Tras la emergencia generada por la crisis de Hidroituango en los municipios de Valdivia, Cáceres y Tarazá en Antioquia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hace presencia permanente en los albergues atendiendo a niños y población adulta.
La directora general de esa entidad, Karen Abudinen Abuchaibe, aseguró que “hemos sido una de las instituciones del Estado que ha estado presente desde el primer momento, en los albergues, con Unidades Móviles no solo de Antioquia, sino que paulatinamente se han venido incorporando Unidades Móviles de las regionales del Tolima, Valle, Bogotá y Cundinamarca”.
El ICBF, ya hecho caracterización de la población y a diario verifica las condiciones de los albergues de manera particular para establecer que los derechos de los niños no sean vulnerados. “Nuestros profesionales no han descansado un minuto, seguimos trabajamos para atender a las familias afectadas y para ofrecer la mejor atención posible en medio de la crisis”.
Durante las cuatro semanas de la emergencia, el ICBF ha estado atento a las necesidades de los cerca de 4 mil 400 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en los albergues de los tres municipios.
El Instituto ha entregado 33 mil 461 unidades de Bienestarina líquida, verificado los derechos a 622 menores de edad y a 582 se les ha valorado nutricionalmente. Se han atendido 51 mujeres gestantes y 45 madres en periodo de lactancia.
Igualmente, el ICBF a través de sus coordinadoras de los centros zonales de las zonas afectadas, hace presencia en las reuniones de los puestos de mando unificado (PMU) aportando y tomando atenta nota de las necesidades y requerimientos para velar por el bienestar de los niños, niñas, adolescentes.
En la zona se han realizado charlas sobre entornos protectores, prevención sobre el abuso sexual, socialización de protocolos para la atención de emergencias, responsabilidad paterna y materna, salud sexual y reproductiva y prevención de embarazo en adolescentes, y se han atendido casos puntuales donde los menores de edad corrían riesgo de vulneración de derechos.
