con los miembros de la comunidad no con personas ajenas que hoy siendo poseedores de mala fe exigen el reconocimiento de derechos.
Desarrollarnos más sin destrozar nuestro frágil ecosistema de litoral, ignorando los riesgos del calentamiento global, el aumento del nivel medio del mar, la incultura y abusos ciudadanos, exige sin dilación mayor gobernanza, responsabilidad social e individual, empresarial y gubernamental.
