Un Juez de Control de Garantías envió ayer a la cárcel a Ricardo Javier Castellar y a Gilberto Marrugo Maldonado, funcionarios de las alcaldías locales de la Virgen y Turística y la Industrial y de la Bahía, quienes según las investigaciones recibían dinero para no suspender licencias falsas de construcción en edificaciones del llamado “Clan de los Quiroz”.
El Tribunal reiteró que en las actuaciones de los dos hombres se evidenció que omitieron «sus funciones de control urbanístico y permitieron la construcción de edificios con documentación falsa a cambio de coimas».
El reporte de las investigaciones permitió establecer que los dos servidores públicos visitaban las construcciones y habrían permitido que continuaran de manera ilegal por lo que ahora deberán responder por los delitos de urbanismo ilegal y cohecho propio.
Según la Fiscalía, hay pruebas de que Castellar y Marrugo amenazaban con sellar algunas edificaciones como mecanismo de presión para exigir un soborno. Los dos hombres quienes estaban prófugos de la justicia, se entregaron el pasado 18 de mayo en la sede de la Fiscalía ubicada en el barrio Crespo y de inmediato se les legalizó su captura y se imputaron los cargos que se negaron a aceptar.
En la primera fase de la investigación, la Fiscalía identificó 16 edificios ilegales, que puso en evidencia al llamado “Clan Quiroz” y fueron capturados nueve de sus miembros.
Por el desplome del Edificio Portales de Blas de Lezo II el pasado 27 de abril de 2017 que dejó 21 obreros muertos y otro número similar de heridos, son procesados el ex director de la Oficina de Control Urbano de Cartagena, Olimpo Vergara, el abogado Alfonso Ramos De León quien se desempeñaba como inspector de la Comuna 12, el constructor, Wilfran Quiroz, considerado jefe del “Clan”, su hijo Luis David Quiroz y el maestro de obras, Luis Agresor. Algunos con detención domiciliaria, otros con intramural.
Por el mismo hecho están tras las rejas, el concejal de Cartagena y ex alcalde de la localidad de la Virgen y Turistica, Rodrigo Raúl Reyes Pereira y el ex alcalde de la localidad número tres, Pedro Buendía Elles, por los delitos de prevaricato por omisión y urbanismo ilegal. También es procesado el abogado Jorge Cudriz, por el delito de cohecho propio, urbanismo ilegal y prevaricato por omisión.